Una pulsera telemática colocada a un maltratador no es un reloj, una aplicación ni un dispositivo tecnológico cualquiera. Forma parte de una medida judicial destinada a impedir que un agresor se acerque a una mujer y, por tanto, detrás de cada señal, cada batería y cada dato de geolocalización existe algo bastante más importante que el correcto funcionamiento de una máquina: existe una persona que confía en ese sistema para sentirse más segura.

Por eso las conclusiones publicadas por el Tribunal de Cuentas sobre el sistema de seguimiento telemático de las medidas de alejamiento merecen una atención especial. El organismo ha fiscalizado los contratos celebrados por el Ministerio de Igualdad en 2018, 2021 y 2023 y ha detectado problemas en la contratación, en la transición entre empresas adjudicatarias y, especialmente, en la ejecución del contrato de 2023.

El propio Tribunal utiliza una expresión que deja poco espacio para minimizar lo ocurrido: hubo «graves deficiencias» durante prácticamente toda la vigencia de ese contrato que, aunque posteriormente fueron resueltas, comprometieron la efectividad del servicio durante una parte del periodo fiscalizado.

Y cuando hablamos de proteger a mujeres frente a agresores sujetos a una orden judicial de alejamiento, «comprometer la efectividad» del sistema es algo que debería preocuparnos a todos.

¿Para qué sirven realmente las llamadas pulseras antimaltrato?

Popularmente hablamos de «pulseras antimaltrato», aunque en realidad forman parte de un sistema bastante más amplio. Su función es controlar telemáticamente el cumplimiento de las prohibiciones de aproximación impuestas judicialmente en casos de violencia de género y violencia sexual.

El sistema permite conocer la posición del investigado, encausado o condenado y relacionarla con la posición de la víctima para detectar posibles aproximaciones indebidas. El Centro COMETA funciona las 24 horas del día durante los 365 días del año y gestiona las incidencias relacionadas con estos dispositivos.

No estamos hablando, por tanto, únicamente de vigilar a un agresor.

El sistema pretende proporcionar seguridad a la víctima, disuadir al agresor y dejar constancia de posibles quebrantamientos de las medidas judiciales.

Precisamente por eso su fiabilidad no puede tratarse como una característica deseable. Tiene que ser una exigencia básica.

Fallos de geolocalización, baterías y problemas de funcionamiento

Las conclusiones del Tribunal de Cuentas van mucho más allá de una incidencia puntual.

Según el informe, durante la ejecución del contrato de 2023 se produjeron problemas relacionados con la fiabilidad de los dispositivos, interrupciones del servicio, errores de geolocalización, deficiencias en las baterías y retrasos en las reparaciones.

Entre los problemas detectados existe uno especialmente preocupante: los errores de geolocalización llegaron a permitir el acercamiento de agresores a las víctimas.

Una auditoría tecnológica externa encargada por el Ministerio de Igualdad en noviembre de 2025 corroboró además vulnerabilidades críticas en los dispositivos.

Cuando trasladamos estas conclusiones desde el lenguaje administrativo hasta la realidad cotidiana de una víctima, resulta mucho más sencillo comprender su gravedad.

Una mujer que lleva un dispositivo asociado al sistema no debería tener que preguntarse si la batería tiene suficiente autonomía, si la localización es correcta o si una incidencia técnica impedirá detectar adecuadamente que el agresor se está acercando.

Ella ya tiene suficientes motivos para preocuparse.

123 requerimientos judiciales pendientes

El Tribunal de Cuentas también ha identificado problemas relacionados con algo menos visible que una pulsera, pero igualmente importante: los datos.

Los contratos de 2018 y 2021 no incluían un plan de transición que garantizara adecuadamente la continuidad del servicio en caso de cambio de adjudicatario. El contrato de 2023 tampoco lo contemplaba inicialmente y tuvo que modificarse posteriormente.

Cuando se produjo el cambio de empresa aparecieron problemas para acceder a información histórica proporcionada por la anterior adjudicataria.

La consecuencia fue que no pudieron atenderse 123 requerimientos judiciales pendientes.

El problema se mantuvo hasta octubre de 2024, cuando el Ministerio puso en marcha actuaciones para solucionarlo coincidiendo con un requerimiento de la Fiscalía.

Este aspecto es especialmente relevante porque demuestra que un sistema de protección no depende únicamente del dispositivo que vemos colocado en una muñeca o un tobillo. También depende de bases de datos, comunicaciones, contratos, protocolos de transición y coordinación entre empresas y administraciones.

Si cualquiera de esos elementos falla, las consecuencias pueden terminar llegando hasta un juzgado.

Cambiar de empresa no puede significar poner en riesgo la continuidad

Existe una enseñanza bastante evidente detrás de estos problemas.

Cuando una administración cambia la empresa encargada de prestar un servicio crítico, la transición tiene que estar prevista hasta el último detalle.

No estamos hablando de cambiar el proveedor de material de oficina de un ministerio. Estamos hablando de mantener operativo un sistema encargado de controlar órdenes judiciales de alejamiento.

Los dispositivos tienen que continuar funcionando, los datos deben conservarse, los profesionales necesitan acceder a la información y los juzgados tienen que poder solicitarla.

El Tribunal de Cuentas considera imprescindible disponer de planes de transición que garanticen la continuidad del servicio.

Resulta difícil discutir esa conclusión.

El precio no puede ser el criterio principal cuando hablamos de seguridad

Una de las conclusiones más importantes del informe debería servir para futuras contrataciones públicas.

El Tribunal de Cuentas considera que en este tipo de contratos la calidad del servicio debe prevalecer sobre el ahorro de costes.

Puede parecer una obviedad, pero merece ser repetida.

Cuando contratamos un sistema destinado a proteger a personas en situación de riesgo, la pregunta principal no debería ser cuánto podemos ahorrar, sino qué necesitamos para garantizar el máximo nivel posible de seguridad y fiabilidad.

Eso significa disponer de la mejor tecnología posible, sistemas de geolocalización fiables, suficiente autonomía, mantenimiento rápido, capacidad para sustituir dispositivos defectuosos y mecanismos que garanticen la continuidad del servicio incluso cuando cambia la empresa adjudicataria.

La eficiencia en el gasto público es necesaria.

Pero ahorrar dinero a costa de reducir la calidad de un sistema de protección puede terminar teniendo un precio que ninguna cuenta pública puede justificar.

También es importante explicar qué ocurrió y qué se ha corregido

Hablar de estas deficiencias exige también evitar otro extremo: transmitir a las mujeres que actualmente utilizan estos dispositivos la idea de que están completamente desprotegidas.

El informe del Tribunal de Cuentas analiza contratos anteriores, especialmente el de 2023, que permaneció vigente hasta mayo de 2026, y señala que las graves deficiencias detectadas fueron posteriormente resueltas. El organismo formula ocho recomendaciones al Ministerio de Igualdad para mejorar la contratación y el funcionamiento del servicio.

El Gobierno autorizó además en enero de 2026 una nueva contratación del sistema con un presupuesto base de licitación superior a 71 millones de euros y un valor máximo estimado de 111,1 millones si se utilizan las posibles prórrogas. Los nuevos pliegos incorporaron mejoras relacionadas con los dispositivos, el suministro, el mantenimiento y el almacenamiento.

Por tanto, explicar los fallos detectados no significa afirmar que el sistema actual esté funcionando exactamente como lo hacía durante todo el periodo fiscalizado.

Significa exigir que sepamos qué ocurrió, cómo se corrigió y qué mecanismos existen para evitar que vuelva a suceder.

La transparencia también protege

Existe otra dimensión que no deberíamos olvidar.

Cuando una mujer acepta utilizar un dispositivo de protección necesita confiar en el sistema. Si posteriormente conoce a través de los medios de comunicación que existieron problemas importantes de geolocalización, baterías, mantenimiento o gestión de datos, esa confianza puede verse afectada.

La respuesta no puede ser ocultar los problemas para evitar alarma.

La respuesta tiene que ser transparencia.

Explicar qué falló, durante cuánto tiempo, cuántas personas pudieron verse afectadas, qué consecuencias tuvo y qué medidas concretas se han adoptado para impedir que vuelva a ocurrir.

Reconocer un problema no debilita necesariamente un sistema público.

Corregirlo y explicarlo puede fortalecerlo.

No deberíamos convertir la seguridad de las mujeres en una discusión de trincheras

Este asunto corre además el riesgo de convertirse rápidamente en otra confrontación política.

Unos utilizarán el informe para atacar al Ministerio de Igualdad. Otros intentarán reducir su importancia para defender la gestión realizada.

Desde Somos Más creemos que existe una pregunta bastante más importante que cualquiera de esas dos posiciones:

¿Funcionó el sistema con el nivel de fiabilidad que merecían las mujeres a las que debía proteger?

El Tribunal de Cuentas ha documentado deficiencias relevantes y corresponde a las administraciones asumirlas, explicar las medidas adoptadas y garantizar que no vuelvan a producirse.

Exigir responsabilidades y mejoras no significa cuestionar la utilidad de los dispositivos telemáticos. Precisamente porque son herramientas importantes para la protección de las víctimas debemos exigir que funcionen correctamente.

Detrás de cada dispositivo hay una mujer

Las cifras, contratos y auditorías pueden hacernos olvidar fácilmente qué estamos analizando.

No hablamos simplemente de 102,6 millones de euros en contratos fiscalizados.

No hablamos solamente de baterías.

No hablamos únicamente de geolocalización.

Hablamos de mujeres que cuentan con una orden judicial de protección porque existe una situación de riesgo suficientemente grave como para controlar telemáticamente que otra persona no se acerque a ellas.

Cuando una mujer recibe uno de estos dispositivos, el Estado está transmitiéndole un mensaje: «vamos a ayudarte a mantener esa distancia de seguridad».

Ese compromiso exige algo más que entregar tecnología.

Exige que funcione.

Exige mantenimiento.

Exige profesionales suficientes.

Exige datos disponibles.

Exige contratos correctamente diseñados.

Exige supervisión.

Y cuando algo falla, exige reconocerlo y corregirlo.

Porque detrás de cada incidencia que aparece en un informe puede haber una mujer mirando su dispositivo y confiando en que, si el agresor vuelve a acercarse, alguien lo sabrá a tiempo.

Esa confianza no puede depender de una batería defectuosa, de una mala geolocalización o de un contrato mal planificado.