El asesinato de una mujer a manos de su expareja no es una desgracia inevitable. No es producto del azar, ni de un “crimen pasional”, ni de “problemas mentales” del agresor. Es, casi siempre, la crónica de una muerte anunciada.
Anunciada por la propia víctima, por sus señales, por sus denuncias. Y muchas veces ignorada por el sistema. Especialmente por uno de sus engranajes clave: la valoración policial del riesgo.
Desde hace años, el Ministerio del Interior en España utiliza un sistema denominado VioGén, que incluye herramientas algorítmicas para estimar el nivel de riesgo que corre una mujer tras denunciar violencia de género. En base a esta valoración, se asignan, o no, medidas de protección.
El problema es que, cuando la valoración falla, lo que está en juego no es una estadística: es una vida.
¿Qué es el sistema VioGén y cómo funciona la valoración del riesgo?
VioGén es un sistema estatal que recoge denuncias de violencia de género, cruza datos, y asigna niveles de riesgo (no apreciado, bajo, medio, alto, extremo) a las víctimas. Estos niveles determinan la intervención policial posterior: vigilancia, seguimiento, contacto periódico, dispositivos de emergencia.
Para determinar el riesgo, los agentes rellenan un cuestionario estandarizado (VPR: Valoración Policial del Riesgo), con preguntas sobre antecedentes, amenazas, hijos en común, estado emocional de la víctima, control por parte del agresor, entre otros aspectos. En teoría, es una herramienta de apoyo a la labor policial. En la práctica, es un filtro que puede dejar a una mujer sin protección, aunque haya denunciado.
Y ahora, con el uso de algoritmos para “refinar” esa evaluación, el escenario se vuelve aún más peligroso.
Cuando el algoritmo falla, las consecuencias son irreparables
No estamos hablando de fallos menores. Estamos hablando de mujeres asesinadas a las que se les había asignado un riesgo “bajo” o incluso “no apreciado”. Casos como el de Mónica, en Zaragoza, o el de Paula, en Andalucía, donde las víctimas denunciaron y aun así no obtuvieron protección suficiente, ilustran el error sistémico de dejar la vida de las mujeres en manos de modelos estadísticos que simplifican la complejidad de la violencia machista.
El algoritmo de VioGén aprende de los datos que se le alimentan. Pero esos datos están sesgados: la mayoría de las mujeres que denuncian ya están en una situación límite, muchas retiran la denuncia por miedo o coacción, y otras ni siquiera llegan a presentar denuncia.
Además, el algoritmo no ve a la mujer, no escucha el temblor en su voz, no registra su mirada de terror. No interpreta el silencio. Solo interpreta casillas.
Dejar en manos de una fórmula matemática la decisión sobre si una mujer necesita o no protección, es deshumanizar la respuesta institucional ante una de las violencias más estructurales y crueles de nuestra sociedad.
¿Qué falta para que la valoración del riesgo sea realmente efectiva?
- Perspectiva de género real y no burocrática: Muchos agentes no reciben formación suficiente en violencia machista. No saben detectar señales no verbales, minimizan testimonios o incluso responsabilizan a la víctima. La valoración debe partir de un enfoque que entienda las dinámicas de control, miedo y dependencia que caracterizan este tipo de violencia.
- Participación de profesionales especializadas: Psicólogas, trabajadoras sociales, juristas feministas. La valoración del riesgo no puede ser solo policial. La violencia machista es un fenómeno multidimensional y necesita una mirada integral.
- Espacios seguros para la denuncia: Muchas mujeres no dicen toda la verdad cuando denuncian por primera vez. No confían. No sienten respaldo. Temen represalias. Y eso afecta a la valoración del riesgo. Hay que garantizar que puedan hablar sin miedo, con acompañamiento, con apoyo emocional.
- Revisión constante del caso: El riesgo no es estático. Un riesgo “bajo” hoy puede convertirse en riesgo “extremo” mañana. ¿Se actualiza ese riesgo? ¿Se vuelve a valorar tras un incumplimiento de orden de alejamiento? No siempre. Y ahí está el fallo.
- Transparencia y auditoría del algoritmo: ¿Quién lo ha diseñado? ¿Qué criterios utiliza? ¿Qué sesgos reproduce? ¿Quién revisa sus errores? Un algoritmo no puede ser una caja negra que ni siquiera las propias víctimas pueden cuestionar.
Propuestas para una valoración más humana y eficaz
- Equipos interdisciplinares de valoración del riesgo: Formados por cuerpos policiales, profesionales de servicios sociales, especialistas en violencia de género y asociaciones feministas. Un equipo que valore conjuntamente cada caso y active los protocolos necesarios con rapidez y sensibilidad.
- Tecnología al servicio de la vida, no del control: El algoritmo puede ser una herramienta de apoyo, nunca una decisión automática. Debería ofrecer alertas, sugerencias, escenarios de riesgo, pero no reemplazar la valoración humana.
- Incorporación del testimonio de las mujeres como eje central: La palabra de la víctima debe tener un peso determinante. No se puede seguir dudando de las mujeres que se atreven a denunciar. El sistema debe creerles y protegerlas desde el primer momento.
- Seguimiento proactivo de reincidentes: El sistema debe centrarse también en el agresor. ¿Tiene antecedentes? ¿Está incumpliendo medidas? ¿Acosando desde redes sociales? ¿Tiene acceso a armas? El foco no puede estar solo en medir cuánto riesgo tiene la víctima, sino cuánto peligro representa el agresor.
- Un protocolo de “alerta roja” ante señales graves: Insistencia del agresor, amenazas directas, intento de suicidio previo, amenazas a los hijos… Hay patrones que deben activar automáticamente una intervención urgente. No se puede esperar a que haya una nueva víctima mortal para reaccionar.
- Creación de comisarías UFAM-Denuncias en todas las capitales de provincia: Deben existir unidades especializadas, accesibles, y preparadas para atender denuncias con personal formado, tiempo suficiente y enfoque centrado en la víctima. No más mujeres deambulando por oficinas sin saber a quién acudir.
- Formación obligatoria y evaluación continua del personal: Todos los y las agentes que puedan intervenir en casos de violencia de género, policías, jueces y juezas, personal sanitario, trabajadoras sociales, deben recibir formación específica y actualizada en violencia machista. Y no basta con formarlos una vez: se requiere evaluación periódica, control de calidad y auditorías externas e independientes que garanticen la eficacia de la intervención.
¿Por qué todos los municipios deberían estar en el sistema VioGén?
Esto significa que, en muchas localidades pequeñas y medianas, las policías locales no tienen acceso a los datos del sistema VioGén, lo que impide un seguimiento efectivo y coordinado de los casos de violencia de género.
Pero el problema no se limita al ámbito rural o a municipios de menor tamaño: también hay grandes ciudades que siguen fuera del sistema. Un repaso rápido lo deja en evidencia.
Ciudades como Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, Málaga, Bilbao o Valladolid ya están integradas en VioGén, permitiendo que sus cuerpos de policía local colaboren directamente en la protección de las víctimas y el seguimiento de agresores. Sin embargo, Zaragoza —la quinta ciudad más poblada del país, con casi 687.000 habitantes— sigue sin adherirse formalmente al sistema. Una anomalía que no solo es incomprensible, sino irresponsable.
¿Cómo es posible que una capital autonómica como Zaragoza, con cientos de denuncias anuales por violencia de género, no forme parte del sistema más importante de coordinación estatal para prevenir asesinatos? ¿Cuántas oportunidades de protección se pierden por esta desconexión institucional?
La exclusión de Zaragoza demuestra que el problema no es solo que algunos pequeños municipios no tengan recursos o voluntad política, sino que incluso en grandes ciudades falta compromiso real, decisiones valientes y, sobre todo, sentido de urgencia. La integración en VioGén no puede ser una opción que se deja al arbitrio de cada ayuntamiento. Debe ser una exigencia ineludible si de verdad queremos salvar vidas.
Desactivar el algoritmo de la muerte
Cada vez que una mujer es asesinada después de haber denunciado, el Estado falla. Y ese fallo no es casual. Es consecuencia de un sistema que sigue priorizando la eficiencia sobre la escucha, la estadística sobre la experiencia, la tecnología sobre la empatía. Que confía más en una fórmula que en una mujer temblorosa en una comisaría.
La valoración del riesgo no puede seguir siendo un trámite. Es una de las herramientas más poderosas que tenemos para evitar asesinatos. Pero solo lo será si se hace con perspectiva de género, con formación, con revisión, con humanidad.
Y si se deja de tratar a las víctimas como datos y se empieza a tratarlas como lo que son: personas que están en peligro y necesitan que el Estado esté a la altura.
Porque ningún algoritmo puede calcular el miedo. Ninguna tabla de Excel puede proteger a una mujer en su casa. Y ninguna estadística vale más que una vida.
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