Cada vez que leemos un titular como el de la mujer gravemente agredida por su expareja en Ibiza recientemente, un caso más que se suma a una lista que no deja de crecer, se activa el mismo ritual mediático e institucional: consternación, minuto de silencio, declaración de condena y, casi siempre, una frase que hiela la sangre: “La víctima tenía orden de protección”. Y entonces surge la pregunta que nadie quiere formular en voz alta: ¿qué estamos haciendo mal? Porque no se trata de un caso aislado. No es una anomalía estadística. En los últimos años, distintos asesinatos machistas en España han tenido un elemento común profundamente perturbador: la existencia previa de una orden de protección o medidas judiciales en vigor. Y, sin embargo, la mujer fue igualmente asesinada. El papel existía. La firma judicial estaba. La prohibición de acercamiento constaba. El resultado fue el mismo. No es [...]