La violencia machista en España se enfrenta a un entramado de dispositivos y servicios de atención que deberían garantizar lo más básico: la vida y la seguridad de mujeres y menores. Hablamos de líneas telefónicas, casas de acogida, dispositivos telemáticos, centros de coordinación. Todos ellos forman parte de una red que, en teoría, debe sostener a quienes han sobrevivido a la violencia y necesitan protección urgente. Sin embargo, detrás de este engranaje late una realidad incómoda: muchos de estos servicios no están gestionados directamente por el Estado, sino que se externalizan mediante contratos de licitación a empresas privadas o entidades del tercer sector. Se adjudican a quienes “ganan” el concurso, generalmente ofreciendo un precio más bajo que la competencia. Y ahí surge la grieta fundamental: ¿puede un servicio que decide si una mujer está viva mañana o no ser tratado como un contrato mercantil más, donde prima la rebaja [...]