En un nuevo capítulo de surrealismo legislativo, un maltratador ha cambiado de sexo para acogerse a los privilegios que ciertos vacíos legales ofrecen. ¿El objetivo? Burlar la justicia, manipular la percepción social y, en última instancia, perpetuar la violencia contra las mujeres bajo una nueva piel legal.
Y aquí estamos, contemplando los escombros de leyes mal diseñadas, mientras las verdaderas víctimas vuelven a ser olvidadas.
Porque sí, decisiones como ésta son un peligro mortal para las mujeres. No solo porque permiten que los agresores eludan responsabilidades, sino porque dinamitan la confianza en el sistema de protección que tanto costó construir.
En un mundo en el que a las mujeres se les exige constantemente demostrar su sufrimiento para ser creídas, ahora también deberán lidiar con agresores «auto percibidos» que invaden sus espacios seguros.
El oportunismo como estrategia
El problema de fondo es sencillo: cuando las leyes no establecen controles rigurosos, los depredadores encuentran fisuras por donde colarse.
Y no estamos hablando de «casos aislados» o «excepciones», como los apologistas de siempre intentarán vendernos. Estamos ante una estrategia consciente y deliberada de abuso del sistema.
No se trata de negar derechos a personas trans; se trata de impedir que se utilice la identidad de género como coartada para actos violentos. No poner límites claros es entregarle las llaves de la cárcel a quien debería estar encerrado.
El feminismo no puede mirar para otro lado
Ciertas corrientes que se autoproclaman «progresistas» han promovido leyes de autoidentificación de género sin ningún tipo de garantía ni análisis de impacto sobre las mujeres. Este es el resultado: espacios de refugio convertidos en trampa mortal, denuncias archivadas porque ¡él ya no es él, sino ella!
¿De qué sirve luchar por refugios, protocolos y medidas de protección si el mismo sistema permite que un agresor diga «soy mujer» y, por arte de magia burocrática, se le reconozca como tal, borrando su historial de violencia machista?
La banalización del sufrimiento real
Cada mujer que sufre violencia atraviesa un calvario de pruebas, juicios y cuestionamientos. Pero basta una firma para que un agresor «reinicie» su vida, con pleno reconocimiento institucional. Se trivializa el dolor, se banaliza la lucha histórica de las mujeres por tener voz y protección. Se pisotea la memoria de las que fueron asesinadas.
¿Hasta dónde estamos dispuestas a ceder? Porque proteger los derechos humanos no puede significar destruir el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia.
Los peligros concretos
- Acceso a refugios: hombres violentos auto declarados mujeres pueden acceder a espacios donde las mujeres buscan refugio seguro.
- Deportes: agresores reconvertidos podrían participar en competiciones femeninas, obteniendo ventajas físicas innegables.
- Sistema penitenciario: ya ha sucedido en otros países: agresores trasladados a prisiones femeninas, donde han seguido ejerciendo violencia sexual.
- Credibilidad judicial: los procesos de violencia de género quedan en jaque cuando el acusado cambia su «identidad».
La instrumentalización de los derechos
Cuando la ley no distingue entre proteger y habilitar abusos, deja de ser una herramienta de justicia para convertirse en un arma. Instrumentalizar la lucha trans para tapar estas situaciones solo perpetúa el problema. Y quienes callan ante estos abusos, son cómplices.
No es transfobia, es sentido común
Los derechos de las personas trans deben ser protegidos, sí. Pero no a costa de la seguridad, integridad y vida de las mujeres. Plantearlo como una disyuntiva entre «inclusión» y «protección» es una falacia peligrosa. Hay que encontrar equilibrios justos, que no conviertan la buena voluntad en una trampa mortal.
¡Basta ya de blindar abusadores!
Necesitamos leyes con garantías reales, que eviten el coladero de identidades autoproclamadas sin control. La autoidentificación no puede ser un cheque en blanco para destruir los espacios seguros de las mujeres.
¡Basta ya de vender humo progresista mientras las mujeres seguimos enterrando a nuestras muertas!
Esta situación no es anecdótica. Es una señal de alarma de cómo un mal diseño legislativo, por falta de valentía política o por corrección absurda, puede poner en peligro vidas reales.
Proteger los derechos humanos exige responsabilidad. Y eso incluye ser capaces de ver cuando una ley, en vez de proteger a las víctimas, abre puertas a sus verdugos.
Porque la dignidad de las mujeres no puede seguir siendo el precio a pagar en nombre de una inclusión mal entendida.
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