La violencia de género vicaria, definida como aquella en la que el agresor utiliza a los hijos como instrumentos para infligir daño a la madre, representa una de las manifestaciones más crueles y devastadoras de la violencia de género.

Este fenómeno ha puesto de manifiesto las deficiencias en el marco legal y la falta de preparación y coordinación de las instituciones encargadas de proteger a las víctimas en España. 

La violencia de género vicaria ha ido emergiendo como una forma de terrorismo machista. No es un fenómeno nuevo, pero ha ganado visibilidad en los últimos años gracias a los esfuerzos de movimientos feministas, víctimas que han alzado su voz, y profesionales que han denunciado la insuficiencia de medidas reales para proteger a las familias.

Detrás de cada niña o niño asesinado por un progenitor que debía protegerlo, se esconde un sistema que falló estrepitosamente: leyes bien intencionadas pero ineficaces, jueces sin formación específica, servicios sociales sobrecargados, y una coordinación institucional fragmentada que más parece un laberinto que una red de apoyo.

A través de un análisis crítico, analizamos las raíces estructurales de esta violencia, exploramos las lagunas existentes, mostramos casos representativos y proponemos soluciones para que nunca más una madre tenga que enterrar a su hijo o hija a manos de un maltratador, que usó los vacíos del sistema a su favor.​

Definición y Contexto de la Violencia Vicaria

El término «violencia vicaria» fue acuñado por la psicóloga clínica y forense Sonia Vaccaro para describir la violencia que se ejerce sobre los hijos con el objetivo de causar sufrimiento a la madre. Según Vaccaro, «el maltratador sabe que dañar o asesinar a los hijos es asegurarse de que la mujer no se recuperará jamás”. 

Esta forma de violencia busca perpetuar el control y la dominación sobre la mujer, utilizando a los seres más queridos como medio para infligir un daño irreparable.

Es una violencia cruel, estratégica y profundamente patriarcal. No nace del arrebato, sino de la planificación. Su objetivo no es acabar con la vida del menor por sí misma, sino infligir a la madre un dolor perpetuo, irreversible.

Desde 2013, 63 menores han sido asesinados en España por violencia vicaria, según cifras oficiales del Ministerio de Igualdad. Además, más de 500.000 niños y niñas viven expuestos a la violencia de género en sus hogares.

Y, sin embargo, solo el 8% de los casos donde existe una denuncia por violencia de género finalizan con la suspensión del régimen de visitas al padre maltratador. Esto significa que en el 92% restante, el contacto del agresor con los hijos continúa bajo el amparo de una justicia que aún prioriza el “derecho del padre a ver a sus hijos” por encima del derecho de los niños a vivir sin miedo.

Estos datos evidencian la gravedad de la situación y la necesidad de una respuesta contundente por parte de las instituciones y la sociedad en su conjunto.

Leyes con agujeros negros 

A pesar de los avances legislativos en materia de protección contra la violencia de género, persisten lagunas que permiten la continuidad de la violencia de género vicaria. La Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, supuso un hito al reconocer y abordar diversas formas de violencia contra la mujer.

Sin embargo, no fue hasta la aprobación de la Ley Orgánica 8/2021, de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, que se incorporaron disposiciones específicas para la protección de los menores, incluyendo la suspensión del régimen de visitas en casos de violencia de género.

Los expertos coinciden en que la norma no siempre llega al mundo real con la fuerza necesaria.

Por ejemplo, la LO 8/2021 contempla la suspensión del régimen de visitas cuando exista violencia de género. Sin embargo, no establece mecanismos vinculantes para garantizar que los jueces actúen en consecuencia.

La interpretación queda a criterio del magistrado, y ahí radica una de las grandes grietas.

A esto se suma la falta de especialización de los jueces. Aunque desde 2019 es obligatorio un curso de 50 horas en perspectiva de género para optar a los juzgados especializados, la mayoría de jueces y fiscales no lo ha cursado. Así, decisiones que afectan vidas se toman sin el conocimiento necesario de los mecanismos y consecuencias de la violencia de género y vicaria.

Esta carencia formativa puede derivar en una interpretación errónea de las dinámicas de la violencia de género y en la adopción de medidas inadecuadas para la protección de las víctimas.​

Deficiencias Institucionales

La justicia no actúa sola. Las decisiones judiciales se basan en informes de servicios sociales, equipos psicosociales y equipos de valoración forense. Sin embargo, estos organismos funcionan de forma aislada, sin protocolos claros de coordinación, que puede dar como resultado la omisión de señales de alerta y la adopción de decisiones que no garantizan la seguridad de las criaturas y sus madres.​

Los servicios sociales, muchas veces sobrecargados, no logran detectar indicadores de riesgo en contextos familiares conflictivos. Los equipos psicosociales, sin perspectiva de género, en ocasiones elaboran informes sesgados que minimizan la peligrosidad del progenitor. Y todo esto ocurre en paralelo a procesos judiciales eternos, donde las madres pierden fuerza, credibilidad y protección.

La falta de formación en perspectiva de género entre los profesionales del sistema judicial, y de protección infantil, contribuye a decisiones que pueden revictimizar a las mujeres y a sus hijos. 

Este entramado provoca que los maltratadores aprovechen las brechas del sistema para seguir controlando a sus víctimas: denuncian a las madres por “impedir el contacto” con los hijos, alegan síndrome de alienación parental (teoría pseudocientífica desmentida por la OMS), y recurren a la justicia una y otra vez como arma de desgaste. 

Casos Representativos

El asesinato de Nadia, una niña de 5 años en Llano de Brujas (Murcia), a manos de la expareja de su madre, ha conmocionado a la sociedad española y ha puesto de relieve las deficiencias en la protección de los y las menores en contextos de violencia de género.

El agresor, con antecedentes por violencia machista, no tenía denuncias previas por parte de la madre de Nadia, lo que evidencia la necesidad de mecanismos proactivos de detección y prevención.​ 

Otro caso es el de Cristian, un niño de dos años asesinado en Linares (Jaén) por la pareja de su madre. Este crimen, catalogado como violencia vicaria, subraya la urgencia de implementar medidas efectivas para proteger a los menores en situaciones de riesgo.

Las mujeres que sobreviven a la violencia vicaria son, en muchos casos, mujeres rotas, pero no vencidas. Muchas de ellas han formado redes de apoyo y asociaciones para exigir cambios legislativos. Reclaman que se escuche su voz, que se respete su dolor, y que se tomen medidas para que otras mujeres no tengan que pasar por lo mismo.

También denuncian la revictimización institucional. En lugar de recibir apoyo, muchas madres son culpabilizadas, investigadas o incluso castigadas por proteger a sus hijos. “No hay nada más solitario que una madre a la que el sistema le falló”, ha dicho una de ellas.

Propuestas para Abordar la Violencia Vicaria

  • Formación Obligatoria y Continua en Perspectiva de Género: Es esencial implementar programas de formación continua y obligatoria para todos los profesionales del sistema judicial, fuerzas de seguridad, servicios sociales y personal educativo. 

Esta formación debe garantizar una comprensión profunda de la violencia de género y vicaria, permitiendo una identificación temprana de señales de alerta y una respuesta adecuada.​

No puede haber más jueces y juezas, fiscales, psicólogos y psicólogas, trabajadoras y trabajadores sociales o policías que desconozcan los mecanismos de la violencia de género vicaria. Esta formación debe ser continua, evaluable y especializada.

  • Suspensión inmediata del régimen de visitas en casos con indicios de violencia de género

La presunción debe ser la protección de la infancia. En caso de duda, se debe priorizar la seguridad de los menores, no los derechos del agresor.

  • Fortalecimiento de la Coordinación Interinstitucional: Es imperativo establecer protocolos claros y efectivos de colaboración entre las distintas entidades involucradas en la protección de las víctimas. La creación de unidades especializadas en violencia vicaria que integren a profesionales de diferentes ámbitos puede facilitar una respuesta unificada y eficaz.​

No se trata de sumar esfuerzos dispersos, sino de construir redes sólidas de protección.

  • Aunque ya se reconoce en algunos instrumentos normativos, se requiere una definición clara y transversal en toda la legislación para garantizar que se actúe con rigor y sin interpretaciones subjetivas.

Es necesario evaluar y modificar las leyes existentes para cerrar las lagunas que permiten la continuidad de la violencia de género vicaria. Esto incluye garantizar que las medidas de protección, como la suspensión del régimen de visitas, se implementen de manera efectiva y se supervisen adecuadamente.​

  • Sensibilización y Educación Pública: Lanzar campañas de concienciación que informen a la sociedad sobre la gravedad de la violencia vicaria es fundamental. Estas campañas deben promover la denuncia y el apoyo a las víctimas, así como fomentar una cultura de tolerancia cero hacia la violencia de género.

Es fundamental formar a la ciudadanía, especialmente en contextos escolares, sobre la violencia vicaria. Los niños y niñas también deben aprender a identificarla, rechazarla y pedir ayuda.

  • Apoyo Integral a las Víctimas: Proporcionar recursos adecuados, incluyendo asistencia psicológica y legal, a las madres y criaturas afectadas por la violencia de género vicaria, facilitando su recuperación y reintegración social.​

La violencia de género vicaria es una realidad alarmante que refleja las deficiencias en el sistema de protección a las víctimas de violencia de género en España. Es imperativo que se tomen medidas concretas y coordinadas para cerrar las brechas legales e institucionales, garantizando la seguridad y el bienestar de las mujeres y sus hijos.​

No podemos seguir enterrando niñas y niños mientras discutimos interpretaciones legales. 

No podemos permitir que el miedo, el dolor y la injusticia se conviertan en rutina. 

No podemos dejar solas a las madres que gritan ayuda y se enfrentan a un sistema que las calla.

Es hora de actuar. Desde la política, desde la justicia, desde la educación, desde la calle. La violencia vicaria es un crimen que ataca el corazón mismo de los derechos humanos: la infancia y la maternidad. Cada vida arrebatada es una derrota colectiva, pero también puede ser una razón para levantarse y exigir cambios.

Que ninguna madre tenga que proteger a sus hijos de un sistema que debería cuidarlos.