Víctimas de primera y de segunda: memoria histórica, violencia de género y la incoherencia obscena del Estado

España vuelve a mirarse al espejo de su pasado con gesto grave y palabras solemnes. Memoria, reparación, dignidad, justicia. En los últimos días, Podemos ha reclamado que se reconozca como víctimas a las mujeres recluidas en el Patronato de Protección a la Mujer, una institución represiva del franquismo que castigó, encerró y sometió a miles de mujeres por no ajustarse al ideal moral de la dictadura. La demanda incluye reparación simbólica, jurídica y económica. Y es justa. Nadie con un mínimo de honestidad democrática puede negarlo.

Pero mientras el Estado se muestra dispuesto, al menos en el discurso, a reparar las violencias del pasado, sigue negando hoy el reconocimiento y los derechos a miles de mujeres víctimas de violencia de género. No por falta de ley. No por falta de marco jurídico. Sino por decisiones administrativas, criterios arbitrarios y una preocupante deriva regresiva que convierte la protección en excepción y la sospecha en norma.

No estamos ante una contradicción menor. Estamos ante una incoherencia estructural que revela qué víctimas importan, cuándo y a qué precio.

El Patronato franquista: violencia reconocida, víctimas creídas

El Patronato de Protección a la Mujer fue una herramienta de control, castigo y disciplinamiento femenino. Mujeres jóvenes, madres solteras, pobres, rebeldes, “descarriadas” según la moral franquista, fueron internadas sin juicio, privadas de libertad, obligadas a trabajar, separadas de sus hijos y sometidas a una violencia institucional sistemática. Hoy, décadas después, se reclama que el Estado asuma su responsabilidad y repare.

Y es correcto hacerlo. El reconocimiento de estas mujeres como víctimas no solo es legítimo, es necesario para una democracia que quiera llamarse así. Nadie les exige hoy pruebas individuales imposibles. Nadie cuestiona su relato. Nadie les dice que “no encajan” en un formulario.

Ahora bien, ¿por qué ese mismo Estado niega hoy el reconocimiento como víctimas a mujeres que sufren violencia de género en el presente?
¿Por qué se acepta sin discusión la violencia estructural del pasado, pero se pone en duda la del ahora?

La acreditación de víctima de violencia de género: el filtro que excluye

En España, no basta con ser víctima de violencia de género para ser reconocida como tal. El acceso a derechos no depende solo de la ley, sino de una acreditación administrativa que se ha convertido en un auténtico muro.

Para obtener esa acreditación, imprescindible para acceder a derechos laborales, sociales y económicos, se exigen:

• Sentencia judicial condenatoria.
• U Orden de protección en vigor.
• O informe del Ministerio Fiscal.
• O informes de servicios sociales especializados.

Sobre el papel puede parecer razonable. En la práctica, deja fuera a miles de mujeres y convierte la protección en una carrera de obstáculos que muchas no pueden superar.

Esto deja fuera a miles de mujeres que:

• Han denunciado violencia de género y han visto su causa archivada, pese a existir indicios.
• No han obtenido una orden de protección porque el riesgo fue infravalorado.
• Han sufrido violencia psicológica prolongada, difícil de probar en los términos que exige el sistema.
• Denunciaron tarde, cuando el daño ya era profundo pero las pruebas materiales escasas, algo habitual en contextos de miedo, dependencia y control.

Pero hay un supuesto aún más grave, y mucho menos visibilizado:

• Mujeres que sí cuentan con sentencia condenatoria firme contra su agresor, pero a las que se les niega la acreditación administrativa porque:
  • La orden de protección ya no está en vigor.
  • La condena ya ha sido cumplida.
  • O ha pasado “demasiado tiempo” desde los hechos, según el criterio discrecional de la administración que debe emitir la acreditación.

Este último escenario no es un error técnico. Es una decisión política y administrativa que contraviene directamente la Ley Orgánica 1/2004.

Cuando la administración desobedece la ley

La Ley Orgánica 1/2004 no establece que una mujer deje de ser víctima cuando cesa una medida judicial o cuando el agresor cumple condena. La violencia de género es reconocida por la ley como una violencia estructural, con efectos duraderos en la vida de las mujeres.

Negar la acreditación a una mujer con sentencia condenatoria firme porque “ya no hay orden de protección” es vaciar de contenido la ley, romper el principio de seguridad jurídica y reescribir los derechos desde un despacho administrativo.

La víctima no deja de ser víctima porque el agresor haya cumplido condena.
Lo que desaparece, en estos casos, es la voluntad institucional de garantizar derechos.

Este uso discrecional de la acreditación convierte el acceso a derechos en una lotería territorial e ideológica, dependiente de la interpretación de la administración de turno. Eso no es gestión pública: es violencia institucional.

Reparación histórica sí, derechos presentes no

Aquí es donde la incoherencia se vuelve obscena.

El Estado reconoce que debe reparar a las mujeres del Patronato franquista porque falló en protegerlas. Pero se niega a asumir su responsabilidad actual cuando deja desprotegidas a las víctimas de violencia de género.

No se trata de enfrentar unas víctimas con otras. Se trata de señalar que el sistema es más generoso con las víctimas del pasado que con las del presente, porque reconocer a las primeras no obliga a transformar el ahora.

El retroceso: cuando proteger deja de ser prioridad

Este contexto no es casual. Coincide con un retroceso evidente en los derechos de las mujeres y en la protección frente a la violencia de género:

• Discursos políticos que cuestionan la existencia misma de la violencia machista.
• Intentos de vaciar de contenido las leyes de igualdad.
• Criminalización del feminismo.
• Recortes encubiertos en recursos de atención y acompañamiento.
• Endurecimiento de los requisitos para acceder a derechos.
• Normalización del relato de la sospecha hacia las víctimas.

El mensaje es claro: otra vez hay que demostrar que se merece ser protegida. Otra vez se traslada la carga de la prueba a quien ya ha sido violentada. Otra vez se prioriza el control del gasto y el orden administrativo frente a los derechos humanos.

Esto no es neutral. Es una forma de violencia institucional que perpetúa la desigualdad y el silencio.

La pregunta que nadie quiere responder

Si el Estado reconoce hoy que fue responsable de la violencia ejercida contra las mujeres del Patronato franquista, ¿por qué no reconoce su responsabilidad cuando hoy incumple su propia ley y deja fuera a víctimas de violencia de género?

¿De qué sirve hablar de memoria democrática si se practica el abandono institucional?
¿De qué sirve la reparación simbólica si se niega la reparación material?
¿De qué sirve reconocer a unas víctimas mientras se expulsa a otras del sistema?

Mientras una mujer con sentencia condenatoria firme no pueda presentarse a una oposición por el cupo reservado a víctimas porque una administración decidió que “ya no procede”, todo discurso institucional sobre igualdad es, como mínimo, papel mojado.

Sin coherencia no hay justicia

El reconocimiento de las mujeres del Patronato franquista es necesario. Pero hacerlo mientras se niegan derechos a las víctimas actuales de violencia de género es un ejercicio de hipocresía política.

No hay memoria sin derechos presentes.

No hay reparación sin coherencia.

No hay justicia cuando el Estado elige a qué víctimas creer.

Y mientras se siga utilizando la acreditación como herramienta de exclusión, el problema no será la falta de leyes, sino la falta de voluntad de cumplirlas.

Porque una democracia que honra a las víctimas del pasado, pero abandona a las del presente, no ha aprendido nada.