Ella es otra madre separada de su hijo, otra víctima de violencia vicaria y se queja de las instituciones de su país, España; asegura que en ninguna instancia se le ha hecho justicia ni a ella ni a su hijo. Desde que se separó de su pareja, ha pasado de ser víctima de violencia de género a ser víctima de violencia institucional.

En 2019, Carmen (nombre ficticio) fue denunciada por malos tratos contra su hijo, el niño tenía 13 años y acudió a comisaría acompañado de su padre. «A pesar de que la investigación concluyó que la denuncia no era cierta, que se demostró que yo nunca le he pegado a mi hijo y, a pesar, de que no tengo impedimento legal para verlo, me impiden hacerlo o tener cualquier tipo de contacto con él. Ya no tengo ni su número de teléfono. Su padre no permite ninguna relación conmigo ni con el resto de familia materna. Además, durante todo este tiempo lo ha puesto en mi contra».

El informe sobre la situación socio-familiar, realizado a pedido del juzgado a cargo de la denuncia por malos tratos de Carmen a su hijo, concluye que el padre aprovechando posibles errores de la madre en cómo corregir al niño, ha ejercido «cierta instrumentalización», poniéndolo en su contra; deducen esto porque el niño, al ser entrevistado por los especialistas, manifiesta que prefiere estar con su padre porque «ella no le deja hacer lo que quiere», manifiesta también que su padre le ha dicho que «con 12 años ya puede elegir vivir con él».

En 2021 y como las visitas a su hijo eran imposibles, Carmen solicitó poder verlo en un Punto de Encuentro Familiar (PEF) donde las visitas se realizan bajo supervisión profesional, la medida le fue otorgada por 6 meses. Ella pretendía retomar la relación con su hijo de manera paulatina, explicarle que sufre su ausencia, hacerle recordar que nunca le hizo daño; pero tampoco le ha sido posible, porque las visitas no se han cumplido aunque habían sido ordenadas «vía proceso judicial de ejecución forzosa».

Las visitas en el PEF debían generar informes, el último es de finales de enero de este año y señala que desde octubre de 2021 a la fecha sólo se realizó la primera visita de las pactadas. El informe también señala que el padre contesta en tono retador a los trabajadores sociales diciéndoles que él no puede hacer nada si su hijo no quiere ver a su madre, que si ellos «van empujarlo para entrar o le van a pegar como hacía ella, o si piensan llamar a la policía si no obedece».

La historia de Carmen lamentablemente ocurre con demasiada frecuencia, porque la violencia vicaria es una de las peores violencias de género y aunque en España está contemplada en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, al no estar penada por ley aún es invisible para muchas y muchos operadores de justicia que siguen utilizando el inexistente síndrome de alienación parental (SAP) para justificar arrancar hijos del lado de sus madres.

La defensa de Carmen hace notar que su expareja, sin ningún derecho y contraviniendo todas las sentencias, se ha arrogado la patria potestad del hijo de ambos. También hace notar la disparidad de la justicia española en los procesos de familia dependiendo de cuál de los progenitores sea el que incumple el régimen de visitas: «[…] la cárcel en el caso de la progenitora y permisividad en caso del progenitor».

A la cárcel podemos sumar la pérdida de custodia de hecho o porque la justicia así lo decide, como es el caso de Carmen y de muchas otras.

Si somos nosotras las que protegemos a nuestras hijas e hijos de padres maltratadores, violadores, abusadores y agresivos, todo el peso de la ley descarga su furia sobre nuestras cabezas poniendo en marcha la maquinaria y arrebatándonos a nuestras criaturas. En la mayoría de ocasiones, para entregarlas a los mismos quienes las maltratan y abusan. Pero ojo, si los maltratadores nos arrebatan a nuestras hijas e hijos, y se niegan a devolvérnoslos… Porqué entonces la ley no actúa de la misma forma y con la misma dureza para con ellos?

¿Porqué no les obliga a darnos a nuestras criaturas utilizando la misma maquinaria que nos destroza la vida a nosotras, sus madres? ¿Porqué esos agravios comparativos?

Juana Rivas: encarcelada por esconder a sus hijos del padre al que denunció por violencia de género. Hijos que le han sido arrebatados y entregados al padre. Ella ha estado encarcelada.

Irune Costumero: en 2017 le retiraron la custodia de su hija dándole la custodia exclusiva a su expareja ya que la condenaron por ejercer el inexistente SAP. La niña no quería ir con el padre porque la menor decía que la maltrataba.

Diana García: perdió la custodia de su hija en favor de su expareja porque fue acusada y condenada por inexistente SAP. No tuvieron en cuenta que ese hombre estaba denunciado por abuso sexual a la menor.

María Salmerón: lleva décadas luchando por un indulto, tan sólo por proteger a su hija de un padre maltratador, que tenía que haber entrado en la cárcel por los maltratos a María, pero sin embargo a la que piden cárcel es a ella, por negarse a que su hija se fuera con él, cuando la niña empezó a no querer irse a las visitas. Hoy, la hija de María es adulta, y sin embargo su madre sigue esperando un nuevo indulto.

Y muchas más mujeres que siguen en el anonimato, con situaciones iguales, parecidas o incluso peores.

Mujeres que siguen siendo víctimas de violencia vicaria, de violencia institucional además de las violencias machistas que han sufrido durante sus relaciones con los maltratadores. Mujeres que por querer proteger a sus hijas e hijos, son encarceladas y sus criaturas arrebatadas de sus brazos de las formas más crueles que existen. Mujeres que son castigadas por la justicia por ser madres protectoras, madres luchadoras, madres leonas, madres que anteponen la seguridad y felicidad de sus criaturas a todo lo demás.

Basta ya de proteger al maltratador, al abusador, al violador, al delincuente. Hasta la ONU ha apercibido a nuestro país en varias ocasiones por dejar que se utilice el falso SAP en los juzgados, no tomar en cuenta las denuncias que tiene el maltratador y seguir mirando por la figura del páter familias en vez de por las víctimas, mujeres y criaturas.

¿Hasta cuándo vamos a seguir consintiendo éstas barbaridades?
¿Hasta cuándo va a seguir orbitando y tomando importancia todo alrededor de la figura del maltratador, sólo por ser hombre?
¿Hasta cuándo se van a seguir pisoteando los derechos de las madres, pero sobre todo, de las niñas y niños?
¿Hasta cuándo se va a seguir sin escuchar a las criaturas, que tienen muchísimo que decir en esto??
¿Hasta cuándo va a seguir el sistema sin cambiar?