Nos llega la noticia de que el CGPJ propone que los partidos judiciales de Ejea, La Almunia y Tarazona, en materia de violencia, sean absorbidos por los tres juzgados que para esto hay en Zaragoza. 

Teniendo en cuenta que al tercero de ellos, aún no se ha incorporado su juez titular, y que hay algunos pueblos que distan de Zaragoza más de dos horas en coche, no entendemos ese afán que en nada va a favorecer a las víctimas de violencias machistas de las zonas rurales de nuestra Comunidad Autónoma. 

Esta decisión, va en contra del pacto de estado contra la violencia de género, que dice expresamente que hay que promover recursos de apoyo en el ámbito local para evitar una victimización secundaria.

Nuestra asociación es muy consciente de la dificultad que tienen las mujeres víctimas de violencias machistas en el medio rural para poder, no sólo denunciar, sino llevar adelante el proceso.

Creemos imprescindible la existencia de los partidos judiciales de Ejea de los Caballeros, La Almunia de Doña Godina y de Tarazona, ya que son fundamentales para que las mujeres del medio rural tengan más facilidades a la hora de poder salir de la lacra que constituyen las violencias machistas. 

Para que puedan denunciar, ser protegidas y rehacer sus vidas fuera del yugo del maltratador (apoyadas y ayudadas por la Justicia, psicólogas y psicólogos, trabajadores y trabajadoras sociales y toda la maquinaria social del medio rural que hace posible la recuperación de las mujeres y sus criaturas), y hacerlo lo más cerca posible de sus lugares de residencia.

Si esos partidos judiciales desaparecen, nos enfrentamos a no tener la inmediatez de dónde acudir, a no tener a unas asistentes sociales de la Comarca que te apoyen, que te faciliten los recursos…  Además, de producirse esta unificación, se estaría vulnerando el Pacto de Estado contra la violencia de género, porque trasladando los casos a Zaragoza, no se cumpliría el promover recursos de apoyo en el ámbito local, como ya decimos más arriba. 

Debe mantenerse la ampliación de las jurisdicciones de los juzgados de violencia de la mujer, en dos o más partidos judiciales, ya que eso sí repercute en una mejora cualitativa del servicio y de la atención a las víctimas

Pretender que una mujer, sus criaturas y sus familias tengan que desplazarse a Zaragoza, distancias en muchos casos de casi dos horas, es simplemente abocar esas denuncias al fracaso porque dado su estado físico y anímico, hacerlas enfrentarse a esos desplazamientos ocasionará que muchas de ellas no sean capaces de hacerlo. Debemos tener en cuenta que las víctimas de violencias machistas, cuando consiguen reunir el valor para denunciar, están física y psicológicamente destrozadas.

¿Es coherente y lógico ponerles más dificultades o lo normal sería darles facilidades? Tener que acudir a los juzgados de Zaragoza complica más la difícil situación que ya de por sí vive una mujer que denuncia malos tratos en el medio rural.

Y es que muchas de las víctimas, la mayoría, no tienen cómo desplazarse, y el tener que hacerlo hasta Zaragoza les ocasionaría un gravísimo perjuicio económico, porque suelen quedarse en una situación con muy escasos o nulos recursos económicos. 

No olvidemos que la violencia económica es la gran aliada de los maltratadores, y es con lo que presionan a las víctimas para evitar que denuncien. Además, al tener su familia y entorno en donde su lugar de residencia, no cuentan con red de apoyo en Zaragoza, algo fundamental para que las mujeres puedan sobrellevar el proceso sin desmoronarse.

No olvidemos que la instrucción de un caso no genera una sola visita al Juzgado sino varias, con lo que el perjuicio económico se magnifica.

Es fundamental promover recursos de apoyo en el ámbito local para evitar el riesgo de victimización secundaria y más con la amplitud territorial que tenemos en Aragón. Porque si se lleva a cabo la medida que se está proponiendo, las víctimas de violencias machistas veríamos disminuida de una forma inadmisible la calidad de la atención que se nos está prestando y se nos revictimizaría todavía más de lo que ya lo estamos.

Solo en el partido judicial de La Almunia, en 2021 se instruyeron 84 causas de violencia, lo que supone que 84 mujeres y sus familiares tendrían que haberse desplazado de forma recurrente a Zaragoza para absolutamente todas las diligencias.

Los recursos de cercanía, tanto a la hora de la interposición de la denuncia, como en el ámbito judicial, como en el apoyo integral a las víctimas y sus hijas e hijos, como en la facilitación de recursos para el empoderamiento  de las víctimas de violencias machistas, tienen que ser la primera opción siempre, ante poniéndolos a cualquier cosa, máxime si menoscaba el derecho a la atención inmediata, completa y eficaz de las mujeres y sus criaturas.

No se pueden tomar decisiones con un compás, sin tener en cuenta las particularidades del territorio ni los derechos de las víctimas, o basadas en criterios estrictamente económicos.

Por lo tanto, desde nuestra amplia y durísima experiencia personal (que nos lleva a saber la dureza, la urgencia y las necesidades que tienen las víctimas de violencias machistas desde el momento en que toman la valiente decisión de denunciar), apoyamos totalmente el informe de la Dirección General de Justicia del Gobierno de Aragón, e instamos al Consejo General del Poder Judicial y la ministra de Justicia, Dª Pilar LLop a pensar en las víctimas y a cumplir con las medidas aprobadas en el Pacto de Estado contra la violencia de Género.

Es responsabilidad de toda la sociedad facilitar y ayudar a mujeres y criaturas que son víctimas de esta lacra, el poder salir de ella, lo más rápida y eficazmente posible, que puedan rehacer sus vidas y ser felices fuera del alcance de su maltratador.

El autodenominado Gobierno más feminista de la historia da otro paso más en la desprotección de las víctimas de violencias machistas.

¿HASTA CUANDO?

Ni un paso atrás en los derechos de las víctimas.