La violencia machista en España se enfrenta a un entramado de dispositivos y servicios de atención que deberían garantizar lo más básico: la vida y la seguridad de mujeres y menores.

Hablamos de líneas telefónicas, casas de acogida, dispositivos telemáticos, centros de coordinación. Todos ellos forman parte de una red que, en teoría, debe sostener a quienes han sobrevivido a la violencia y necesitan protección urgente.

Sin embargo, detrás de este engranaje late una realidad incómoda: muchos de estos servicios no están gestionados directamente por el Estado, sino que se externalizan mediante contratos de licitación a empresas privadas o entidades del tercer sector. Se adjudican a quienes “ganan” el concurso, generalmente ofreciendo un precio más bajo que la competencia.

Y ahí surge la grieta fundamental: ¿puede un servicio que decide si una mujer está viva mañana o no ser tratado como un contrato mercantil más, donde prima la rebaja económica frente a las garantías?

Servicios externalizados: ejemplos concretos

No hablamos de abstracciones. La lista de servicios externalizados es larga y creciente:

En Aragón

La Comunidad Autónoma de Aragón no es ajena a la lógica de la externalización. Bajo el paraguas del Instituto Aragonés de la Mujer (IAM), encontramos varios servicios esenciales adjudicados mediante licitaciones o acciones concertadas:

  • Atención psicológica a mujeres víctimas de violencia de género y a sus hijos/as (2023-2024).

Contrato adjudicado por lotes provinciales (Zaragoza, Huesca y Teruel), con presupuesto específico para cada territorio. Se encarga a empresas privadas la prestación de un servicio que debería ser estable y público. La fragmentación por lotes supone discontinuidad y desigualdad territorial: no es lo mismo la cobertura en Zaragoza que en un entorno rural en Teruel.

  • Centros de atención a víctimas de violencia sexual en Huesca y Teruel.
    Contrato licitado con un presupuesto base de unos 605.050 €, ampliable hasta más de un millón, para gestionar recursos especializados en violencia sexual. Aquí la externalización es aún más clara: la atención especializada depende de la empresa que gane el concurso, con plantillas sujetas a las condiciones salariales del pliego y a la duración limitada del contrato.
  • Alojamiento de emergencia y casas de acogida.
    En Aragón, estos servicios se formalizan mediante acuerdos de acción concertada entre el IAM y entidades sociales. Aunque no se trata de licitación clásica, la lógica es parecida: la administración no gestiona directamente los recursos, sino que financia a terceros para que lo hagan. El riesgo es evidente: dependencia de entidades externas, condiciones variables, falta de estándares unificados y continuidad cuestionable.
  • Red de recursos de acogida (centros de emergencia, casas y pisos tutelados).
    El propio portal del Gobierno de Aragón detalla estos recursos, pero la cuestión es cómo se gestionan. La red existe, sí, pero no siempre hay plazas suficientes, ni equipos estables, ni un marco laboral sólido. El resultado es que lo que debería ser una garantía universal se convierte en un recurso condicionado por presupuestos, lotes y contratos temporales.

El caso de Aragón muestra con claridad que la externalización no es un fenómeno ajeno ni marginal: atraviesa la atención psicológica, la atención sexual especializada y el alojamiento de emergencia. Servicios nucleares que no deberían depender de un concurso cada dos años.

El 016

Otro ejemplo paradigmático es el servicio telefónico 016, la línea de atención a víctimas de violencia de género. Se trata de un recurso de alcance nacional, gratuito y disponible 24 horas, que atiende llamadas de emergencia, proporciona asesoramiento jurídico y psicosocial, y canaliza derivaciones a otros recursos.

  • Naturaleza del contrato.

El 016 se adjudica periódicamente mediante licitación pública. En la última convocatoria, el presupuesto base se situaba en torno a 10,3 millones de euros anuales. La empresa adjudicataria gestiona no sólo la atención telefónica, sino también los servicios de traducción simultánea, derivaciones y la infraestructura tecnológica necesaria.

  • Qué exige el pliego.

Personal cualificado (psicología, derecho, trabajo social), disponibilidad 24/7, atención en varios idiomas, coordinación con el resto de la red de recursos y protocolos de derivación. También exige confidencialidad, seguridad en el tratamiento de datos, formación continua y tiempos máximos de respuesta.

  • Lo que no regula con fuerza.

El pliego no blinda la estabilidad de las plantillas: cada nueva adjudicación implica que el personal pueda cambiar de empresa, con el riesgo de rotación, pérdida de experiencia acumulada y precarización. Tampoco garantiza sueldos dignos ni ratios de personal por volumen de llamadas. Y, aunque existen indicadores de calidad (tiempos de espera, tasa de abandono, satisfacción), rara vez son públicos o transparentes.

  • Consecuencias.
    El 016, vendido como emblema institucional, se sostiene en realidad sobre un contrato mercantil, con personal sometido a incertidumbre laboral y con el riesgo de que una oferta más barata prime sobre un plan más robusto. La paradoja es cruel: la voz que escucha a una mujer que pide ayuda desesperada no es funcionariado estable, sino personal de una contrata que puede cambiar de uniforme cuando llegue el siguiente concurso.

El contrato del sistema COMETA merece un análisis aparte. No estamos hablando de un servicio auxiliar: es el dispositivo que monitoriza las medidas judiciales de alejamiento. Sin estos dispositivos, las fuerzas de seguridad no pueden comprobar si un maltratador ha quebrantado la orden. Sin datos fiables, los jueces no pueden condenar.

Qué exige el pliego

El Pliego de Prescripciones Técnicas de 2023 describe un servicio integral con cuatro pilares:

  1. Instalación, mantenimiento y retirada de dispositivos.
  2. Operación de un centro de control 24/7 en territorio español.
  3. Telecomunicaciones (voz y datos).
  4. Interoperabilidad con el sistema VioGén mediante servicios web SOAP, con histórico de datos consultable y mecanismos alternativos en caso de fallo de comunicación.

Además, exige medios humanos: una coordinadora general titulada, personal suficiente en turnos 24×7, operadores CRA, supervisores y jefaturas. Incluso se incluye en el pliego la foto salarial de la empresa saliente, con pluses modestos y sueldos ajustados, como muestra de la plantilla intensiva y frágil que sostiene el servicio.

Qué pasó en la práctica

En la última adjudicación, el Ministerio calculaba un coste de 1.200 € por dispositivo, pero la oferta ganadora lo rebajó a 696,34 €. Un 42 % menos. ¿Resultado? Vodafone y Securitas se llevaron el contrato, pero la transición fue un desastre:

  • Durante meses, no se pudo acceder a datos anteriores al 20 de marzo de 2024.
  • Juicios por quebrantamiento de medidas quedaron en nada: sobreseimientos, absoluciones, impunidad.
  • El centro de control sufrió sobrecarga de trabajo, plantillas al límite, rotaciones.
  • Las víctimas se quedaron con un dispositivo cuya fiabilidad estaba en entredicho, aumentando la ansiedad y la desconfianza en el sistema.

Y lo más grave: el pliego había previsto este riesgo. Exigía continuidad sin interrupciones, redundancias y un plan alternativo de recuperación de datos. Pero cuando el precio manda, esos requisitos se convierten en papel mojado.

Lo que revela el COMETA

El caso COMETA no es un fallo puntual: es el espejo de un modelo. Un servicio esencial, con riesgo vital, se adjudica al mejor postor y se gestiona con lógica de contrato mercantil. Lo que se pierde no es sólo fiabilidad técnica: es prueba judicial, es protección efectiva, es la confianza de las mujeres en que el sistema sirve para algo.

Estos no son puntos violetas en fiestas patronales ni campañas simbólicas: son servicios nucleares de protección y supervivencia.

Lo que exigen los pliegos y lo que callan

Los pliegos de licitación suelen presentarse como la gran garantía técnica y jurídica. En ellos se detallan las obligaciones del adjudicatario: personal especializado (psicología, trabajo social, educación social), funcionamiento 24 horas, coordinación con fuerzas de seguridad y justicia, infraestructuras seguras, manutención y apoyo integral.

Pero a la vez, esos mismos pliegos dejan en penumbra cuestiones decisivas:

  • No blindan la estabilidad de las plantillas: se contrata personal por la duración del contrato, con alta rotación y temporalidad.
  • No garantizan salarios dignos: aunque se reflejen tablas de referencia de la empresa saliente (art. 130 LCSP), nada impide que el nuevo adjudicatario ajuste costes en personal, el eslabón más débil.
  • No establecen métricas públicas de calidad: se piden informes y protocolos, pero sin indicadores claros de cumplimiento y con sanciones poco visibles o poco aplicadas.
  • No contemplan en serio la diversidad de perfiles: mujeres migrantes, con discapacidad, mayores, con hijas e hijos, requieren apoyos específicos que los pliegos apenas mencionan o dejan a la buena voluntad de la adjudicataria.

El resultado es un espejismo: sobre el papel parece sólido; en la práctica, el servicio se sostiene con personal precarizado, medios ajustados y un margen de error intolerable.

Lo que no funciona (más allá del titular)

Cuando miramos más allá de los titulares, las grietas estructurales saltan a la vista:

  • Cobertura desigual: en zonas rurales la atención es mínima o inexistente.
  • Migraciones mal planificadas: cambios de proveedor sin garantías de continuidad.
  • Carga de trabajo: plantillas escasas, precarizadas, con turnos interminables.
  • Preparación institucional insuficiente: falta coordinación real entre justicia, policía, servicios sociales.
  • Privatización como debilidad estructural: cada licitación introduce un riesgo nuevo; cada rebaja de precio erosiona la calidad; cada cambio de proveedor borra memoria institucional y continuidad.

El resultado es un ecosistema donde la fragilidad está incorporada de fábrica.

La privatización como grieta estructural

La externalización se nos vende como garantía de eficiencia y especialización. La realidad es otra:

  • Los proveedores cambian cada pocos años, forzando transiciones arriesgadas.
  • El personal se precariza, con contratos temporales, salarios bajos y rotación que impide continuidad en la atención.
  • La calidad se supedita al precio, porque una oferta barata pesa más que un plan sólido.
  • La transparencia se diluye, con controles internos poco exigentes y sin informes públicos claros sobre fallos y consecuencias.

Lo que debería ser una política pública estable y robusta se convierte en una ruleta de adjudicaciones. Y en esa ruleta, la ficha que se arriesga son vidas humanas.

Qué debería cambiar

Las soluciones no son un misterio:

  • Peso técnico mayor que el económico en los concursos, para que no gane quien recorta más, sino quien garantiza mejor.
  • SLA públicos y auditables: tiempos de respuesta, porcentajes de disponibilidad, tiempos máximos de recuperación de datos, penalizaciones automáticas si no se cumplen.
  • Ratios mínimos de personal y salarios garantizados en los pliegos, para que no se sostenga el servicio en base a explotación laboral.
  • Pruebas de transición obligatorias con auditor externo, antes de cada cambio de adjudicatario.
  • Doble vía probatoria: custodia de logs en repositorios públicos y judiciales, no sólo en servidores de la empresa privada.
  • Cobertura universal: exigencia de operatividad en zonas rurales con multioperador, sin excusas.
  • Transparencia radical: informes trimestrales de incidencias y comparecencias públicas cuando se superen umbrales de fallos.

Conclusión: vidas al mejor postor

El debate es de fondo: ¿qué puede dejarse en manos del mercado cuando hablamos de derechos fundamentales y vidas en juego?
La protección contra la violencia machista no puede ser una mercancía más, licitada como si se tratara de alquilar fotocopiadoras. Los pliegos pueden estar repletos de buenas intenciones, pero mientras se sigan adjudicando al precio más bajo, mientras se siga precarizando al personal y confiando la vida de miles de mujeres y criaturas a ofertas “temerarias”, el sistema seguirá fallando.

Lo que hoy se vende como ahorro es en realidad un coste altísimo: el coste de la impunidad, el coste de la revictimización, el coste de una justicia que absuelve porque el sistema tecnológico falló.

No es un fallo técnico: es un fallo político. Y hasta que no se asuma que la protección de vidas no se negocia en una subasta, seguiremos leyendo titulares que maquillan lo que en el fondo es una tragedia anunciada.