Cada 7,6 días. Esa es la frecuencia con la que una mujer fue asesinada por su pareja o expareja en España durante 2024. Así lo revela el último informe del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

En total, 48 mujeres fueron asesinadas por violencia de género en el año, la cifra más baja desde que comenzaron a recopilarse estos datos en 2003, pero ¿de verdad podemos celebrar algo? ¿Acaso un solo feminicidio no es ya intolerable? ¿Qué clase de sociedad normaliza que casi cada semana una mujer pierda la vida a manos de un hombre que decía amarla?

A los nombres de estas 48 mujeres asesinadas se suman nueve menores víctimas de violencia vicaria. Nueve criaturas asesinadas por sus propios padres, no porque quisieran hacerles daño a ellas, sino porque querían infligir el mayor dolor posible a sus madres. Lo dijeron ellas, lo denunciaron, lo advirtieron. Pero no les creyeron.

Violencia vicaria: el castigo que nos arrebata todo

La violencia vicaria es una de las formas más crueles de violencia machista. No solo se dirige contra las mujeres, sino que utiliza a sus hijos e hijas como instrumento para hacerles daño. Es la demostración más obscena del poder patriarcal: “Si tú me dejas, lo pagarás con lo que más quieres”. El CGPJ reconoce que los casos de violencia vicaria han aumentado, con un récord histórico en 2024. Desde 2013, ya son 62 menores asesinados. No podemos seguir hablando de excepciones ni de locura temporal. Esto es estructural, es sistémico. Es machismo homicida y consciente.

Detrás de cada asesinato hay advertencias ignoradas, señales minimizadas, denuncias que no condujeron a medidas efectivas. Más del 31% de las mujeres asesinadas en 2024 habían denunciado previamente a sus agresores. Esto significa que al menos 15 de ellas fueron asesinadas a pesar de haber acudido al sistema en busca de protección. ¿Y qué hizo ese sistema? ¿Les ofreció apoyo real, alternativas habitacionales, acompañamiento psicológico, acceso a ayudas urgentes? En la mayoría de los casos, no. El sistema judicial y policial, plagado aún de sesgos machistas, les falló.

Los asesinos que se suicidan: cobardía, no locura

Un fenómeno cada vez más frecuente es el de los asesinos que, tras cometer el crimen, se suicidan. A algunos medios aún les cuesta llamarlos por su nombre: asesinos. Prefieren usar eufemismos: “se quitó la vida tras una discusión”, “tragedia familiar”, “violencia intrafamiliar”. Pero no hay ambigüedad posible. Estos hombres asesinan y luego se suicidan porque saben lo que han hecho. No es locura, es cálculo. No es un arrebato, es un crimen machista premeditado. Saben que el juicio público y judicial será implacable. Pero son tan cobardes que no tienen el valor de enfrentarse a las consecuencias.

¿Y qué consecuencias quedan para las familias de las víctimas? ¿Para las hijas e hijos huérfanos, para las madres que pierden a sus hijas, para las hermanas, amigas y compañeras que quedan con el dolor y la impotencia? La justicia se evapora cuando el asesino se quita la vida. No hay juicio, no hay sentencia, no hay reparación. Solo queda el vacío.

Las mujeres que denuncian y no reciben ayuda

Este país se llena la boca hablando de igualdad, de leyes pioneras, de pactos de Estado. Pero mientras tanto, las mujeres que denuncian siguen enfrentándose a un muro. Muchas veces, la respuesta que reciben es que “no hay plazas en los recursos”, que “tienen que esperar a que se active la ayuda”, o que “no se puede hacer nada hasta que pase algo más grave”. ¿Qué más grave puede pasar que una mujer pida ayuda porque teme por su vida?

El Pacto de Estado contra la Violencia de Género, aprobado en 2017, y renovado y ampliado en 2025, prometía dotar de recursos a las comunidades autónomas, crear redes efectivas de protección, formar al personal judicial y policial, actuar en prevención. Pero los fondos llegan tarde, mal y, a veces, ni siquiera se ejecutan. Las víctimas siguen sin recibir el acompañamiento integral que necesitan. No basta con abrir teléfonos 24 horas. Hace falta presencia física, refugios seguros, trabajadoras sociales con medios y perspectiva feminista, y coordinación real entre servicios.

¿Hasta cuándo se permitirá el SAP?

Una de las grandes vergüenzas del sistema judicial español es la persistencia del uso del llamado Síndrome de Alienación Parental (SAP), una teoría pseudocientífica que afirma que las madres manipulan a los hijos para que odien al padre. El SAP no tiene base médica ni psicológica reconocida, y ha sido desautorizado por la OMS, el Consejo General de la Psicología y el propio Consejo General del Poder Judicial. Sin embargo, sigue usándose como argumento en juzgados de familia para retirar custodias a madres protectoras.

Esto permite que muchos hombres denunciados por violencia accedan a custodias compartidas o incluso exclusivas, exponiendo a los menores a más violencia. Y cuando ocurre un asesinato, todos se lamentan, todos dicen que fue imprevisible. Pero sí era previsible. Y era evitable.

La respuesta institucional: insuficiente y tardía

A pesar de los esfuerzos institucionales, como los comités de crisis convocados por el Ministerio de Igualdad tras picos de asesinatos, la respuesta sigue siendo insuficiente. La falta de recursos, la escasa formación en perspectiva de género y la lentitud en la implementación de medidas efectivas contribuyen a que muchas mujeres no reciban la protección necesaria

Prisión permanente revisable: justicia real para crímenes irreparables

Desde “Somos Más” y desde muchas organizaciones de mujeres sobrevivientes de la violencia machista, lo decimos claro: la prisión permanente revisable debe aplicarse a todos los asesinos machistas. No puede haber medias tintas. No puede haber atenuantes por consumo de drogas, por supuestos celos enfermizos o por “delirio celotípico”, una figura jurídica que roza la obscenidad moral.

Si un hombre asesina a una mujer, madre, compañera, ex pareja, debe responder ante la justicia con todo el peso de la ley. Y si además asesina a sus hijos o hijas para castigarla, el castigo debe ser aún mayor. ¿Cómo puede contemplarse una rebaja de pena por haber bebido o consumido cocaína antes del crimen? ¿Desde cuándo la autointoxicación puede ser una excusa para el homicidio?

Lo decimos alto y claro: no atenuantes, sino agravantes. Si asesinas a tu pareja delante de tus hijos, eso es un agravante. Si tenías una orden de alejamiento, eso es un agravante. Si has usado el sufrimiento de los menores como instrumento de violencia, eso es un agravante. No más indulgencia con los verdugos.

La sociedad civil: en pie de lucha

Frente a la inacción institucional, la sociedad civil, especialmente las organizaciones feministas, ha tomado la iniciativa. Estas organizaciones exigen una justicia con perspectiva de género y la erradicación de prácticas que revictimizan a las mujeres

¿Qué hacemos nosotras?

Desde “Somos Más” lo tenemos claro. No callamos. No aceptamos la lógica de “una menos”. No decoramos de morado los edificios mientras siguen matando a nuestras hermanas. Salimos a las calles, denunciamos cada caso, acompañamos a las sobrevivientes, visibilizamos la violencia institucional que muchas veces es tan devastadora como la del agresor. Creamos redes de apoyo, programas de mentoría para mujeres que se atreven a romper el silencio.

Luchamos para que las víctimas no estén solas, para que se reconozca su voz, para que el sistema deje de verlas como exageradas, locas o vengativas. Denunciar debería salvar vidas, pero hoy muchas veces lo que hace es ponerlas en peligro.

También impulsamos proyectos en los que narramos las historias reales de mujeres que enfrentaron el infierno y lograron salir. Queremos que el dolor sirva para transformar, para educar, para despertar conciencia. La memoria de nuestras asesinadas no será pisoteada por titulares sensacionalistas ni por cifras que se presentan como “un progreso”.

¿Qué exigimos?

  • Prisión permanente revisable para los asesinos machistas.
  • Eliminación de todas las atenuantes para crímenes de género: celos, consumo de sustancias o trastornos no pueden justificar ni mitigar un feminicidio.
  • Aplicación de todos los agravantes posibles en los casos de violencia de género, incluyendo la presencia de menores, reincidencia, y violación de órdenes de alejamiento.
  • Prohibición total del uso del SAP en juzgados de familia.
  • Recursos reales, inmediatos y sostenidos para la protección de las víctimas: casas de acogida, ayudas económicas de emergencia, atención psicológica especializada.
  • Formación obligatoria en perspectiva de género para jueces, fiscales, abogados, policías y personal sanitario, con evaluaciones periódicas externas.
  • Evaluaciones de riesgo que prioricen el criterio de las víctimas y no algoritmos ciegos a la realidad.

No son cifras, son mujeres

Cada 7,6 días. Esas cifras son cuerpos enterrados, madres que no volverán a casa, hijos huérfanos, familias devastadas. No podemos permitirnos seguir hablando de progreso mientras siga habiendo un feminicidio a la semana. No nos sirve una justicia que duda de las víctimas. No nos sirven pactos sin recursos. No nos sirve un sistema que normaliza el terror como si fuera una tragedia inevitable.

La violencia machista es una lacra que exige un compromiso firme y sostenido de toda la sociedad. No podemos conformarnos con cifras que, aunque menores que en años anteriores, siguen representando vidas truncadas y familias destrozadas. Es hora de actuar con determinación, de reforzar las políticas de prevención y protección, y de garantizar que la justicia sea verdaderamente justa para las víctimas.

La lucha contra la violencia machista no puede esperar. Cada día cuenta, cada vida importa.

Nosotras no vamos a dejar de luchar. Porque no queremos minutos de silencio, queremos vidas vivas. Porque no queremos condenas simbólicas, queremos justicia real. Y porque, como decimos siempre en nuestras pancartas, en nuestros gritos, en nuestros abrazos: nos quitaron tanto, que acabaron quitándonos el miedo.