Durante demasiado tiempo, la justicia ha exigido a las víctimas de violencia de género que se conviertan en heroínas públicas para merecer protección y reconocimiento (y en la mayoría de las ocasiones sigue siendo así).

En un país donde la burocracia y la insensibilidad judicial son un obstáculo para las mujeres que sufren maltrato, una reciente sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) marca un antes y un después en la lucha por los derechos de las víctimas.

Por primera vez, la justicia reconoce que una mujer maltratada durante 25 años, que nunca interpuso una denuncia contra su agresor, sigue siendo una víctima y, por lo tanto, tiene derecho a una pensión de viudedad.

Este fallo no solo repara una injusticia flagrante, sino que también desafía el arcaico y dañino estereotipo de la «víctima ideal». Durante años, la legislación y los tribunales han operado bajo la suposición de que toda mujer maltratada tiene la capacidad, la valentía y los recursos para acudir a la policía y formalizar una denuncia contra su agresor.

Esta creencia, además de ser simplista, ignora el miedo, la dependencia económica y emocional, el chantaje psicológico y las amenazas que muchas mujeres enfrentan a diario.

Un fallo que reconoce la realidad de las víctimas

El caso en cuestión es el de María, una mujer que soportó agresiones físicas y psicológicas durante un cuarto de siglo, hasta la muerte de su marido. Su historia no es única: en España y en todo el mundo, miles de mujeres sufren violencia sin denunciar, atrapadas en un círculo de miedo y desesperanza. Su maltratador, alcohólico y violento, convirtió su hogar en una prisión en la que el silencio era la única estrategia de supervivencia.

Cuando María solicitó una pensión de viudedad, se encontró con la frialdad de un sistema que, lejos de ampararla, le cerró las puertas. La Seguridad Social rechazó su solicitud argumentando que nunca había presentado una denuncia ni había obtenido una orden de protección. En otras palabras, para el Estado, María no era una víctima porque no había levantado la voz contra su agresor en vida.

Sin embargo, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha roto con este esquema. En su fallo, los magistrados han determinado que el hecho de que María no haya denunciado no significa que no haya sido víctima de violencia de género. Esta decisión se apoya en otras pruebas, como informes médicos y testimonios, que confirman el calvario que vivió durante años.

Una victoria con sabor agridulce

La sentencia representa un avance significativo en la lucha contra la violencia de género, pero no deja de ser una victoria parcial. La pregunta es: ¿cuántas mujeres han sido despojadas de sus derechos simplemente porque el sistema les exigió un trámite burocrático que era, para ellas, una misión imposible? ¿Cuántas han sido revictimizadas, condenadas al olvido por una justicia que hasta ahora ha priorizado la formalidad sobre la humanidad?

La realidad es que muchas víctimas no denuncian porque el miedo las paraliza. Temen represalias, no confían en la protección policial, dependen económicamente de su agresor o han sido manipuladas psicológicamente hasta el punto de sentirse culpables por su propia situación. Exigirles que atraviesen un proceso judicial doloroso y potencialmente peligroso para obtener sus derechos es, en sí mismo, otra forma de violencia institucional.

Un paso adelante, pero insuficiente

Aunque este fallo es un hito, todavía queda mucho por hacer. No basta con reconocer a una víctima aislada: es necesario un cambio estructural en la forma en que la justicia y la sociedad entienden la violencia de género. Algunas de las reformas urgentes incluyen:

  1. Ampliación de los criterios de reconocimiento de víctimas: Las mujeres no deberían necesitar una denuncia formal para que se les reconozca como víctimas. Otras pruebas, como testimonios, informes médicos o declaraciones de familiares, deberían ser suficientes para otorgarles derechos y protección.
  2. Formación obligatoria para jueces y funcionarios: La perspectiva de género debe ser una parte integral del sistema judicial. No se puede permitir que magistrados insensibles o desinformados perpetúen la revictimización de las mujeres.
  3. Mayor acceso a ayudas y protección sin burocracia excesiva: El proceso para acceder a pensiones, asistencia legal y protección debería ser ágil y accesible para todas las mujeres, sin importar su situación socioeconómica o su capacidad de denuncia.
  4. Educación y concienciación social: La violencia de género no es solo un problema judicial, sino también cultural. Es fundamental educar a las nuevas generaciones en igualdad, respeto y detección temprana de la violencia.

El papel de los medios de comunicación

Otro aspecto clave en la lucha contra la violencia de género es el papel que juegan los medios de comunicación. Durante años, los relatos sobre violencia machista han estado cargados de sensacionalismo o, peor aún, de justificaciones encubiertas para los agresores. Titulares como “un hombre mata a su pareja en un arrebato de celos” o “crimen pasional” perpetúan la idea de que la violencia de género es un episodio aislado y no una manifestación sistemática de desigualdad y poder.

Es imprescindible que los medios adopten un enfoque responsable, que deje de culpabilizar a las víctimas y, en su lugar, visibilice el problema con datos, contexto y voces expertas. Esta reciente sentencia debería ser portada en todos los periódicos, no solo como una historia judicial, sino como un ejemplo de la evolución que la justicia necesita para ser verdaderamente justa.

Conclusión: Un fallo que debe abrir puertas

La sentencia del TSXG es una victoria, pero también una llamada de atención. No puede ser una excepción, sino el inicio de una transformación en la manera en que la justicia trata a las víctimas de violencia de género. Si realmente queremos proteger a estas mujeres, debemos dejar de pedirles que cumplan con estándares inalcanzables para ser reconocidas como tales.

El fallo de Galicia demuestra que, con voluntad judicial, es posible avanzar hacia un sistema más humano, donde las mujeres no tengan que demostrar lo indecible para obtener justicia. Ahora, el reto es extender este criterio a nivel nacional e internacional, para que ninguna víctima quede en el olvido por no haber podido gritar.