Ni protección ni reparación: el abandono institucional tras los asesinatos machistas

Denuncias previas, valoraciones de riesgo fallidas y falta de seguimiento institucional evidencian un sistema que no protege a las mujeres ni repara a sus familias cuando la violencia machista culmina en asesinato

Desde Somos Más consideramos imprescindible abrir un debate incómodo, incómodo de verdad, de esos que las instituciones suelen esquivar con declaraciones genéricas y minutos de silencio: ¿qué ocurre cuando el Estado falla en la protección de las mujeres víctimas de violencia machista y de sus hijas e hijos? ¿Qué responsabilidad asume cuando una sentencia es insuficiente, cuando una orden de protección no se supervisa, o cuando un agresor reincidente vuelve a matar?

Porque no hablamos de hechos imprevisibles ni de tragedias inevitables. No hablamos de “monstruos” surgidos de la nada ni de episodios aislados. Hablamos de fallos conocidos, documentados y, en demasiadas ocasiones, advertidos con antelación. Fallos que no son abstractos, sino concretos. Fallos que tienen nombre, fecha, expediente y responsables. Y, sin embargo, cuando la violencia culmina en lo irreversible, el sistema se esconde tras el mismo argumento: no se pudo prever.

El relato oficial de la inevitabilidad

Cada asesinato machista viene acompañado de una narrativa institucional casi automática. Se repite hasta la saciedad: no constaban denuncias previas, el riesgo era bajo, no había indicadores suficientes. Un relato que cumple una función clara: eximir al sistema de toda responsabilidad.

Pero la realidad desmonta ese discurso complaciente. En numerosos feminicidios existen antecedentes claros: denuncias archivadas sin una investigación adecuada, valoraciones policiales de riesgo deficientes, órdenes de protección incumplidas sin consecuencias, quebrantamientos de condena ignorados, permisos penitenciarios concedidos sin una evaluación real del peligro, regímenes de visitas mantenidos pese a señales evidentes de violencia, o directamente una ausencia total de seguimiento institucional.

No son errores puntuales. Son patrones. Y cuando los patrones se repiten, dejan de ser fallos individuales para convertirse en violencia institucional.

Cuando el sistema falla, la violencia no termina

El asesinato de una mujer no cierra la violencia. La desplaza. La traslada a quienes quedan. Madres, padres, hijas e hijos de mujeres asesinadas se enfrentan a un doble golpe devastador: el duelo más extremo y un abandono institucional que vuelve a victimizarles.

Tras el impacto mediático inicial —breve, superficial y casi ritual— llega el silencio real. El silencio administrativo. El silencio presupuestario. El silencio de las instituciones que se apresuran a pasar página mientras las familias intentan sobrevivir.

Los menores huérfanos de la violencia machista quedan atrapados en un laberinto burocrático que no entiende de urgencias vitales. Pensiones que tardan meses o años en resolverse. Ayudas económicas condicionadas a requisitos imposibles. Procesos judiciales largos, fríos y revictimizantes. Nada es inmediato. Nada es sencillo. Nada es suficiente.

Este abandono no es un daño colateral. Es una forma más de violencia.

Ayudas fragmentadas, tardías y desiguales

El Estado presume de leyes integrales, pactos de Estado y marcos normativos avanzados. Pero cuando se baja del papel a la realidad, el sistema de apoyo y reparación para las familias de las víctimas es fragmentado, desigual y profundamente insuficiente.

Las ayudas existentes, cuando existen, dependen del territorio, del presupuesto anual, de la interpretación administrativa o de la capacidad de la familia para enfrentarse a una maraña de trámites. No hay un sistema claro, automático y garantista de reparación cuando se demuestra, o resulta evidente, que hubo fallos en la prevención, en la protección o en el seguimiento del agresor.

En la práctica, las familias tienen que volver a luchar, esta vez no para proteger a la mujer, que ya ha sido asesinada, sino para acceder a derechos básicos. Y hacerlo en pleno duelo no es solo injusto: es cruel.

La gran pregunta que nadie quiere responder

Aquí está el núcleo del debate que tantas resistencias genera: la responsabilidad institucional.

¿Qué ocurre cuando una orden de alejamiento no se supervisa?
¿Qué ocurre cuando una valoración policial minimiza un riesgo real?
¿Qué ocurre cuando un agresor reincidente vuelve a matar tras permisos o beneficios mal evaluados?

La respuesta institucional suele ser la misma: nadie responde.

El sistema actúa como si la violencia machista fuera siempre un asunto privado entre víctima y agresor, y como si el Estado fuera un actor secundario, bienintencionado pero impotente. Nada más lejos de la realidad. Las decisiones, o las omisiones, institucionales tienen consecuencias directas sobre la vida de las mujeres.

Desde Somos Más lo decimos con claridad: cuando el Estado no protege, debe reparar. No como gesto de buena voluntad, sino como obligación democrática, jurídica y ética.

Reparar no es caridad, es justicia

Hablar de reparación incomoda porque implica asumir responsabilidades. Pero reparar no es dar limosnas ni ayudas graciables. Reparar es reconocer derechos vulnerados.

Esto implica, como mínimo:

  • Indemnizaciones automáticas y suficientes para las familias y para las víctimas sobrevivientes, sin obligarlas a iniciar nuevos procesos judiciales contra la propia administración.
  • Ayudas económicas inmediatas, ágiles y estables, que garanticen vivienda, manutención y una vida digna, especialmente cuando hay menores a cargo.
  • Acompañamiento psicológico especializado y a largo plazo, no limitado a unos meses ni supeditado a presupuestos cambiantes. El trauma no entiende de ejercicios fiscales.
  • Reconocimiento público del fallo institucional, porque la negación también es una forma de violencia. Nombrar el error es el primer paso para no repetirlo.

Negar estas medidas no es neutralidad. Es perpetuar la impunidad del sistema.

El mensaje que se lanza a las mujeres que aún viven con miedo

Cada vez que una mujer es asesinada tras haber pedido ayuda, el sistema queda señalado. Pero cada vez que el Estado no responde con medidas claras de reparación, el mensaje que se lanza es todavía más devastador: que la vida de las mujeres y de sus hijas e hijos no merece una respuesta proporcional al daño causado.

¿Qué confianza puede tener una mujer en un sistema que no protege y que, cuando falla, tampoco repara?

¿Qué mensaje reciben las sobrevivientes que siguen luchando por salir de la violencia cuando ven cómo otras familias quedan abandonadas tras lo peor?

La falta de reparación no solo daña a quienes ya han perdido a una mujer. Disuade a quienes todavía dudan en denunciar, en pedir ayuda, en confiar.

No volver a fallar no es un eslogan

La violencia machista es un problema estructural y exige respuestas estructurales. No bastan reformas cosméticas ni declaraciones institucionales. Hace falta revisar protocolos, mejorar las valoraciones de riesgo, garantizar el seguimiento real de las medidas judiciales y dotar de recursos suficientes a todos los niveles del sistema.

Pero también hace falta algo que sigue costando pronunciar: el Estado puede fallar, y cuando falla debe responder.

No hacerlo no solo perpetúa el daño. Normaliza la idea de que la vida de las mujeres es un daño colateral asumible.

Cuidar, reparar y asumir responsabilidades

Desde Somos Más no aceptamos que la protección termine en el papel ni que la prevención sea una consigna vacía. Exigimos que sea real, efectiva y evaluable. Y cuando, pese a todo, el sistema falle, exigimos que la respuesta esté a la altura del daño causado.

Cuidar, reparar y no volver a fallar no son consignas. Son obligaciones. Y seguiremos exigiéndolas, aunque incomode, aunque moleste y aunque obligue a mirar de frente las grietas de un sistema que todavía debe mucho a las mujeres.

Porque la violencia machista no es solo un crimen individual.
Es una responsabilidad colectiva. Y el Estado no puede seguir esquivándola.