El interrogatorio al que fue sometida la actriz Elisa Mouliaá en su denuncia por agresión sexual contra el exdiputado Íñigo Errejón ha desatado una ola de críticas que pone de manifiesto un problema recurrente en los casos de violencia de género: la revictimización de las denunciantes durante los procesos judiciales.

Actitudes como las del juez Adolfo Carretero, quien adoptó un tono incisivo, cuestionador y falto de empatía, dificultan que muchas mujeres encuentren en el sistema judicial un espacio seguro para relatar su experiencia.

Este escenario no solo disuade a las mujeres de denunciar, sino que perpetúa un sistema que, en ocasiones, parece proteger más al agresor que a la víctima.

Un sistema que pone a prueba a las víctimas

La revictimización ocurre cuando las víctimas de violencia de género, en lugar de encontrar apoyo y justicia, deben revivir su trauma durante el proceso judicial. Preguntas como «¿Por qué no dijo que parase?» o «¿Estaba muy ebria seguro?» desvían la atención del consentimiento, que debería ser el eje central, y trasladan la responsabilidad de los hechos a la víctima.

Esta práctica refleja los prejuicios de un sistema que aún no ha integrado plenamente la perspectiva de género.

Según Yolanda Besteiro, presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas, los interrogatorios incisivos e irrespetuosos generan un miedo extendido a la denuncia. Este temor es confirmado por estadísticas que revelan que muchas mujeres no denuncian por desconfianza en la justicia o miedo a ser juzgadas.

Este tipo de preguntas no solo resultan invasivas, sino que reproducen patrones de la cultura de la violación, donde la carga de demostrar el consentimiento recae únicamente en la víctima.

Como señaló la ministra de Igualdad, Ana Redondo, este tipo de interrogatorios “revictimiza a las mujeres y las aleja de la denuncia y de la protección”. Estas actitudes, que aún persisten en muchos juzgados, disuaden a las víctimas de dar el paso de denunciar por miedo a no ser creídas, a ser juzgadas o a tener que revivir su trauma en un entorno hostil.

El impacto en las denuncias

Pero todas sabemos que el tono utilizado por el juez no es un caso aislado. La repercusión mediática de este caso nos ha permitido ver una conducta de un juez que tiene como consecuencia inmediata generar miedo entre muchas mujeres víctimas de violencia machista y que no denuncien a sus agresores.

Este temor no es infundado. Las cifras reflejan que solo un porcentaje reducido de las mujeres que sufren violencia de género denuncian los hechos.

Entre los principales motivos destacan el miedo al proceso judicial, la falta de confianza en las instituciones y el temor a ser tratadas con incredulidad o indiferencia.

El paradigma del ‘Solo Sí es Sí’ y la justicia patriarcal

La Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, conocida como la ley del “Solo Sí es Sí”, fue diseñada para cambiar este paradigma. Al poner el consentimiento en el centro, elimina la necesidad de que las víctimas demuestren resistencia explícita o pruebas de violencia física.

Sin embargo, como señaló la exministra de Igualdad Irene Montero, muchas prácticas judiciales siguen ancladas en un sistema patriarcal que exige a las mujeres “resistencia expresa”, perpetuando prejuicios que dificultan la obtención de justicia.

Hacia una justicia empática y respetuosa

La magistrada María del Carmen Gámiz, experta en violencia de género, subrayó que “los jueces deberían generar un clima de calma para que las víctimas puedan relatar los hechos de manera espontánea y fluida”. Este enfoque, más respetuoso y alineado con la perspectiva de género, es clave para garantizar que las mujeres se sientan protegidas al denunciar.

Soluciones para evitar la revictimización

Para garantizar un trato justo y respetuoso a las víctimas de violencia de género, es necesario adoptar una serie de medidas estructurales y culturales que transformen el sistema judicial.

1. Formación en perspectiva de género para los profesionales judiciales

Jueces, fiscales, abogados y demás profesionales deben recibir formación obligatoria en perspectiva de género. Esto incluye comprender las dinámicas de poder en la violencia de género, los efectos psicológicos del trauma y la importancia de un trato respetuoso. Esta formación debe ser continua para garantizar que se actualicen conforme a los avances legales y sociales.

2. Creación de protocolos de actuación para casos de violencia de género

Es fundamental establecer protocolos claros que guíen los interrogatorios en casos de violencia de género. Estos protocolos deben incluir:

  • Limitar preguntas que revictimicen o cuestionen emociones y reacciones de la víctima.
  • Priorizar un lenguaje respetuoso y no invasivo.
  • Garantizar que las víctimas puedan relatar los hechos de forma libre, sin interrupciones innecesarias.

3. Espacios protegidos para la declaración de las víctimas

Crear entornos que minimicen el impacto emocional del proceso es crucial. Algunas medidas pueden incluir:

  • Declaraciones en salas privadas o mediante videoconferencia para evitar el contacto directo con el acusado.
  • Presencia de profesionales especializados, como psicólogos o trabajadores sociales, que acompañen a la víctima durante el proceso.

4. Incorporación de la perspectiva del ‘Solo Sí es Sí’

La Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual establece que el consentimiento debe ser el eje de los casos de agresión sexual. Es imperativo que los interrogatorios se enfoquen en valorar la ausencia de consentimiento, en lugar de buscar señales de resistencia física o cuestionar las decisiones de la víctima.

5. Mayor supervisión y evaluación de los magistrados

Establecer mecanismos para evaluar el desempeño de los jueces en casos de violencia de género es fundamental para identificar y corregir actitudes que perpetúen la revictimización. Esto podría incluir auditorías externas o revisiones periódicas de los procesos judiciales.

Un cambio necesario

El caso de Elisa Muliáá no solo evidencia las barreras que enfrentan las víctimas de violencia sexual en los juzgados, sino que también resalta la necesidad urgente de reformar ciertas prácticas judiciales.

Para garantizar que las víctimas encuentren justicia y protección, es fundamental incorporar la perspectiva de género en todos los niveles del sistema judicial y formar a jueces, fiscales y abogados en un trato digno y empático.

Si queremos que más mujeres se atrevan a denunciar, debemos construir un sistema que las crea, las respete y las proteja. Porque la justicia no puede seguir siendo un espacio de revictimización, sino un lugar donde las víctimas encuentren reparación y esperanza.