¿Cuántas veces has oído que las víctimas de violencia de género viven de paguitas, y que las Asociaciones son chiringuitos financiados por el Gobierno, con lo cual con el dinero tuyo y mío?
Vamos a empezar definiendo qué es violencia de género:
«La violencia que se ejerce sobre las mujeres por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aún sin convivencia«
La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, en sus Artículos 27 y 28 regula las ayudas sociales a las que tienen derecho las víctimas.
Pero, ¿realmente las víctimas tienen acceso a estas ayudas? La Ley dice:
«Cuando las víctimas de violencia de género carecieran de rentas superiores, en cómputo mensual, al 75 por 100 del salario mínimo interprofesional, excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias, recibirán una ayuda de pago único, siempre que se presuma que debido a su edad, falta de preparación general o especializada y circunstancias sociales, la víctima tendrá especiales dificultades para obtener un empleo y por dicha circunstancia no participará en los programas de empleo establecidos para su inserción profesional«
La realidad es que si no tienes sentencia condenatoria a tu favor por un delito de violencia de género, una orden de protección o cualquier otra resolución judicial que acuerde una medida cautelar a favor de la víctima, o bien por el informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de que la demandante es víctima de violencia de género (Art.23 LOIVIG), si cobras cualquier prestación, y/o puedes trabajar, aunque no tengas cualificación y lleves años fuera del mercado laboral, ya no cumples requisitos y no eres beneficiaria de la ayuda. Al igual que si cobras el SMI, tienes menores a cargo y su progenitor no pasa la pensión de alimentos para esos menores, como tú cobras 1.000€ ya no tienes derecho a ninguna ayuda. (Ya sabemos que con 1000€ es suficiente para pagar alquiler, gastos, comer y vestir y aún nos sobra dinerito para algún caprichito -modo ironía)
Sabemos que no en todos los casos hay una sentencia condenatoria por violencia de género, bien porque no se ha podido probar lo suficiente el delito, porque la víctima ha retirado la denuncia, o porque el Ministerio Fiscal no emite el informe. En estas situaciones la víctima no puede acceder a este recurso.
Por el lado del Estado ya vemos que muy pocas mujeres víctimas pueden acceder a esas ayudas.
Ahí entramos en juego las Asociaciones (chiringuitos para algunos y algunas).
Cuando una mujer víctima de violencia de género da el difícil paso de denunciar y se encuentra con este panorama, que obviamente no le cuentan antes de presentar la denuncia, se ve perdida y muy impotente porque en muchísimas ocasiones no puede darles de comer a sus hijos e hijas menores, víctimas también de la violencia de género.
Porque estas mujeres no pueden trabajar de forma inmediata, como necesitarían, porque llevan años fuera del mercado laboral, en el mejor de los casos, porque muchas veces ni han podido acceder a su primer empleo lo que supone que su situación emocional tampoco le permite de la noche a la mañana cambiar radicalmente de vida y hacer como que aquí no ha pasado nada.
En este periplo es donde muchas víctimas se plantean que si alguien les hubiera dicho todo lo que iba a pasar quizás no hubieran denunciado, hubieran continuado soportando el maltrato con tal que sus criaturas comieran todos los días y tuvieran un techo.
Las Asociaciones de sobrevivientes recibimos peticiones de ayuda alimentaria y de vivienda a diario (muchas veces a estas mujeres nos las derivan hasta los letrados y letradas de oficio que las atienden)
Asociaciones que no disponemos de recursos económicos para afrontar esas peticiones, porque los responsables políticos de turno no quieren firmar convenios con nosotras, ¿por qué, si les estamos haciendo el trabajo sucio?
Las Asociaciones hacemos lo que podemos con nuestros escasos, escasísimos recursos, provenientes de donaciones privadas, y sentimos mucha impotencia de no poder llegar a más.
¿Hasta cuándo va a seguir la trampa de animar a las mujeres a denunciar, y dejarlas tiradas porque, ¡oh casualidad! No cumplen con los leoninos requisitos que se piden para tener acceso a las ayudas? (recuerda que vivimos de paguitas -modo ironía-)
Nuestros espacios son usurpados a diario, las poquísimas ayudas que deberían ir para nosotras, se desvían para asociaciones amigas y/o afines al color del gobierno del momento, aunque nada tengan que ver con las víctimas, ni de ellas formen parte víctimas ningunas.
Pero sí sirven para tomar al asalto nuestros espacios propios por derecho, y, por ende, las subvenciones que nos corresponderían si no nos apartasen sin ningún tipo de miramiento; subvenciones que no nos las quedamos si no que las empleamos en ayudar a esas mujeres y menores.
¿Hasta cuándo va a permitir este Gobierno, el más feminista de la historia en sus propias palabras, esto y otras muchas más aberraciones (que serán objeto de otro artículo)?
Conociendo todo esto, ¿Cree Ud. querido lector y lectora que de verdad las Asociaciones somos chiringuitos que nadamos en dinero del contribuyente y lo malgastamos, cuando no nos lo quedamos para beneficio propio?
La respuesta se la vamos a dar nosotras. Muchas veces ponemos dinero de nuestros bolsillos particulares, no muy boyantes, por cierto, para que unos menores no se queden sin cenar esa noche, porque las ayudas de urgencia llegan, si lo hacen, una semana después en el mejor de los casos.
En otras ocasiones lanzamos campañas de SOS y recogida de alimentos para esas familias, con desigual resultado (la sociedad está harta de que todo el mundo pida).
Si no lo sabían Uds., ya lo saben: las ayudas a mujeres y menores, víctimas de la violencia machista, las sufragamos con donaciones privadas y de nuestros propios bolsillos.
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