La Iglesia católica española vuelve a presentarse ante la sociedad como autoridad moral. Habla de familia, sexualidad, matrimonio, identidad de género y modelos de convivencia. Decide qué comportamientos considera dignos, cuáles califica como desordenados y cuáles sitúa directamente bajo la sombra del demonio.

Sin embargo, mientras señala con el dedo a las mujeres y a las personas LGTBIQ+, continúa sin asumir plenamente la magnitud de los abusos sexuales cometidos dentro de sus propias estructuras.

Hay que decirlo con claridad: el “pecado de Satán” no es que las personas LGTBIQ+ reivindiquen su existencia, sus derechos y su dignidad. El pecado, si queremos emplear el lenguaje elegido por la propia jerarquía eclesiástica, es abusar sexualmente de menores, de mujeres y de personas vulnerables. Es utilizar la autoridad religiosa, la confianza, la dependencia emocional o la posición de poder para someterlas. Es encubrir a los responsables, trasladarlos, desacreditar a las víctimas y proteger durante décadas la reputación de la institución.

El pecado es predicar moral mientras se esconde la violencia bajo las alfombras de las sacristías.

Y, precisamente por todo ello, resulta difícilmente justificable que el Ayuntamiento de Zaragoza haya decidido incorporar parroquias católicas a una red de supuestos “espacios seguros” para mujeres víctimas de violencia machista.

Una condena de 52 años que obliga a mirar a la institución

La Audiencia Provincial de Málaga ha condenado al sacerdote Francisco Javier Ruiz Vicente, conocido como el padre Fran, a un total de 52 años de prisión por delitos sexuales cometidos contra cuatro mujeres adultas. La sentencia todavía no es firme.

Según la resolución, el sacerdote se aprovechaba de relaciones de amistad y confianza con las víctimas. Les suministraba una sustancia que les provocaba una intensa somnolencia o la pérdida de conciencia y, en ese estado, cometía los abusos sexuales. El tribunal lo ha condenado por tres delitos continuados de abuso sexual con penetración y por otro delito continuado de abuso sexual, todos ellos agravados por el abuso de confianza. También ha sido condenado por delitos de descubrimiento y revelación de secretos.

No estamos hablando de un desconocido que atacaba en un callejón. Hablamos de un sacerdote que utilizaba su proximidad, su ascendencia y la confianza generada para acceder a las víctimas. La confianza no fue un elemento accidental: fue el instrumento que facilitó la violencia.

La sentencia establece indemnizaciones para las cuatro mujeres y declara la responsabilidad civil subsidiaria del Obispado de Málaga. Esta circunstancia es especialmente relevante porque impide presentar los hechos exclusivamente como la conducta aislada de un individuo desconectado de la estructura en la que ejercía su autoridad.

Las instituciones no son responsables penalmente de todos los delitos cometidos por quienes forman parte de ellas. Pero sí tienen una responsabilidad política, ética, organizativa y, en determinados casos, civil cuando proporcionan posición, autoridad, acceso y credibilidad a quien después utiliza ese poder para agredir.

El padre Fran no es “la Iglesia” en su totalidad, pero tampoco era un ciudadano cualquiera. Era sacerdote. Su condición generaba confianza. Le permitía entrar en la intimidad de otras personas revestido de respetabilidad moral. Esa posición institucional importa y no puede borrarse cada vez que aparece un nuevo caso.

No son hechos aislados: existe un problema estructural

Durante décadas, la respuesta habitual de la Iglesia católica ante cada nuevo caso ha consistido en describirlo como una excepción, una desviación personal o una conducta incompatible con la institución. Sin embargo, cuando las excepciones se repiten durante décadas, en numerosos países, diócesis, congregaciones, colegios y centros religiosos, dejan de ser excepciones.

El informe encargado al Defensor del Pueblo por el Congreso de los Diputados investigó los abusos sexuales cometidos en el ámbito de la Iglesia católica y el papel desempeñado por los poderes públicos. Su elaboración fue acordada por el Congreso en marzo de 2022 y culminó en un amplio trabajo de recopilación de testimonios, análisis institucional y formulación de recomendaciones.

La encuesta incluida en aquella investigación estimó que un 1,13 % de la población adulta española había sufrido abusos sexuales durante su infancia en un ámbito religioso, porcentaje que equivaldría aproximadamente a 440.000 personas. Dentro de ese porcentaje, alrededor de 233.000 habrían señalado como agresor a un sacerdote o religioso. Estas cifras proceden de una extrapolación estadística y no deben confundirse con denuncias judiciales individualizadas, pero dibujan una dimensión social imposible de reducir a unos pocos casos excepcionales.

La gravedad no se limita al número de agresores. El problema estructural aparece también en las respuestas institucionales: silencios, traslados, investigaciones internas, prescripciones, archivos canónicos, falta de colaboración, indemnizaciones tardías y procedimientos que muchas víctimas han vivido como una nueva forma de maltrato.

En abril de 2026 se puso en marcha un sistema de reconocimiento y reparación para víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica, dentro del protocolo firmado entre el Gobierno, la Conferencia Episcopal Española, la Conferencia Española de Religiosos y el Defensor del Pueblo. Que haya sido necesario crear este mecanismo demuestra que la deuda con las víctimas sigue abierta.

Además, los abusos dentro de la Iglesia no afectan exclusivamente a menores. En julio de 2026 se conoció que el Vaticano había abierto una investigación preliminar sobre el cardenal español Cristóbal López Romero, arzobispo de Rabat, por acusaciones relativas a conductas sexuales inapropiadas hacia varias mujeres adultas. El cardenal ha negado haber cometido agresión, violencia o acoso y, por el momento, no consta una denuncia ante los tribunales marroquíes. Por tanto, debe respetarse su presunción de inocencia. Pero la existencia de la investigación recuerda que las relaciones de poder eclesiástico también pueden afectar a mujeres adultas y que el problema no se circunscribe a la pederastia.

La obscenidad de dar lecciones morales

En este contexto, las declaraciones del presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, no pueden considerarse una simple reflexión teológica sin consecuencias.

Argüello se refirió al orgullo como “el pecado de Satán” durante una intervención en la que cuestionó las políticas y reivindicaciones relacionadas con las personas LGTBIQ+. Sus palabras provocaron una fuerte controversia pública y críticas desde el Gobierno.

Conviene recordar algo elemental: el Orgullo LGTBIQ+ no nació para ensalzar la soberbia. Nació como respuesta a la persecución, la criminalización, la discriminación y la violencia. Es una reivindicación de derechos y dignidad frente a siglos de ocultamiento, castigo y exclusión, también promovidos o legitimados por instituciones religiosas.

La Iglesia puede sostener sus convicciones doctrinales dentro del respeto a la legalidad. Lo que no puede pretender es seguir ocupando una posición de superioridad moral desde la que estigmatiza a colectivos enteros mientras responde con lentitud, ambigüedad o resistencia ante los abusos cometidos en su interior.

Hablar de Satán para referirse al orgullo LGTBIQ+ mientras todavía existen víctimas reclamando verdad, justicia y reparación no es solo una desafortunada elección de palabras. Es una inversión moral obscena.

El pecado no es que dos personas del mismo sexo se amen.

El pecado no es que una persona trans reclame vivir sin ser perseguida.

El pecado no es que una mujer se divorcie para escapar de un maltratador.

El pecado es aprovechar una posición de autoridad para violar.

El pecado es drogar a una mujer para anular su voluntad.

El pecado es grabarla sin consentimiento.

El pecado es obligar a una víctima a explicar una y otra vez lo sucedido mientras la institución calcula el impacto reputacional y económico de reconocerla.

El pecado es mantener una estructura que excluye a las mujeres de sus espacios fundamentales de poder y, al mismo tiempo, presentarse como experta en la atención a la violencia que ese mismo orden patriarcal ayuda a perpetuar.

Zaragoza: sustituir especialización por parroquias

El Ayuntamiento de Zaragoza y la Archidiócesis firmaron en mayo de 2026 un convenio para incorporar parroquias a la red municipal de “espacios seguros” frente a la violencia machista. La finalidad declarada es que las iglesias puedan actuar como lugares de primera acogida, detección, orientación y posterior derivación a los servicios profesionales.

El Ayuntamiento sostiene que las parroquias son espacios cercanos a la población y especialmente accesibles para mujeres mayores de 65 años y mujeres migrantes. También afirma que sacerdotes y voluntariado recibirán formación del Servicio de Igualdad sobre escucha, impacto psicológico de la violencia y protocolos de actuación ante situaciones de riesgo o urgencia.

Las primeras iglesias incorporadas a la iniciativa fueron Nuestra Señora de Montserrat, San Lamberto, Santa Engracia, San José de Pignatelli, la Sagrada Familia, Belén, Santa Rita y Santa Ana.

El problema no es que una parroquia llame a la Policía si entra una mujer huyendo de una agresión. Cualquier establecimiento, entidad o persona debe auxiliarla. Tampoco se cuestiona que existan creyentes, voluntarias o comunidades religiosas sinceramente comprometidas con ayudar.

Lo que se cuestiona es la conversión política e institucional de una confesión religiosa en agente de la red municipal de atención a víctimas. No es lo mismo prestar auxilio que ser reconocido formalmente como punto de referencia para mujeres sometidas a violencia.

Una víctima no necesita solo buena voluntad. Necesita escucha especializada, confidencialidad, evaluación del riesgo, conocimiento jurídico, intervención psicológica, perspectiva de género, información sobre recursos, autonomía para decidir y ausencia absoluta de juicios morales.

Un curso de formación no convierte a un sacerdote o a una persona voluntaria en profesional de la violencia de género. Del mismo modo que un taller de primeros auxilios no convierte a nadie en médico, unas horas de formación no proporcionan la experiencia necesaria para intervenir ante una víctima que puede encontrarse en peligro extremo.

Una institución patriarcal no es un espacio neutral

La Iglesia católica no es una organización neutral en relación con la familia, el matrimonio, el divorcio, la maternidad, la sexualidad o la posición social de las mujeres. Posee una doctrina determinada y una estructura jerárquica reservada a los hombres.

Las mujeres no pueden ser ordenadas sacerdotes. No pueden acceder en igualdad de condiciones a los principales ámbitos sacramentales y de gobierno. La autoridad doctrinal, territorial y pastoral continúa concentrada fundamentalmente en hombres célibes.

Por eso resulta legítimo preguntar: ¿quién recibirá a una mujer maltratada en una parroquia? ¿Quién evaluará lo que necesita? ¿Qué formación real tendrá? ¿Qué concepto manejará sobre el matrimonio, la separación, el divorcio, la denuncia o la custodia de las criaturas?

La doctrina católica sostiene la indisolubilidad del matrimonio sacramental. Es cierto que la Iglesia admite la separación física cuando existe peligro grave y que no todos los sacerdotes recomendarían a una mujer permanecer junto a un agresor. Sería injusto afirmar que todos actuarían del mismo modo.

Pero el problema no se resuelve examinando la buena voluntad individual de cada párroco. Los servicios públicos no pueden depender de que a una víctima le corresponda una persona más abierta, más conservadora, más preparada o más sensible. La protección debe estar garantizada por protocolos profesionales, derechos exigibles, supervisión pública y personal especializado.

Una mujer maltratada no puede quedar expuesta a interpretaciones religiosas sobre el perdón, la reconciliación, la culpa, el sacrificio, la familia o el deber conyugal. Incluso una sugerencia aparentemente bienintencionada puede reforzar la dependencia emocional y retrasar una salida segura.

Como ya manifestó Somos Más al denunciar este convenio, cabe preguntarse qué recomendará un sacerdote a una víctima: si denunciar y abandonar al maltratador o tener paciencia, rezar y preservar el matrimonio. La preocupación no surge de un prejuicio inventado, sino de una historia en la que muchas mujeres fueron invitadas a soportar la violencia doméstica en nombre de la familia, la obediencia o el compromiso matrimonial.

No todas las confesiones son espacios adecuados de atención

Este debate no puede reducirse a un conflicto exclusivo con la Iglesia católica. Ninguna confesión religiosa debería convertirse, por su condición religiosa, en punto institucional de atención a víctimas de violencia de género.

Una comunidad católica, evangélica, musulmana, judía o perteneciente a cualquier otra religión puede colaborar difundiendo los recursos públicos, formando a sus integrantes para detectar señales de violencia y comunicando inmediatamente cualquier situación de riesgo. También puede facilitar espacios físicos a profesionales cualificadas.

Lo que no debe hacer es sustituirlos.

La pertenencia religiosa puede ser una fuente importante de apoyo emocional para algunas mujeres. Para otras, sin embargo, puede ser un factor de presión, aislamiento o dependencia. Algunas víctimas temen ser juzgadas por divorciarse, denunciar al marido, mantener relaciones fuera del matrimonio, ejercer libremente su sexualidad o apartar a sus hijos e hijas de determinados entornos familiares.

Las mujeres migrantes, señaladas por el Ayuntamiento como uno de los colectivos a los que se pretende llegar mediante las parroquias, pueden encontrarse en situaciones de especial vulnerabilidad administrativa, económica y comunitaria. Precisamente por eso necesitan recursos independientes que no condicionen la ayuda a una pertenencia, una creencia o una autoridad comunitaria.

La atención pública debe ser laica no porque la fe sea necesariamente perjudicial, sino porque la neutralidad religiosa protege la libertad de todas. Una mujer puede acudir después a su sacerdote, pastora, imán o referente espiritual si así lo desea. Pero la puerta institucional de entrada debe estar libre de doctrina y ser atendida por profesionales.

La contradicción municipal

La decisión del Ayuntamiento resulta todavía más cuestionable por el contexto político en el que se produce.

El Gobierno municipal eliminó los denominados Puntos Violeta tal como venían desarrollándose y, posteriormente, incorporó parroquias a la red de espacios seguros. Esta sucesión transmite un mensaje político: se debilita o desacredita un instrumento identificado con las políticas feministas mientras se concede legitimidad institucional a una estructura religiosa profundamente jerarquizada y masculina.

Cuando organizaciones feministas, expertas y asociaciones de víctimas cuestionaron el convenio, la alcaldesa Natalia Chueca las calificó de “sectarias”. Esa respuesta evita el debate de fondo. No se está diciendo que una mujer creyente no pueda pedir ayuda en una parroquia. Se está preguntando por qué una administración pública considera adecuada a una institución religiosa para una función que exige especialización profesional.

Las víctimas y las organizaciones que trabajan con ellas no deben ser tratadas como un obstáculo ideológico. Su experiencia debería ser el primer criterio para diseñar cualquier recurso.

Zaragoza no necesita sacerdotes convertidos de forma improvisada en agentes de primera atención. Necesita reforzar la Casa de la Mujer, los servicios sociales, la atención psicológica, los recursos de emergencia, el acompañamiento jurídico y las asociaciones especializadas. Necesita personal estable, financiación suficiente y dispositivos accesibles en todos los barrios.

También necesita contar con las organizaciones formadas por mujeres sobrevivientes. No tiene sentido que se institucionalice como interlocutora a una estructura eclesiástica mientras se ignora o se mantiene al margen a quienes conocen la violencia machista desde la experiencia, la formación y años de acompañamiento.

La ayuda no puede depender de la fe

La Iglesia católica tiene derecho a participar en la sociedad civil, expresar sus opiniones y desarrollar labores sociales. Pero no tiene derecho a presentarse como espacio incuestionablemente seguro cuando sigue arrastrando una crisis de abusos sexuales, encubrimientos y reparación insuficiente.

Antes de ofrecerse como referente moral para las mujeres víctimas de violencia, debería abrir sus archivos, colaborar sin reservas con la justicia, reconocer a todas las víctimas, reparar el daño causado y revisar unas estructuras de poder que siguen excluyendo a las mujeres.

Y antes de incorporar parroquias a sus políticas públicas, el Ayuntamiento de Zaragoza debería explicar por qué considera preferible capacitar a sacerdotes y voluntariado en lugar de ampliar los servicios profesionales especializados.

La protección de las mujeres no puede convertirse en una operación de imagen ni en una oportunidad para rehabilitar institucionalmente a una confesión religiosa.

Una iglesia puede abrir la puerta cuando alguien pide auxilio. Eso es humanidad.

Otra cosa muy distinta es que la Administración la convierta en un punto de atención a víctimas. Eso es una decisión política.

Y es una decisión equivocada.

Porque una víctima de violencia machista no necesita que le hablen de pecado. Necesita derechos.

No necesita que le recuerden el carácter indisoluble del matrimonio. Necesita saber cómo salir con seguridad.

No necesita resignación, reconciliación ni obediencia. Necesita acompañamiento profesional, autonomía y protección.

No necesita una institución que decida por ella cuál debe ser su modelo de familia o de vida. Necesita una red pública, laica, feminista y especializada que la crea, la escuche y no la juzgue.

El orgullo no es el pecado.

El pecado son los abusos.

El pecado es el encubrimiento.

El pecado es el silencio.

Y también lo es utilizar a las víctimas para lavar la imagen de una institución que todavía no ha rendido todas las cuentas que les debe.