El reciente asesinato de Lina, una mujer de 48 años en Benalmádena, Málaga, presuntamente a manos de su marido, pone en evidencia las graves deficiencias del sistema VioGén y de la respuesta institucional frente a la violencia de género. Lina había presentado una denuncia por amenazas y solicitado una orden de alejamiento, que fue denegada por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 3 de Málaga, basándose en la valoración de riesgo «medio» del sistema VioGén y en la interpretación restrictiva de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Un sistema que no protege

A pesar de que Lina relató episodios de amenazas, coacciones y vejaciones, el tribunal consideró que no existían los «presupuestos necesarios» para adoptar medidas cautelares como la orden de alejamiento. Se argumentó que no había agresiones físicas, aunque Lina mencionó que su marido le había levantado la mano en varias ocasiones. Esta interpretación minimalista de los signos de violencia refleja una falta de sensibilidad y comprensión de la violencia psicológica y emocional, que muchas veces precede a la violencia física.

El sistema VioGén: ¿una herramienta ineficaz?

El sistema VioGén, diseñado para evaluar el riesgo de las víctimas y coordinar su protección, calificó el caso de Lina como de «riesgo medio», lo que implicó que no se adoptaran medidas de protección activas. Esta categoría intermedia parece funcionar más como un vacío de responsabilidad que como una verdadera herramienta de prevención. Lina llevaba un mes en el sistema sin recibir ninguna medida de seguridad.

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, afirmó que «el sistema funciona, aunque no es perfecto», una declaración que minimiza la gravedad de las fallas que, en este caso, han tenido consecuencias fatales. La afirmación de que «gracias a VioGén se salvan muchas vidas» resulta vacía frente a los hechos que demuestran que otras tantas se pierden por su ineficacia.

Estadísticas que no disimulan el fracaso

En la provincia de Málaga hay 4.700 casos activos de violencia de género, con una media diaria de 24 denuncias y tres órdenes de alejamiento. Estas cifras, lejos de demostrar una gestión eficiente, ponen de manifiesto la saturación del sistema y la falta de recursos. El hecho de que sólo una pequeña fracción de las denuncias derive en protección efectiva refleja un fallo estructural en la capacidad del sistema para identificar y actuar ante situaciones de riesgo.

El caso de Lina es el segundo asesinato por violencia de género en 2025, elevando la cifra total a 1.295 mujeres asesinadas desde 2003. Estos números no son simples estadísticas; representan vidas truncadas y fallos institucionales sistemáticos. Cinco menores han quedado huérfanos por violencia machista en lo que va de año, sumando un total de 474 desde 2013.

Reacciones institucionales insuficientes

Tras el asesinato, el Ayuntamiento de Benalmádena decretó un día de luto oficial, y la ministra de Igualdad, Ana Redondo García, junto a la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, expresaron su «más absoluta condena y rechazo». Sin embargo, estas declaraciones no abordan el problema de fondo: un sistema de protección que falla repetidamente en prevenir estas tragedias.

Las instituciones deben pasar de la retórica a la acción, revisando y mejorando las herramientas de evaluación de riesgo y asegurando que cada denuncia sea tratada con la seriedad que merece. La negación o minimización de estos fallos no sólo perpetúa el problema, sino que contribuye a la desprotección de las víctimas.

Es hora de exigir un sistema que funcione realmente para proteger a las víctimas. La sociedad no puede permitirse seguir contando asesinatos evitables. ¿Qué opinas sobre la eficacia del sistema VioGén? Comparte tu opinión en los comentarios de Territorio Seguro.