El aborto en España es un derecho reconocido por ley, pero en la práctica, para muchas mujeres sigue siendo un camino lleno de obstáculos.

Un dato que rara vez aparece en el debate público es que más del 80% de las mujeres que interrumpen su embarazo lo hacen en clínicas privadas, a pesar de que es un procedimiento que debería estar garantizado en la sanidad pública.

Este hecho pone en entredicho el acceso real al aborto como un derecho efectivo, ya que implica que la mayoría de las mujeres se ven obligadas a acudir a centros privados, bien por la falta de opciones en la sanidad pública, bien por los retrasos y trabas administrativas que dificultan el acceso.

El aborto en España: entre la legalidad y la realidad

Desde la aprobación de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo en 2010, las mujeres en España tienen derecho a abortar hasta la semana 14 de gestación, ampliándose hasta la semana 22 en casos de malformaciones fetales o riesgo grave para la salud de la madre.

Sin embargo, el acceso a este derecho sigue dependiendo de la capacidad económica de cada mujer. Según los datos oficiales, más del 80% de las interrupciones del embarazo se realizan en centros privados, lo que deja en evidencia el desinterés del sistema público de salud en garantizar un acceso equitativo.

¿Por qué la mayoría de abortos se hacen en clínicas privadas?

La razón principal es sencilla: el sistema sanitario público no asume el aborto de manera real y efectiva. Esto ocurre por varios motivos:

Objeción de conciencia masiva: Muchos hospitales públicos permiten que sus médicos se declaren objetores de conciencia, lo que deja sin personal disponible para realizar abortos en muchos centros públicos.

Derivación sistemática a clínicas privadas: En la mayoría de las comunidades autónomas, los hospitales públicos no practican abortos de forma regular, sino que derivan a las mujeres a clínicas privadas, externalizando un derecho que debería estar garantizado dentro del sistema público.

Falta de información y trabas burocráticas: Muchas mujeres no reciben información clara sobre sus opciones dentro del sistema público, lo que las obliga a buscar alternativas en el sector privado para evitar retrasos y barreras administrativas.

Diferencias territoriales: En comunidades como Madrid, Castilla y León o Andalucía, la práctica hospitalaria del aborto es prácticamente inexistente. En otras regiones, la situación es algo mejor, pero el patrón sigue siendo el mismo: la sanidad pública se desentiende y delega en las clínicas privadas.

¿Aborto solo para quienes pueden pagarlo?

El hecho de que el acceso al aborto dependa de la capacidad económica de cada mujer es una grave vulneración de derechos. Aunque en teoría el aborto es gratuito en los centros concertados, muchas mujeres prefieren acudir directamente a clínicas privadas para evitar trámites innecesarios, listas de espera o la posibilidad de que las rechacen en hospitales públicos.

Esto genera una clara desigualdad:

🔴 Las mujeres con recursos pueden acceder al aborto de forma rápida y segura en centros privados.
🔴 Las mujeres con menos recursos dependen de las barreras impuestas por el sistema público, enfrentándose a retrasos y limitaciones.

En definitiva, el aborto en España no es un derecho garantizado de manera efectiva, sino un privilegio para quienes pueden permitirse evitar la burocracia y la falta de respuesta del sistema público.

Un derecho no debería depender del sector privado

El problema de fondo no es solo la hipocresía de un sistema que externaliza un derecho fundamental, sino las consecuencias que esto tiene para las mujeres, especialmente para aquellas en situación de mayor vulnerabilidad.

Si el 80% de las interrupciones del embarazo se realizan en clínicas privadas, la pregunta es clara: ¿hasta qué punto el aborto es realmente un derecho público garantizado?

Si las mujeres siguen viéndose obligadas a acudir a centros privados para ejercer un derecho reconocido por la ley, el Estado no está cumpliendo con su obligación de garantizar el acceso real y equitativo a la interrupción voluntaria del embarazo.

Los derechos no pueden depender de la voluntad del sector privado ni de la objeción de conciencia de unos pocos. Si el aborto es un derecho, debe ser accesible en la sanidad pública sin excusas ni barreras.

Es hora de dejar de tratar el aborto como un servicio «delegado» y asumir que la equidad en el acceso a la salud sexual y reproductiva es una cuestión de justicia social.