La pregunta está mal planteada si conduce a examinar a la mujer y deja al agresor fuera de plano. Cuando un hombre condenado por maltratar o asesinar a una mujer inicia una nueva relación y vuelve a ejercer violencia, la pregunta aparece casi de forma automática: ¿cómo pudo ella enamorarse de él sabiendo lo que había hecho?

La pregunta puede parecer razonable, pero encierra una trampa. Sitúa bajo sospecha la capacidad de juicio de la mujer y desplaza la atención desde quien decidió volver a ejercer violencia hacia quien acabó sufriéndola. Nos invita a analizar qué vio ella, qué ignoró, qué quiso creer o por qué no se alejó, cuando la cuestión principal debería ser otra: ¿cómo consigue un agresor condenado presentarse ante una nueva mujer como alguien rehabilitado, incomprendido, arrepentido o incapaz de repetir aquello que ya hizo?

No existe un tipo de mujer predestinada a convertirse en víctima. No hay una profesión, un nivel de estudios, una edad, una clase social o una personalidad que proporcione inmunidad frente a la manipulación y la violencia machista. La violencia atraviesa todos los estratos sociales porque no nace de una supuesta debilidad individual de las mujeres, sino de unas relaciones de poder que todavía enseñan a muchos hombres que tienen derecho a controlar, castigar y decidir sobre ellas.

Así lo reconoce la Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, que define esta violencia como una manifestación de la discriminación, de la situación de desigualdad y de las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres.

Puede ocurrirle a una mujer sin estudios y a una catedrática; a una mujer con dependencia económica y a otra con plena autonomía; a una adolescente y a una mujer adulta; a una psicóloga, una médica, una policía, una jueza o una abogada. Los conocimientos profesionales no convierten a nadie en invulnerable dentro de una relación afectiva. Saber identificar una dinámica desde fuera no significa reconocerla inmediatamente cuando se desarrolla, de forma gradual, en la propia vida.

El caso de José Javier Salvador: dos mujeres asesinadas

El caso recordado por El Periódico de Aragón obliga a mirar esta cuestión sin simplificaciones. José Javier Salvador Calvo fue condenado a 18 años de prisión por asesinar en 2003 a su esposa, Susana Patricia Maurel, de nueve disparos. Ella tenía 29 años, era madre de tres menores y encabezaba una candidatura municipal en La Puebla de Híjar.

Tras años en prisión y después de acceder progresivamente a un régimen de mayor libertad, Salvador asesinó en Zaragoza, en enero de 2019, a Rebeca Santamalia, la abogada que lo había defendido en aquel procedimiento. Después se suicidó arrojándose desde un viaducto de Teruel. Las informaciones publicadas entonces señalaron la existencia de una relación sentimental entre ambos.

No conocemos todos los detalles íntimos de aquella relación ni podemos reconstruir desde fuera qué pensó, qué supo, qué creyó o qué sufrió Rebeca Santamalia. Convertir su asesinato en una investigación retrospectiva sobre sus decisiones sería injusto y profundamente revictimizante. Lo que sí sabemos es que el hombre que había asesinado a su esposa volvió a matar a otra mujer con la que mantenía un vínculo.

La conclusión no debería ser que, por ser abogada y conocer los antecedentes del condenado, “tenía que haberlo sabido”. La conclusión es que haber cometido un asesinato machista no impidió al agresor construir una nueva relación de confianza e intimidad, ni evitó que volviera a asesinar cuando recuperó la posibilidad material de hacerlo.

En lugar de preguntarnos cómo una abogada pudo relacionarse con un condenado por asesinato, deberíamos preguntarnos qué relato elaboró él sobre su crimen, cómo se presentó, qué responsabilidad asumió realmente y qué señales fueron minimizadas o reinterpretadas por su entorno.

También debemos preguntarnos por las decisiones institucionales: qué valoración se hizo de su peligrosidad, qué peso tuvieron sus antecedentes, qué seguimiento recibió y si se evaluó el riesgo que podía representar para otras mujeres, no solamente para la víctima del delito por el que había sido condenado.

Nadie se enamora del maltratador que conocerá después

Las mujeres no suelen enamorarse de un hombre que se presenta diciendo: “Voy a controlar tus amistades, revisar tu teléfono, degradarte, aislarte, amenazarte y convertir tu vida en un espacio de miedo”. Se enamoran de la persona que él muestra al principio.

El agresor puede presentarse como atento, sensible, protector, vulnerable o intensamente enamorado. Puede escuchar, agradar, adaptarse a los deseos de la otra persona y generar con rapidez una sensación de conexión excepcional.

En algunos casos aparece lo que se denomina love bombing o bombardeo amoroso: una sucesión desmedida de mensajes, promesas, halagos, regalos y planes de futuro orientada a acelerar la intimidad y la dependencia emocional. Estas demostraciones excesivas de afecto pueden utilizarse para influir en otra persona y crear una relación intensa antes de que esta tenga tiempo de conocer realmente a quien tiene delante.

Pero no toda relación violenta comienza con un bombardeo amoroso evidente. A veces la estrategia es mucho más sutil. El agresor observa, aprende, prueba límites y avanza poco a poco. Lo que un día parece preocupación, otro se convierte en supervisión. Lo que se interpretó como protección empieza a limitar la autonomía. Los celos se disfrazan de amor; la vigilancia, de interés; la posesión, de compromiso.

Cuando la violencia se hace claramente reconocible, la mujer ya no está situada en el mismo lugar emocional que al comienzo. Existe afecto, confianza, intimidad, proyectos compartidos, vínculos familiares o dependencia económica y emocional. También puede haberse producido aislamiento, deterioro de la autoestima y una progresiva pérdida de referencias externas.

El maltratador no muestra de golpe todo aquello que pretende hacer. Va desplazando los límites hasta conseguir que lo inadmisible de hoy parezca una continuación de lo que ayer fue tolerado.

Por eso, decir después “yo me habría dado cuenta” o “a mí nunca me pasaría” no solo demuestra desconocimiento sobre el funcionamiento de la violencia machista. También contribuye a aislar a las víctimas, que temen ser juzgadas precisamente por quienes deberían ayudarlas.

“Conmigo será diferente”: la ficción de la excepción

Cuando la condena es conocida, puede aparecer otro mecanismo: la convicción de que el pasado no se repetirá. No necesariamente porque la mujer sea ingenua, sino porque el propio agresor puede ofrecer una explicación cuidadosamente preparada para neutralizar la alarma.

Puede afirmar que fue acusado injustamente, que la anterior pareja le provocó, que los medios exageraron, que tuvo una mala defensa, que estaba enfermo, que consumía alcohol, que atravesaba una crisis o que la prisión lo transformó. Puede admitir una parte menor de los hechos para negar su verdadera gravedad. También puede presentarse como una víctima arrepentida que solamente necesita una oportunidad.

El relato cambia, pero el objetivo suele ser el mismo: desplazar la responsabilidad.

Cuando un hombre habla de un asesinato o de una agresión como “el error que cometí”, reduce una decisión violenta a un accidente. Cuando culpa a las circunstancias, al alcohol, a los celos o a la mujer agredida, demuestra que todavía no ha asumido lo esencial: que fue él quien eligió ejercer la violencia.

La nueva pareja puede llegar a pensar que conoce una versión del hombre que nadie más ha sabido ver: “Conmigo se abre”, “yo sí lo comprendo”, “a mí nunca me haría daño”, “ha cambiado”. Esa sensación de excepcionalidad no surge siempre de la vanidad. Puede haber sido alimentada cuidadosamente por el agresor: tú eres distinta, tú me entiendes, tú me has salvado.

Pero ninguna mujer posee el poder de rehabilitar a un maltratador mediante el amor. El amor de una mujer no es un tratamiento penitenciario, psicológico ni educativo. Una relación nueva no borra la violencia anterior y el arrepentimiento verbal no equivale a un cambio acreditado.

La transformación, cuando realmente se produce, exige mucho más que afirmar que se ha cambiado: reconocimiento íntegro del daño, abandono de toda justificación, participación real en programas especializados, respeto continuado de los límites, evaluación profesional y ausencia de conductas de control.

Incluso entonces, la sociedad no puede exigir a ninguna mujer que actúe como prueba viviente de la reinserción de un agresor.

La inteligencia y la formación no desactivan la manipulación afectiva

Uno de los prejuicios más persistentes sostiene que una mujer formada debería detectar inmediatamente a un maltratador. Esta idea confunde conocimientos con inmunidad emocional.

Una profesional puede interpretar correctamente cientos de situaciones ajenas y, sin embargo, tener dificultades para reconocer la suya. Desde fuera analizamos hechos; desde dentro intervienen el afecto, la esperanza, la confianza, la intimidad y el miedo a admitir que la persona amada no es quien parecía ser.

Aceptar que la pareja es peligrosa no supone únicamente incorporar una información nueva. Puede exigir reconstruir por completo la propia historia: admitir que las promesas eran estrategias, que la protección era control, que la intimidad fue utilizada para conocer las vulnerabilidades y que el futuro imaginado quizá nunca existió.

Esa ruptura interna puede generar una enorme contradicción: la mujer trata de conciliar al hombre cariñoso de determinados momentos con el hombre que humilla, amenaza o agrede. Como ambas imágenes pertenecen a la misma persona, puede buscar explicaciones que le permitan conservar la versión menos dolorosa: está sometido a mucha presión, tuvo un mal día, bebió demasiado, arrastra un trauma o yo también dije cosas que no debía.

El agresor aprovecha esa confusión. Alterna daño y reparación, amenaza y ternura, castigo y promesa. Esta intermitencia puede fortalecer el vínculo traumático: después del miedo llega el alivio, y ese alivio puede interpretarse como amor o como prueba de que el hombre “de antes” ha regresado.

No estamos ante falta de inteligencia. Estamos ante una estrategia de dominio que actúa sobre necesidades humanas universales: amar, confiar, pertenecer, ayudar y creer que las personas pueden cambiar.

La violencia no empieza con el primer golpe

Si solo enseñamos a identificar la violencia cuando aparece una agresión física, llegamos tarde. Antes pueden haberse instalado el control coercitivo, la humillación, la vigilancia y el aislamiento.

Ese control no consiste en un incidente aislado, sino en un patrón destinado a reducir la libertad y la autonomía de la mujer. Puede manifestarse mediante conductas como:

  • Exigir conocer su ubicación en todo momento. 
  • Revisar su teléfono o sus redes sociales. 
  • Interrogarla sobre cada conversación. 
  • Presentar los celos como demostraciones de amor. 
  • Desacreditar a sus amistades y familiares. 
  • Criticar su ropa, su trabajo o sus decisiones. 
  • Administrar, controlar o vigilar su dinero. 
  • Castigarla con silencios, amenazas o humillaciones. 
  • Hacerla responsable del estado emocional del agresor. 
  • Alternar el miedo con periodos de afecto intenso. 
  • Amenazar con suicidarse si ella termina la relación. 
  • Utilizar a las hijas e hijos para presionarla o dañarla. 

Aisladas, algunas de estas conductas pueden parecer simples discusiones de pareja. Observadas como conjunto, revelan una arquitectura de dominación.

Por eso resulta imprescindible dejar de preguntar únicamente: “¿Te ha pegado?”. Debemos preguntar también: ¿puedes decidir libremente?, ¿tienes miedo de su reacción?, ¿has cambiado tu conducta para evitar que se enfade?, ¿controla con quién hablas?, ¿te hace dudar de tu percepción?, ¿te sientes cada vez más pequeña?

Cuando una mujer empieza a organizar su vida alrededor de las posibles reacciones de su pareja, la violencia ya está actuando, aunque todavía no haya aparecido un golpe.

Una condena no garantiza la transformación, pero sí puede impedir que vuelva a matar

Una condena no garantiza que un agresor haya cambiado. Cumplir una pena no demuestra, por sí solo, que hayan desaparecido las ideas de posesión, superioridad y control que sostuvieron la violencia. Tampoco acredita que exista arrepentimiento, que se haya reconocido plenamente el daño causado o que el hombre haya dejado de representar un peligro para otras mujeres.

Pero esta realidad no puede utilizarse para relativizar la importancia de las penas de prisión. La cárcel no garantiza la transformación, pero sí aparta al agresor de la sociedad y, durante el cumplimiento efectivo de la condena, impide que pueda acceder con libertad a nuevas víctimas. Eso también es proteger.

En el caso de José Javier Salvador, la sucesión de los hechos resulta insoportable: asesinó a Susana Patricia Maurel en 2003, fue condenado a 18 años de prisión y, tras recuperar progresivamente la libertad, asesinó en 2019 a Rebeca Santamalia.

Su progresión hacia un régimen de mayor libertad se acordó pese a que se contaba con informes desfavorables de Instituciones Penitenciarias y de la Fiscalía. Sin embargo, el Ministerio Fiscal no recurrió el auto judicial, que terminó adquiriendo firmeza. Este dato no puede tratarse como un simple detalle administrativo después de que el condenado recuperara mayores márgenes de libertad y asesinara a otra mujer.

Desde Somos Más exigimos responsabilidades y explicaciones públicas. ¿Qué motivos llevaron a adoptar aquella decisión pese a los informes desfavorables? ¿Por qué la Fiscalía, después de informar en contra, no recurrió el auto? ¿Quién evaluó el riesgo que suponía la progresión del condenado y qué mecanismos de seguimiento se establecieron? ¿Se tuvo en cuenta el peligro que podía representar para otras mujeres?

No se trata de buscar responsables a posteriori por el mero hecho de que el desenlace fuera terrible. Se trata de determinar si las instituciones actuaron con toda la diligencia exigible ante un hombre que había asesinado a su esposa de nueve disparos. Cuando existen advertencias técnicas sobre la peligrosidad de un condenado y, pese a ellas, se amplían sus espacios de libertad, las decisiones deben estar especialmente motivadas, supervisadas y sujetas a control.

La independencia judicial no excluye la rendición de cuentas, y la autonomía del Ministerio Fiscal tampoco puede convertirse en un muro de silencio. Exigimos que se explique por qué no se recurrió una resolución contraria al criterio que la propia Fiscalía había expresado. Si hubo errores de valoración, falta de diligencia, deficiencias de coordinación o una protección insuficiente, deben reconocerse, investigarse y corregirse.

Rebeca Santamalia no puede convertirse en el coste asumible de una decisión institucional que nadie explique. Cuando una actuación cuestionada precede a un nuevo asesinato, la respuesta no puede ser el silencio, la burocracia ni el intercambio de responsabilidades. Las mujeres no pueden seguir pagando con su vida los posibles fallos del sistema.

La pregunta es inevitable: si hubiera continuado en prisión, ¿habría podido asesinarla? La respuesta es evidente.

Por eso, desde Somos Más defendemos condenas ejemplares, ejemplarizadoras y ejemplarizantes, proporcionales a la extrema gravedad de los crímenes cometidos. Defendemos penas que protejan efectivamente a las mujeres y al conjunto de la sociedad, y que no conviertan el asesinato machista en un delito cuyo cumplimiento efectivo pueda resultar insuficiente frente al daño irreversible causado y al riesgo que determinados agresores continúan representando.

También abogamos por la prisión permanente revisable para los asesinatos machistas, con las modificaciones legales que sean necesarias para que pueda aplicarse adecuadamente. Revisable no significa automática ni arbitrariamente perpetua. Significa que la posible puesta en libertad debe depender de una evaluación rigurosa, acreditada e individualizada.

Si el agresor continúa siendo peligroso, no reconoce el crimen, culpabiliza a la víctima o mantiene los mismos patrones de dominación, la sociedad no debería verse obligada a asumir el riesgo de su excarcelación, y mucho menos deberían asumirlo las mujeres que puedan relacionarse con él en el futuro.

La reinserción es un principio de nuestro sistema penal, pero no puede convertirse en una consigna utilizada para olvidar a las asesinadas ni para experimentar con la seguridad de otras mujeres. La reinserción debe demostrarse; no puede presumirse únicamente porque haya transcurrido un determinado número de años.

Cuando hablamos de hombres que han asesinado a sus parejas o exparejas, cualquier decisión que amplíe su libertad debe anteponer una valoración exhaustiva del riesgo. No todas las personas condenadas reinciden, pero las mujeres no pueden quedar convertidas en el margen de error del sistema.

La protección no debe limitarse a la víctima conocida ni terminar cuando concluye la relación por la que se dictó la condena. Un agresor que conserva sus patrones de dominio puede proyectarlos sobre una nueva pareja. Cuando eso sucede, la siguiente mujer queda expuesta a un peligro que no nació con ella, pero que puede acabar destruyendo su vida.

Además de penas firmes, son necesarios programas especializados, evaluaciones continuadas y un seguimiento estricto de los permisos, los terceros grados y las excarcelaciones. Pero estas medidas no sustituyen a la condena ni justifican penas insuficientes. La intervención y la vigilancia complementan la prisión; no deben servir para vaciarla de contenido.

Las condenas cumplen varias funciones. Castigan un crimen de extraordinaria gravedad, protegen a la sociedad, reconocen el daño causado y trasladan un mensaje colectivo sobre aquello que no estamos dispuestas a tolerar.

Una pena ejemplar no devuelve la vida a la mujer asesinada, pero afirma que su vida tenía valor, que el crimen no puede minimizarse y que la libertad del agresor no está por encima de la seguridad de las mujeres.

La prisión no transforma necesariamente a quien no quiere cambiar. Pero mientras un asesino machista permanece en prisión no puede desarrollar libremente una nueva relación, construir otro escenario de control y convertir a otra mujer en su siguiente víctima. No es una solución completa, pero sí una barrera real. Y, frente a agresores que han demostrado que pueden matar, esa barrera salva vidas.

No basta con encarcelar sin evaluar, intervenir y vigilar. Pero tampoco basta con hablar de reinserción como si todas las personas condenadas hubieran cambiado por el simple paso del tiempo. La primera obligación de las instituciones debe ser proteger.

Una condena no garantiza la transformación. Una condena suficientemente grave y efectivamente cumplida sí puede impedir que un asesino machista vuelva a matar. Y esa diferencia no es teórica: puede ser la vida de otra mujer.

No basta con advertir a las mujeres

La prevención no puede reducirse a decirles a las mujeres que “elijan mejor”. Esa frase vuelve a descargar sobre ellas toda la responsabilidad: deben identificar al agresor, interpretar correctamente cada señal, investigar su pasado, abandonar a tiempo y protegerse después.

Mientras tanto, apenas se pregunta a los hombres por qué controlan, por qué justifican los celos, por qué convierten una ruptura en una afrenta o por qué creen que una mujer les pertenece.

Por supuesto que debemos proporcionar información a las mujeres. Si una persona ha sido condenada por violencia machista, ese antecedente es relevante y no debe minimizarse. Tampoco debe ocultarse, blanquearse o transformarse en una historia romántica de redención.

Pero advertir no basta. Hace falta educar a toda la sociedad para identificar los mecanismos mediante los cuales los agresores reescriben su historia. Hace falta cuestionar a quienes afirman que “ella lo provocó”, que él “perdió la cabeza por amor” o que “ya pagó por aquello”, como si cumplir una pena borrara el daño, eliminara automáticamente la peligrosidad y acreditara por sí mismo un cambio profundo.

También debemos abandonar el romanticismo que presenta a las mujeres como salvadoras de hombres rotos. No es amor soportarlo todo. No es amor demostrar que confiamos cuando existen antecedentes y señales graves. No es amor ofrecer la propia vida como oportunidad de redención.

Y no podemos seguir colocando a las mujeres ante una elección imposible: si desconfían, se las acusa de no creer en las segundas oportunidades; si confían y son agredidas, se las responsabiliza por no haber previsto el peligro.

La responsabilidad de garantizar que un agresor no vuelva a actuar no puede recaer exclusivamente sobre su siguiente pareja.

El entorno debe advertir sin humillar y acompañar sin imponer

Cuando una mujer mantiene una relación con un hombre condenado por violencia machista, su entorno puede sentir miedo, rabia e impotencia. Es comprensible. Pero humillarla, ridiculizarla o romper toda relación con ella puede dejarla todavía más aislada y facilitar el control del agresor.

Advertir no significa insultar su inteligencia. Significa proporcionar información concreta, señalar conductas observables y mantener una puerta abierta.

En lugar de decir “¿cómo puedes estar con él?”, puede ser más útil preguntar: “¿Te sientes libre para tomar decisiones?”, “¿puedes hablar con quien quieras?”, “¿alguna vez has sentido miedo de su reacción?” o “¿sabes que puedes contar conmigo sin que te juzgue?”.

El aislamiento es una herramienta del maltratador. No debemos colaborar involuntariamente con él expulsando a la mujer de sus redes de apoyo.

Acompañar tampoco significa fingir que no existe peligro. Respetar a la mujer no obliga a guardar silencio ante conductas graves. Es posible hablar con claridad y, al mismo tiempo, evitar el reproche. Es posible decir “esto me preocupa” sin decir “te lo has buscado”.

La confianza que el agresor pretende destruir puede convertirse en una vía de salida. Para eso, la mujer necesita saber que, cuando esté preparada para pedir ayuda, encontrará apoyo y no un tribunal dedicado a juzgar por qué no se marchó antes.

Cambiemos la pregunta

Cuando una mujer se convierte en la siguiente víctima de un maltratador condenado, no deberíamos preguntar con tono de reproche: “¿Cómo pudo enamorarse de él?”.

Deberíamos preguntar:

¿Cómo consiguió él ganarse su confianza?

¿Cómo narraba la violencia anterior?

¿Reconocía plenamente lo que había hecho o culpaba a otras personas?

¿Existieron conductas de control que el entorno confundió con amor?

¿Había completado un verdadero proceso de intervención especializada?

¿Por qué se amplió su régimen de libertad pese a los informes desfavorables y por qué la Fiscalía no recurrió el auto que permitió aquella progresión?

¿Se tuvo en cuenta el peligro que podía representar para futuras parejas?

¿Contó ella con un entorno capaz de advertir sin juzgar y acompañar sin imponer?

¿Respondieron las instituciones cuando aparecieron las primeras señales?

¿Fue suficiente la condena impuesta y el tiempo de cumplimiento efectivo para proteger a la sociedad?

Las mujeres no necesitamos que, después de ser agredidas o asesinadas, se examine nuestra inteligencia. Necesitamos una sociedad que observe a los agresores, reconozca sus estrategias y actúe antes de que la violencia vuelva a producirse.

Necesitamos también instituciones que no confundan el transcurso del tiempo con la desaparición del riesgo, ni la expectativa de reinserción con una certeza que no ha sido demostrada. La reinserción del agresor no puede construirse a costa de la seguridad de otra mujer.

La siguiente víctima no lo es porque haya amado demasiado, haya estudiado poco o haya elegido mal. Lo es porque un hombre decidió volver a ejercer violencia y porque, en determinados casos, el sistema le permitió recuperar la capacidad material de hacerlo.

Podemos analizar los mecanismos que dificultan detectar el peligro. Podemos mejorar la prevención, revisar la actuación institucional, reforzar el seguimiento y aprender a reconocer las señales. Pero nunca debemos confundir el análisis con el reparto de la culpa.

La responsabilidad pertenece al agresor.

También cuando es encantador.
También cuando afirma estar rehabilitado.
También cuando ha cumplido una condena.
También cuando la mujer conocía su pasado.
También cuando ella decidió confiar.

Porque confiar no es un delito. Maltratar y asesinar, sí.