Denunciar violencia machista no debería ser un acto heroico. Debería ser un derecho protegido. Sin embargo, para muchas mujeres, denunciar es el inicio de un nuevo castigo. Un castigo institucional, legal y social que no aparece en las estadísticas oficiales, pero que deja huellas profundas.

Ese castigo tiene nombre: contradenuncia.

Cuando una mujer denuncia, algunos agresores responden como saben hacerlo: atacando. No desde la fuerza física (no esta vez), sino desde el sistema judicial. Acusándola. Cuestionándola. Invirtiendo los papeles. Utilizando la justicia como arma para seguir ejerciendo control.

Y demasiadas veces, el sistema se lo permite.

De víctima a sospechosa en un solo trámite

Basta una contradenuncia para que la mujer deje de ser leída como víctima y pase a ser tratada como parte de un “conflicto”. Se habla entonces de “denuncias cruzadas”, de “versiones enfrentadas”, de “problemas de pareja”. El lenguaje se vuelve aséptico. Neutral. Falsamente equilibrado.

Pero la violencia machista no es un conflicto entre iguales. No es una pelea. No es un malentendido. Y tratarla como tal no es neutralidad: es negligencia.

La contradenuncia cumple su función desde el primer minuto: sembrar la duda. Y en un sistema que todavía desconfía de las mujeres, la duda ya es una forma de condena.

Denunciar para seguir dominando

Las contradenuncias no buscan verdad ni reparación. Buscan castigar. Castigar a la mujer por haber hablado, por haber pedido ayuda, por haber desobedecido la ley del silencio que protege al agresor.

El mensaje es inequívoco: si denuncias, lo pagarás. Con tiempo, con dinero, con desgaste emocional, con miedo a perder a tus hijos e hijas, con tu credibilidad puesta en cuestión.

Y lo más perverso es que funciona.

La justicia como escenario de la violencia

Cuando una contradenuncia se admite sin análisis del contexto, sin revisar antecedentes, sin valorar dinámicas de poder, la violencia no se detiene: se institucionaliza.

No es solo un fallo técnico. Es violencia institucional.

Porque no hay nada más devastador para una mujer que comprobar que el sistema al que acude en busca de protección se convierte en un nuevo espacio de control. Que el agresor vuelve a tener poder. Que vuelve a decidir sobre su vida, ahora con sello oficial.

El precio real de denunciar

Las consecuencias no son teóricas. Son reales, medibles y repetidas:

  • Mujeres que retiran denuncias por miedo a represalias judiciales.
  • Mujeres que aceptan acuerdos injustos para salir del laberinto procesal.
  • Mujeres que nunca más vuelven a denunciar.

Este castigo no solo daña a quien lo sufre. Tiene un efecto colectivo: desincentiva la denuncia y refuerza la impunidad.

Cuando el sistema permite que denunciar sea más peligroso que callar, el problema no son las mujeres. Es el sistema.

Nombrar lo que ocurre

Las contradenuncias de los maltratadores no son un uso legítimo del derecho de defensa cuando se instrumentalizan para intimidar, silenciar o desacreditar. Son una forma más de violencia machista.

Negarlo, minimizarlo o tratarlo como una “deriva puntual” es una forma de complicidad.

Porque cuando una mujer tiene más miedo al juzgado que al agresor, la justicia ha dejado de cumplir su función.

Lo que debe cambiar (y ya llega tarde)

Desde Somos Más defendemos que no basta con señalar el problema. Es imprescindible actuar. Y hacerlo con medidas claras:

  • Análisis obligatorio del contexto de violencia antes de admitir o equiparar contradenuncias.
  • Formación especializada y vinculante en violencia de género para jueces, fiscales, abogacía y fuerzas de seguridad.
  • Protocolos específicos contra la instrumentalización judicial, que identifiquen las contradenuncias como posible forma de abuso.
  • Protección reforzada para mujeres denunciantes, evitando que la contradenuncia anule medidas de seguridad.
  • Consecuencias reales para quienes utilizan la justicia como herramienta de maltrato, porque la impunidad también educa.

Denunciar no puede seguir siendo un acto de riesgo.
Romper el silencio no puede seguir teniendo castigo.

Desde Somos Más lo decimos sin rodeos: la violencia machista no termina cuando se denuncia. A veces, solo cambia de forma y de escenario.

No basta con indignarse: es hora de actuar

Este no es un problema técnico. Es un problema político, judicial y social. Y como tal, exige respuestas colectivas.

A la ciudadanía le corresponde no mirar hacia otro lado. Informarse, cuestionar el relato de la “denuncia cruzada”, apoyar a las mujeres que denuncian y exigir responsabilidades cuando el sistema falla. Porque el silencio social también protege a los agresores.

A las instituciones les corresponde algo más que declaraciones y minutos de silencio. Les corresponde reformar, formar, proteger y responder. Les corresponde impedir que los juzgados se conviertan en una nueva trinchera contra las mujeres. Les corresponde garantizar que ninguna contradenuncia vuelva a ser utilizada como castigo por haber hablado.

Desde Somos Más hacemos un llamamiento claro:

  • A los poderes públicos, para que asuman su responsabilidad y actúen con valentía.
  • A los operadores jurídicos, para que dejen de confundir neutralidad con ceguera.
  • A la sociedad, para que no normalice que denunciar tenga consecuencias devastadoras para quien lo hace.

Romper el silencio no puede seguir siendo un acto de riesgo.
Denunciar no puede seguir saliendo caro.

Y la justicia no puede seguir siendo utilizada como arma por quienes ejercen la violencia.

Porque cuando una mujer es castigada por denunciar, no es un fallo individual. Es un fracaso colectivo. Y los fracasos colectivos solo se corrigen cuando alguien decide no callar.