El 14 de mayo de 2025, mientras la prensa y las instituciones celebraban avances en igualdad, una mujer maltratada dormía con sus dos hijas pequeñas en una furgoneta en Valencia, tras haber huido del infierno de la violencia machista. Su historia, recogida por El Periódico de Aragón , no es una excepción ni un “fallo del sistema”.
Es el síntoma putrefacto de una estructura institucional que promete protección, pero ofrece abandono, que proclama derechos, pero reparte limosnas.
Y, sobre todo, es la muestra de que, para muchas mujeres, denunciar no significa salvarse, sino quedarse en la calle con lo puesto y con los miedos intactos.
La gran mentira institucional: “Denuncia, que te ayudamos”
A las mujeres se les repite como un mantra: “denuncia, denuncia, denuncia”. Lo que no se les dice es que después de denunciar puede venir la caída al vacío, el desamparo, la burocracia cruel, la espera infinita, la falta de vivienda, el hambre, y sí, incluso dormir en un coche con tus criaturas.
Porque mientras se rellenan formularios, se derivan expedientes y se firman convenios millonarios, la vida de las mujeres se desmorona. Las ayudas no llegan a tiempo. O no llegan. O llegan en forma de 426 euros mensuales, cuando hay suerte, en un país donde alquilar una habitación cuesta más que eso. La red de casas de acogida es insuficiente, los pisos de protección temporal son un laberinto de requisitos y las listas de espera se eternizan. El sistema, que debería ser un salvavidas, se convierte en otra forma de violencia institucional.
Derechos sobre el papel: la Ley Orgánica 1/2004
La Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, fue un hito legislativo. Lo fue. Pero como tantas otras leyes en este país, su cumplimiento depende más de la voluntad política que de la urgencia social. Veamos qué derechos reconoce esta ley a las mujeres víctimas. Y preguntémonos cuántos de ellos se cumplen de verdad:
- Derecho a la información, asistencia jurídica y psicológica inmediata.
¿Inmediata? ¿Dónde? ¿Cuándo? Las oficinas de atención colapsan, las derivaciones se retrasan, y la asistencia psicológica puede tardar meses. A veces, nunca llega. - Derecho a medidas de protección urgentes.
¿Cómo se protege a una mujer si no se le da una vivienda segura ni medios para sostener a sus criaturas? ¿Si duerme en una furgoneta tras haber pedido ayuda? - Derecho a la reordenación del tiempo de trabajo o cambio de centro.
¿Qué pasa con las mujeres que trabajan en la economía sumergida, sin contrato, sin derechos? ¿Y con las desempleadas? El derecho queda en papel mojado. - Derecho a la prestación económica especial para víctimas sin recursos.
Prestación mínima, tardía y condicionada. No garantiza la autonomía ni la seguridad económica. No saca a nadie de la pobreza ni permite empezar de cero. - Derecho a la prioridad en el acceso a viviendas protegidas y residencias públicas.
Este derecho se diluye entre trámites interminables. La vivienda es el primer gran muro que enfrenta una víctima. Si no tiene dónde vivir, no tiene cómo reconstruir su vida. - Derecho a la educación y formación para la reinserción laboral.
¿Dónde están los programas específicos con enfoque de urgencia? ¿Dónde las becas, los acompañamientos, la inserción real? No basta con ofrecer formación si no hay redes de cuidado y recursos vitales. - Derecho a medidas para garantizar la escolarización de los hijos.
¿Y si la mujer cambia de ciudad? ¿Y si no tiene domicilio fijo? ¿Y si no hay vacantes? Este derecho también tropieza con la precariedad del sistema.
Pacto de Estado contra la Violencia de Género: millones en el limbo
En 2017, el Estado español firmó un gran acuerdo: el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Fue presentado como un compromiso histórico, con cientos de millones de euros destinados a reforzar la atención, prevención, educación, formación y protección de las víctimas. ¿Qué ha pasado desde entonces?
Ha pasado lo de siempre: los fondos no llegan. O llegan tarde. O se reparten entre entidades sin control. O se pierden en las cloacas burocráticas. Mientras los presupuestos duermen en cajones, las mujeres duermen en coches. Mientras se evalúan planes y se celebran foros institucionales, las víctimas suplican ayuda. El dinero existe, pero no está donde debería: en manos de las mujeres que lo necesitan con urgencia.
Los gobiernos locales y autonómicos muchas veces alegan falta de recursos, pero luego no ejecutan ni la mitad de lo que se les transfiere. El Ministerio de Igualdad entrega partidas que se difuminan en estructuras administrativas opacas. Y todo esto con la complicidad del silencio: ni medios ni responsables públicos rinden cuentas con transparencia sobre a dónde va ese dinero.
El Pacto ha sido renovado en 2025, y aumentadas sus medidas, ¿se cumplirán?
El resultado: pobreza, exclusión, trauma
Lo que vivimos es una cadena de negligencias institucionales que agravan el daño sufrido por las mujeres. Salir de una relación violenta debería ser un punto de inflexión hacia la libertad, no una condena al hambre y al abandono. Pero el sistema castiga a las que rompen el silencio: las revictimiza, las empobrece, las expulsa.
¿Quién puede sanar un trauma cuando no tiene un techo? ¿Cómo explicarles a tus criaturas que están durmiendo en un coche por haber hecho lo correcto? ¿Cómo reconstruir una vida si el Estado no pone ni los cimientos?
Porque la violencia machista no termina con la denuncia. Al contrario, muchas veces se recrudece: con la violencia institucional, con los procesos judiciales eternos, con las custodias compartidas impuestas, con el empobrecimiento económico y con la exclusión social.
¿Dónde está la urgencia?
Es hora de que las administraciones dejen de lavarse las manos. No basta con campañas publicitarias ni con declaraciones grandilocuentes el 25N. Queremos medidas reales, inmediatas y estructurales. Queremos:
- Que los fondos del Pacto de Estado lleguen directamente a las víctimas, sin intermediarios, sin excusas.
- Que se garantice un alojamiento seguro para todas las mujeres que denuncian, sin listas de espera.
- Que se creen equipos de intervención urgente real que acompañen a las mujeres desde el minuto uno, con atención integral.
- Que se establezca una renta básica inmediata tras la denuncia, suficiente para cubrir vivienda, manutención y necesidades básicas.
- Que el destino de los fondos del Pacto de Estado esté claramente detallado en los propios convenios y programas, con criterios de ejecución transparentes y medibles.
- Que se prevean auditorías públicas, independientes y periódicas para comprobar que esos fondos se usan para lo que fueron concebidos: salvar vidas y reconstruirlas.
- Que haya inspección y control constante sobre el uso de los recursos públicos destinados a la violencia de género, con consecuencias legales en caso de malversación o negligencia.
No es caridad, son derechos
Cuando una mujer denuncia violencia, está cumpliendo con su parte. El Estado, no. La protección no puede ser opcional, ni parcial, ni condicional. Es una obligación constitucional. Es una deuda histórica. Es justicia.
El sistema debe dejar de premiar el silencio y castigar la denuncia. Porque hoy en España, muchas mujeres no denuncian por miedo a quedarse sin nada. Y tienen razón. Lo que debería ser una red de seguridad es una trampa mortal. ¿Qué clase de democracia permite eso?
Basta de discursos vacíos
No queremos más minutos de silencio. No queremos más promesas electorales.
Queremos techo, comida, atención médica, ayuda psicológica, seguridad y justicia.
Queremos políticas públicas con perspectiva feminista y enfoque de urgencia.
Queremos que el dinero se invierta en lo que importa: la vida de las mujeres.
Cada euro que no llega, cada ayuda que se retrasa, cada cama que falta, es una forma más de violencia. Y tiene responsables.
O se actúa ya, o el sistema es cómplice
Denunciar la violencia machista no puede ser sinónimo de dormir en la calle, de perder la custodia, de pasar hambre. Si el Estado no garantiza derechos, es cómplice. Si los fondos no llegan, es negligente. Y si las mujeres no se salvan, entonces el sistema no funciona.
La historia de la mujer que duerme en una furgoneta con sus hijas no es un caso aislado. Es el espejo de una realidad silenciada. Y mientras no se tomen medidas urgentes, ese espejo seguirá devolviendo una imagen intolerable: la de un país que abandona a quienes más lo necesitan, justo cuando más lo necesitan.
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