Lo que se sabe: el fallo existió, su alcance está en disputa y la protección no “se apagó”.

En las últimas horas, la Fiscalía General del Estado y el Ministerio de Igualdad han reconocido un problema técnico concentrado en la transición de proveedor del servicio (de Telefónica a Vodafone) que afectó al sistema de gestión de datos (Cometa).

No se trató, según ambas instituciones, de un “apagón” de las pulseras, sino de una disrupción en el acceso a registros históricos que impactó en algunos procedimientos judiciales. La versión oficial sostiene que las pulseras siguieron alertando y protegiendo a las víctimas, y que el problema quedó resuelto, con causas reabriéndose tras una primera oleada de sobreseimientos.

Este es el marco mínimo para no perderse: hubo un fallo en una transición tecnológica compleja, con efectos procesales en “algunos casos” (en disputa cuántos), se han reabierto la mayoría de los procedimientos afectados, y no hay constancia de que el sistema de alertas en tiempo real dejara de operar.

Entre la prudencia y la responsabilidad hay una línea muy fina: reconocer el problema y corregirlo con rapidez es compatible con no inflar la alarma hasta el punto de deslegitimar una herramienta que, en términos generales, funciona.

Aun así, la controversia pública ha escalado porque la oposición y algunos responsables locales exigen responsabilidades políticas y transparencia total sobre el alcance real del error y sobre cuántas mujeres pudieron quedar en situación de vulnerabilidad jurídica.

La ministra Ana Redondo insiste en que “se ha generado una alarma que no se compadece con la realidad”; la oposición, por su parte, habla de ocultación de información y negligencia.

Este es el marco mínimo para no perderse: hubo un fallo en una transición tecnológica compleja, con efectos procesales en “algunos casos” (en disputa cuántos), se han reabierto la mayoría de los procedimientos afectados, y no hay constancia de que el sistema de alertas en tiempo real dejara de operar.

Fuentes judiciales de 2024 que reconocen la pérdida temporal de información durante la migración y la vinculan con absoluciones en causas por quebrantamiento. No es teoría: ocurrió, y consta en sentencias.

Igualdad defiende que la incidencia fue mínima; distintos medios y fuentes señalan cifras dispares. Informaciones regionales hablan de 46 mujeres afectadas por la falta temporal de datos; otras piezas periodísticas hablan de “gran cantidad” de sobreseimientos. La precisión pública y oficial sobre el número exacto ha sido, hasta hoy, insuficiente. Urge aclararlo.

El hardware siguió emitiendo alertas y el centro COMETA continuó operando. El problema estuvo en acceder al histórico previo a marzo de 2024 para sostener procedimientos penales. Esta distinción (funcionamiento operativo vs. explotación forense de datos) es clave.

Lo que dicen los datos (y lo que significan)

Eficacia histórica: España no ha registrado ningún feminicidio de una mujer que estuviera protegida por el sistema de pulsera en el momento de los hechos desde su implantación en 2009. Esto no es un eslogan: está reiterado por fuentes judiciales y mediáticas con acceso a datos oficiales. Es, con diferencia, el dato más importante de todo el debate.

Magnitud del sistema: A finales de 2024 había más de 4.550 dispositivos activos, y desde 2009 más de 21.000 mujeres han estado protegidas en algún momento por este mecanismo. En 2025, varios informes periodísticos y boletines oficiales sitúan las pulseras activas en el entorno de 4.5–4.6 mil.

Contexto de riesgo: Fuera del subgrupo con pulsera, el Sistema VioGén registra más de 105.000 casos activos de violencia de género, más de 54.000 con menores a cargo, lo que explica la presión sobre medidas tecnológicas y policiales. La escala del problema excede con mucho la de las pulseras.

El incidente de 2024–2025: La Fiscalía concreta que el problema en el histórico de datos se resolvió; la mayoría de procedimientos afectados se han reabierto con la información recuperada. Sostener que el sistema quedó “apagado” o “inútil” meses es falso; sostener que no pasó nada también lo es

¿Cuántas pulseras hay y para qué sirven?

Los dispositivos telemáticos de control de alejamiento se aplican desde 2009 y permiten verificar que el agresor cumpla la prohibición de aproximación. Operan con geolocalización y generan alertas si el agresor invade perímetros de seguridad. Son una capa de protección que se suma (nunca sustituye) a la evaluación policial del riesgo, las medidas judiciales y el acompañamiento psicosocial.

A fecha reciente, los medios públicos cifraban en torno a 4.500–4.550 las pulseras activas, con distribución desigual por territorio, y con útiles matices: son eficaces, pero se vuelven más problemáticas en localidades pequeñas donde víctima y agresor comparten espacios físicos y redes cotidianas. El sistema, por tanto, funciona mejor cuanto más robusta es la coordinación institucional a su alrededor.

Los boletines estadísticos también han venido detallando altas mensuales y variaciones interanuales, con miles de dispositivos instalados desde su puesta en marcha. Esto es clave: hablamos de un sistema vivo, con rotación, picos y valles y, sobre todo, con vidas concretas detrás de cada número.

Lo que no funciona (más allá del titular)

Hablar de “fallos puntuales” es insuficiente: Fallos tienen siempre todos los sistemas complejos. Lo responsable es medirlos, anticiparlos y reducir al mínimo los falsos negativos (el agresor se acerca y no salta alerta ni hay capacidad de probarlo) y los tiempos de respuesta. He aquí grietas recurrentes que no son nuevas:

Migraciones sin “cero pérdida de datos”: Un cambio de proveedor no puede traducirse en un vacío de histórico que comprometa procedimientos o siembre dudas en juzgados. Esto es un fallo de gobierno del dato, no “un cable suelto”.

Cobertura y ruralidad: Hay localidades con conectividad deficiente donde el sistema es menos fiable: lo ha explicado la propia radio pública en un análisis sobre el despliegue territorial. Si el agresor y la víctima viven en zonas con mala cobertura, la geolocalización pierde granularidad.

Cargas de trabajo y personal experto: Trabajadores del centro COMETA han denunciado “fallos todos los días” y avisos internos no atendidos tras el cambio de adjudicataria. El País ha publicado que Igualdad desoyó alertas internas; Antena 3 recogió testimonios de personal que gestiona incidencias. ¿Exageración sindical? Tal vez en parte. ¿Humo sin fuego? Difícil sostenerlo.

Preparación institucional: El Observatorio del CGPJ advirtió hace casi dos años del riesgo de cambiar pulseras sin garantías. Si existía el aviso, la obligación era diseñar la transición con redundancias y auditorías en caliente.

Otro aspecto que no puede obviarse es la privatización del servicio. La protección de vidas no debería estar sometida a la lógica de una licitación mercantil, donde cambian los proveedores, se precariza al personal y se priorizan costes sobre garantías. Hablamos de un dispositivo que decide si una mujer y sus criaturas están a salvo o no. Este debate merece un artículo específico, porque plantea una cuestión de fondo: ¿qué puede dejarse en manos del mercado cuando hablamos de derechos fundamentales y vidas en juego?

Lo que sí funciona (y debemos defender)

Prevención comprobable: El sistema disuade y permite actuar antes de que el agresor llegue: la proximidad disparada por geovallas activa llamadas, patrullas y protocolos. Es decir, convierte el “riesgo” en evento gestionable en tiempo real.

Cobertura creciente: La extensión a víctimas de violencia sexual y la posibilidad de vincular múltiples dispositivos según el caso amplían el alcance preventivo. Este desarrollo debe ir acompañado de más recursos humanos y formación.

Refuerzo operativo 2025: Interior actualizó protocolos de valoración del riesgo este año, integrando variables de peligrosidad (antecedentes violentos, consumo de alcohol y tóxicos, impulsividad, etc.). Bienvenido, pero insuficiente sin métricas públicas de desempeño.

Fallos sí, pero no caricaturas: lo que está en juego cuando se sobredimensiona la grieta

Que existan fallos en sistemas complejos no es una novedad. La pregunta incómoda es otra: ¿qué hacemos con ese fallo? ¿Lo convertimos en excusa para demoler la confianza pública en un dispositivo que reduce riesgos y salva vidas, o lo abordamos con cirugía fina (auditoría, trazabilidad, redundancias, formación), para que no vuelva a ocurrir? Si el debate se degrada a un duelo de titulares, las primeras afectadas vuelven a ser las víctimas.

Hay tres riesgos letales al sobredimensionar o manipular mediáticamente un error técnico:

Erosión de la confianza de las víctimas: Si una mujer que depende de una pulsera para mantener a raya a su agresor escucha que “no funcionan”, puede retrasar denuncias, evitar pedir la medida o romper su plan de seguridad. Una alarma injustificada es, paradójicamente, gasolina para la inseguridad. La responsabilidad pública exige precisión: distinguir entre “no hay datos históricos en una sede judicial durante un periodo” y “la pulsera no avisa” no es semántica; es vida o muerte. Las autoridades han repetido que las alertas siguieron operando, aunque hubo incidencias en el acceso a registros para procesos judiciales.

Arma arrojadiza partidista: Convertir un fallo técnico en munición política inmediata es tentador. Pero si la pugna se adueña del relato, lo que se erosiona es la arquitectura de protección, no la reputación de un ministerio. La pugna Gobierno–Poder Judicial ya copa titulares; el coste reputacional para el sistema es alto si no se despolitiza la respuesta técnica.

Falsa dicotomía: o perfecto o nada. Ningún sistema de seguridad es infalible. La obligación democrática no es prometer infalibilidad, sino demostrar aprendizaje: reconocer, auditar, corregir y verificar. Ese es el estándar que debemos exigir.

La batalla política: oportunidad, oportunismo y transparencia

La Memoria de la Fiscalía (documento que cada septiembre marca parte de la agenda política y mediática) ha sido la mecha. 

La cronología es reveladora: la Fiscalía emite un comunicado situando el problema en 2024, señalando que en 2025 no se han registrado incidencias y subrayando que la mayoría de causas inicialmente afectadas están reabiertas; Igualdad refrenda esa versión y detalla el plan de contingencia y resolución. 

La oposición monta la ofensiva política reclamando ceses. Y, de pronto, la conversación pública hierve. La pregunta es inevitable: ¿alerta sanitaria del sistema u oportunidad para agitar el tablero político en un contexto saturado de frentes? 

Oportunismo Sí, en parte. Pero “oportunismo” no debe ser sinónimo de “silencio”: un sistema que custodia vidas requiere transparencia radical cuando falla, aunque sea poco.

No es conspiranoia señalar la oportunidad mediática: es una constatación. Las democracias viven de la rendición de cuentas, pero también sufren de la tentación del espectáculo. La forma de blindar la protección a las víctimas no es tapando fallos (mal), ni sobreactuando titularistas (también mal), sino abriendo la caja negra de la gestión con datos verificables, auditorías públicas y plazos de implementación de mejoras, sin ruido y con luz.

La pregunta honesta es otra: ¿para qué sirve este ruido? Si solo sirve para desgastar, o blindar, políticamente a alguien, no protege a nadie. Si sirve para obligar a publicar un informe técnico independiente, con cronología, alcance y medidas correctoras, entonces habrá merecido la pena.

¿Ha habido oportunismo? A juzgar por la rapidez con la que se han pedido dimisiones y se ha elevado el tono, es evidente que sí. Pero el oportunismo no se cura con opacidad, sino con transparencia radical: publicar cronogramas de la migración, matrices de riesgos, actas de reuniones de crisis, número de procedimientos afectados y su estado exacto. Igualdad ya ha ofrecido su versión, incidente acotado a 2024, resuelto desde enero de 2025, acceso restituido y causas reabiertas; la Fiscalía ha respaldado lo esencial, reaperturas, sin incidencias en 2025. Corresponde ahora a ambas instituciones sostener esa explicación con documentos verificables y auditables, y a la oposición fiscalizar con datos, no con slogans.

Diez medidas concretas para blindar el sistema (y la confianza)

Doble proveedor en transición: durante cualquier relevo contractual, convivencia de operadores por un mínimo de seis meses, con replicación activa-activa y pruebas de conmutación en caliente documentadas.

Esquema nacional de redundancias: copias incrementales inmutables (WORM), backups con restauraciones verificadas semanalmente y auditorías trimestrales por un tercero acreditado (CCN-CERT o equivalente).

Panel público de KPIs: disponibilidad mensual, incidentes críticos, tiempos de respuesta, ratio de falsas alarmas, número de reingresos por quebrantamiento, segmentado por comunidad autónoma (con interpretación experta, no solo números).

Protocolo judicial “degradado”: si la capa histórica falla, debe existir una vía alternativa certificada para proporcionar al juzgado extractos críticos (últimos quebrantamientos, zonas prohibidas, encuentros previos) en 24–48 horas, con firma digital y cadena de custodia.

Formación obligatoria y continua para jueces/as, fiscales, Letrados de la Administración de Justicia y fuerzas y cuerpos de seguridad sobre lectura de datos, límites del sistema y reacción a falsos positivos/negativos.

Refuerzo en lo local: convenios con ayuntamientos para equipos de respuesta rápida y puntos seguros; en municipios pequeños, radios de seguridad adaptados a la realidad de movilidad y servicios compartidos.

Evaluación de riesgo integrada: enlazar datos de pulsera con VioGén y con los historiales de quebrantamientos, para que cada alerta modifique automáticamente el nivel de riesgo y el plan de protección. (Con garantías de privacidad y finalidad específica).

Tecnología complementaria: botón SOS en la app de la víctima sincronizado con la pulsera, verificación por doble canal (GSM y NB-IoT/satélite donde proceda), y beacons en portales/zonas de riesgo para mejorar precisión indoor.

Comisión de seguimiento con víctimas: supervisión semestral con asociaciones de supervivientes y expertas independientes; las usuarias deben evaluar usabilidad, tiempos de respuesta y trato institucional.

Comunicación responsable: compromisos editoriales y políticos para no convertir incidentes técnicos en pánico social; notas técnicas públicas y cronogramas de corrección, sin triunfalismos ni catastrofismos.

Lo que no debemos permitir: que los agresores celebren y las víctimas duden

Un mensaje cristalino: las pulseras no son un favor; son una obligación del Estado para reducir riesgos. No pueden convertirse en un instrumento de descrédito cíclico cada vez que un partido quiera arañar titulares. Tampoco podemos permitir el triunfalismo gubernamental si ha habido fallos. La política adulta reconoce el problema sin ceder a la demolición del sistema. Porque cuando el barullo cala, gana la impunidad: agresores que se sienten “liberados” por la sensación de caos, víctimas que retraen denuncias por pensar que “nada sirve”. Esa pedagogía del miedo solo beneficia a quien agrede.

Los datos recientes importan: la Fiscalía habló de reabrir la mayoría de los procedimientos afectados; Igualdad describió el plan de reacción y cierre del incidente, insistiendo en que las pulseras siguieron protegiendo. Quien quiera minar ese mensaje debe aportar cifras, cronologías y expedientes, no adjetivos.

Recordatorio esencial: el sistema salva vidas (y por eso hay que mejorarlo, no dinamitarlo)

Los medios públicos han reiterado en estos días dos mensajes a la vez: las pulseras son eficaces y salvan vidas, y su operativa es especialmente compleja en entornos pequeños y con recursos limitados. Ambas cosas son ciertas. Las cifras de dispositivos activos, las altas mensuales y las memorias de la Fiscalía apuntan en esa dirección: herramienta útil, perfectible, no milagrosa. La discusión adulta es cómo rebasar (sí, rebasar, ir más allá de) su configuración actual para que sea más robusta.

En otras palabras: el objetivo es doble. Primero, no hacer daño: evitar que el ruido político erosione la percepción de seguridad. Segundo, hacer bien: reforzar la ingeniería, la gobernanza y la capilaridad territorial. La tecnología no sustituye el acompañamiento; lo potencia. Y el acompañamiento sin tecnología deja huecos en el minuto a minuto de una amenaza que es dinámica.

Ni complacencia ni histeria, solo responsabilidad

El escándalo en sí mismo no protege a nadie. Lo que protege es una cadena de decisiones bien tomadas: contratos con cláusulas de continuidad reforzada; auditorías externas reales; métricas públicas; formación; proximidad territorial; y una comunicación que explique sin asustar. La pregunta estratégica es si vamos a aprender de esta crisis o a explotarla. Lo primero nos hace más fuertes; lo segundo, más vulnerables.

Las pulseras telemáticas no son un fetiche tecnológico. Son una herramienta viva dentro de un ecosistema de protección que incluye a VioGén, a los juzgados, a las policías, a los servicios sociales y a las redes comunitarias. Pueden fallar, como cualquier sistema complejo, y cuando fallan hay que contarlo, repararlo y compensar los daños. Pero convertir un incidente acotado en una demolición simbólica es entregarles a los agresores una victoria que no merecen.

Si alguien busca un eslogan honesto, que sea este: “Las pulseras salvan vidas; mejoremos el sistema con rigor y sin ruido”. Ese debería ser el consenso mínimo. A partir de ahí, todo lo demás: datos, auditorías, plazos y recursos. Porque detrás de cada pulsera hay una mujer que quiere seguir viva, y detrás de cada fallo hay una obligación del Estado de no repetirlo.