No hay responsables. Nunca lo hay. Cada vez que una mujer es asesinada por su expareja después de que un juez le haya negado protección, el sistema se encoge de hombros y nos lanza un discurso vacío: «Se actuó conforme a la ley».

Pero la realidad es mucho más cruda: Lina y tantas otras han sido asesinadas con el beneplácito de una justicia ciega, insensible y protegida por un escudo de impunidad.

Jueces que no ven, jueces que no oyen, jueces que no responden

La pregunta es simple: ¿por qué un juez no es responsable de nada cuando dicta una sentencia negando protección a una mujer que denuncia violencia de género y, como resultado, ella y sus hijos terminan asesinados? La respuesta es igual de clara: porque la justicia es un reino de privilegios donde la rendición de cuentas es una fantasía.

Los jueces se amparan en la independencia judicial y la «libertad de interpretación» de la ley. Sin embargo, lo que nunca explican es por qué su interpretación, casi sistemáticamente, tiende a minimizar el riesgo que corren las mujeres y sus hijos.

Se les llena la boca con la «presunción de inocencia del acusado», pero olvidan que su negación de medidas de protección es una sentencia de muerte para muchas víctimas.

El sistema judicial rara vez asume que ha cometido un error. Si un arquitecto diseña un edificio defectuoso y este se derrumba, enfrenta consecuencias. Si un médico comete una negligencia que mata a un paciente, se enfrenta a una demanda.

Pero si un juez deja desprotegida a una mujer que ha denunciado amenazas y termina asesinada, ¿qué sucede? Nada. Ni una sanción, ni una investigación seria, ni un cambio en los protocolos. Solo titulares de prensa y un «nadie pudo preverlo».

El negacionismo de la violencia de género: un cómplice en la sombra

¿Por qué estos errores se repiten una y otra vez? Porque el negacionismo de la violencia de género ha calado en el sistema judicial. Jueces, fiscales y abogados han sido educados en una cultura donde se relativiza la violencia machista, donde se habla de «denuncias falsas» con la misma ligereza con la que se ignoran los datos reales, donde se considera que una orden de alejamiento es una «exageración».

Este negacionismo no es un fenómeno espontáneo. Es una estrategia política bien diseñada, promovida por sectores que se empeñan en desmantelar las políticas de igualdad y en deslegitimar a las víctimas.

Se les dice a los jueces que la violencia de género es «un invento ideológico» y estos, en muchos casos, actúan en consecuencia: negando medidas de protección, interpretando de manera laxa las amenazas, y, en última instancia, dejando a las mujeres y a sus hijos expuestos a la violencia extrema.

La justicia debe rendir cuentas

Es hora de poner fin a esta impunidad. No podemos seguir aceptando que cada feminicidio se trate como un «error humano» cuando es el resultado de un sistema que falla sistemáticamente. Es necesario exigir responsabilidades a los jueces que, con sus decisiones, ponen en peligro la vida de mujeres y niños.

Se necesitan evaluaciones de riesgo más rigurosas, formación en perspectiva de género obligatoria y, sobre todo, consecuencias reales para quienes, desde un despacho, deciden el destino de tantas vidas.

Porque la justicia no puede seguir siendo un refugio de cobardes. Porque cada mujer asesinada después de haber pedido ayuda es un fallo del sistema, y los fallos tienen responsables. Que los jueces lo asuman de una vez.