Recientemente, la prensa española ha informado sobre la liberación de un maltratador tras cuatro años en prisión preventiva, debido a la ausencia de una sentencia firme y sin la implementación de medidas de protección para su víctima.

Este caso pone de manifiesto las deficiencias del sistema judicial español en la protección efectiva de las víctimas de violencia de género y evidencia una forma de violencia institucional que perpetúa la vulnerabilidad de las afectadas.

Fallos del sistema judicial en la protección de la víctima

  • Prolongada prisión preventiva sin sentencia firme

La prisión preventiva es una medida cautelar que debe aplicarse de manera excepcional y por el menor tiempo posible, garantizando el derecho fundamental a la presunción de inocencia. Sin embargo, en este caso, la detención se ha prolongado durante cuatro años sin una sentencia firme, lo que indica una dilación indebida en el proceso judicial.

Estas demoras no solo afectan al acusado, sino que también prolongan la incertidumbre y el sufrimiento de la víctima, quien permanece en una situación de desprotección y angustia.

  • Ausencia de medidas de protección tras la liberación

La puesta en libertad del agresor sin cautelares, como órdenes de alejamiento, prohibiciones de comunicación, o la colocación de una pulsera telemática, deja a la víctima en una situación de extrema vulnerabilidad. La Ley de Enjuiciamiento Penal española prevé la posibilidad de imponer medidas cautelares para proteger a las víctimas de violencia de género, como la prohibición de aproximarse o comunicarse con ellas.

La omisión de estas medidas refleja una negligencia grave por parte del sistema judicial en la protección de los derechos y la seguridad de la víctima.

  • Falta de coordinación entre instituciones

La protección efectiva de las víctimas de violencia de género requiere una coordinación adecuada entre las distintas instituciones implicadas: juzgados, fuerzas de seguridad, servicios sociales y organizaciones de apoyo. La falta de comunicación y colaboración entre estos organismos puede resultar en lagunas en la protección y atención a las víctimas, como parece evidenciarse en este caso.

Violencia institucional: una realidad latente

La violencia institucional se refiere a las acciones u omisiones de las instituciones del Estado que perpetúan la violencia y la discriminación contra determinados colectivos, en este caso, las mujeres víctimas de violencia de género. Cuando el sistema judicial no actúa con la diligencia debida para proteger a las víctimas, se convierte en un agente que contribuye a su revictimización y desprotección.

Revictimización y desconfianza en el sistema

La falta de respuesta efectiva por parte de las instituciones puede llevar a la revictimización de las afectadas, quienes sienten que, además de sufrir la violencia de su agresor, son desatendidas por el sistema que debería protegerlas. Esta situación genera desconfianza en las instituciones y puede disuadir a otras mujeres de denunciar situaciones de violencia, perpetuando el ciclo de abuso y silencio.

Impacto en la percepción social de la justicia

Casos como este afectan negativamente la percepción que la sociedad tiene del sistema de justicia, generando una sensación de impunidad y desprotección. La falta de medidas efectivas para proteger a las víctimas envía un mensaje equivocado sobre la tolerancia hacia la violencia de género y la importancia que se le otorga a la protección de las mujeres.

Necesidad de mejorar el sistema judicial y dotarlo de más medios

Para evitar que situaciones como esta se repitan, es imperativo implementar una serie de mejoras en el sistema judicial y en las políticas públicas relacionadas con la violencia de género.

Agilización de los procesos judiciales

Es fundamental reducir los tiempos procesales en casos de violencia de género para evitar prisiones preventivas prolongadas y garantizar una resolución rápida y justa. La implementación de juzgados especializados y la asignación de más recursos humanos y materiales pueden contribuir a una mayor celeridad en la tramitación de estos casos.

Formación especializada para operadores jurídicos

Jueces, fiscales, abogados y demás profesionales del ámbito judicial deben recibir formación específica en materia de violencia de género para comprender la complejidad de estos casos y actuar con la sensibilidad y diligencia requeridas.

Esta formación debe incluir aspectos legales, psicológicos y sociales relacionados con la violencia machista.

Implementación efectiva de medidas de protección

Es crucial que, desde el momento de la denuncia y durante todo el proceso judicial, se implementen y supervisen medidas de protección adecuadas para las víctimas. Esto incluye órdenes de alejamiento, dispositivos de control telemático y acceso a recursos de apoyo psicológico y social.

Coordinación interinstitucional

La creación de protocolos de actuación conjuntos entre las distintas instituciones implicadas puede mejorar la respuesta integral a las víctimas de violencia de género. La comunicación fluida y la colaboración efectiva entre fuerzas de seguridad, servicios sociales, sistemas de salud y el ámbito judicial son esenciales para garantizar una protección adecuada.

Dotación de recursos económicos y humanos

La lucha contra la violencia de género requiere una inversión adecuada en recursos humanos y materiales. Esto incluye la contratación de personal especializado, la creación de unidades específicas y la asignación de fondos para programas de prevención y atención a las víctimas.

Sensibilización y educación

La prevención de la violencia de género pasa por la educación y la sensibilización de la sociedad. Es necesario implementar programas educativos que promuevan la igualdad de género y la resolución pacífica de conflictos, así como campañas de sensibilización que visibilicen la problemática y fomenten la denuncia y el apoyo a las víctimas.

La liberación de un maltratador tras cuatro años en prisión preventiva, sin una sentencia firme y sin medidas de protección para su víctima, evidencia las carencias del sistema judicial español en la protección efectiva de las mujeres víctimas de violencia de género.

Esta situación refleja una forma de violencia institucional que perpetúa la vulnerabilidad de las afectadas y socava la confianza en las instituciones encargadas de garantizar su seguridad y derechos.

Es imperativo que se implementen mejoras en el sistema judicial, dotándolos de los recursos necesarios y estableciendo protocolos efectivos que garanticen una respuesta rápida y adecuada en casos de violencia de género.