Violencia, miedo y disciplinamiento: una denuncia feminista desde Somos Más

Cada vez que una mujer es asesinada por su pareja o expareja vuelve a repetirse un ritual que ya conocemos demasiado bien. Un minuto de silencio. Una concentración. Declaraciones institucionales. Flores. Condena unánime. Y, pocos días después, el silencio verdadero: el que devuelve el crimen al terreno de lo excepcional, lo privado o lo inevitable. Como si cada asesinato hubiera nacido aislado del anterior. Como si no hubiera una estructura que los conecta. Como si no existieran miles de amenazas, agresiones, violaciones, persecuciones, controles, humillaciones y violencias contra hijas e hijos sosteniendo la parte visible de esta barbarie.

En Somos Más hablamos de terrorismo machista porque necesitamos palabras capaces de nombrar la dimensión política y colectiva de esta violencia. No empleamos el término para competir con otros dolores ni para vaciar de significado jurídico la palabra terrorismo. Lo utilizamos para señalar una realidad: la violencia machista no solo daña o asesina a mujeres concretas; también envía un mensaje de miedo y disciplinamiento al conjunto de las mujeres. Nos recuerda qué puede ocurrirnos si decidimos marcharnos, si decimos que no, si denunciamos, si rehacemos nuestra vida, si ocupamos el espacio público, si hablamos o si nos negamos a obedecer.

Ese mensaje no siempre se formula con palabras, pero se entiende. Cuando un hombre asesina a una mujer porque no acepta que ella termine la relación, el crimen pretende imponer, hasta sus últimas consecuencias, una idea de propiedad. Cuando un agresor utiliza a las hijas y a los hijos para destruir a la madre, convierte la infancia en arma. Cuando se difunden imágenes íntimas sin consentimiento, se acosa a una mujer durante meses en redes o se amenaza con revelar sus datos, el objetivo no es únicamente hacerle daño: es aislarla, silenciarla y expulsarla del espacio que había decidido ocupar.

No son casos aislados: es una violencia estructural

La propia Ley Orgánica 1/2004 comienza reconociendo que la violencia de género no pertenece al ámbito privado, sino que constituye el símbolo más brutal de la desigualdad. La define como una violencia dirigida contra las mujeres por el hecho de serlo y porque sus agresores las consideran privadas de derechos básicos de libertad, respeto y capacidad de decisión. Esa afirmación legal desmonta una de las coartadas más persistentes: la idea de que estamos ante conflictos de pareja que «se fueron de las manos».

No hay un arrebato inexplicable cuando antes existieron control, amenazas, desprecio, aislamiento o persecución. No hay un drama familiar cuando un hombre decide que una mujer no tiene derecho a dejarlo. No hay una tragedia inevitable cuando las instituciones disponían de indicadores de riesgo, denuncias o antecedentes y la protección falló. Llamar a estos crímenes «sucesos», «disputas» o «muertes» borra al agresor, oculta la intención y convierte una decisión criminal en una especie de fatalidad meteorológica.

Los datos confirman la dimensión colectiva. En 2025, los órganos judiciales españoles con competencias en violencia sobre la mujer recibieron 204.342 denuncias y contabilizaron 185.188 mujeres víctimas. El Instituto Nacional de Estadística registró 33.373 mujeres víctimas de violencia de género con orden de protección o medidas cautelares ese mismo año. Son estadísticas distintas, construidas con metodologías y universos diferentes, y por eso no deben sumarse. Pero ambas muestran algo incuestionable: no estamos hablando de episodios marginales.

En 2025, además, 49 mujeres fueron asesinadas por sus parejas o exparejas, una cada 7,4 días. El 80 % convivía con su agresor y solo el 22,4 % había presentado una denuncia previa. Tres niñas y niños fueron asesinados ese año en crímenes de violencia vicaria. Desde que existen registros específicos, decenas de menores han sido asesinados con el propósito de causar a sus madres un dolor irreparable.

Las cifras oficiales son imprescindibles, pero tienen límites. La estadística de víctimas mortales en el ámbito de la pareja o expareja no abarca por sí sola todos los feminicidios: quedan fuera, según el indicador utilizado, asesinatos sexuales, familiares, sociales o cometidos por hombres sin relación afectiva con la mujer. Tampoco una denuncia equivale a una mujer ni toda mujer que sufre violencia denuncia. Muchas no pueden hacerlo por miedo, dependencia económica, amenazas, situación administrativa, aislamiento, discapacidad, desconfianza institucional o protección de sus hijas e hijos. Lo que se contabiliza es grave; lo que permanece oculto también.

¿Por qué llamarlo terrorismo machista?

La palabra incomoda, y debe hacerlo. Obliga a abandonar la imagen del agresor como individuo desconectado de una cultura y permite observar el efecto social de sus actos. El terrorismo utiliza la violencia o la amenaza para imponer miedo, condicionar conductas y atacar una convivencia basada en derechos. El machismo también recurre al miedo para restringir la libertad: modifica los horarios, las rutas, la ropa, la presencia digital, las relaciones, la sexualidad, el trabajo y hasta la manera en que las mujeres expresan una opinión.

Una mujer cambia de acera porque un hombre la sigue. Otra deja de publicar porque recibe amenazas sexuales. Una adolescente entrega las contraseñas a su novio para evitar una discusión. Una madre teme que su expareja incumpla una orden de alejamiento. No son decisiones plenamente libres, sino adaptaciones a un riesgo normalizado.

Hablar de terrorismo machista no significa afirmar que cada delito de violencia de género esté jurídicamente tipificado como terrorismo. En el Código Penal español, “terrorismo” es una categoría concreta, regulada mediante determinados delitos graves cometidos con las finalidades previstas en el artículo 573. La violencia machista, como fenómeno, se persigue a través de distintos tipos penales y marcos de protección; no existe hoy un delito autónomo denominado «terrorismo machista».

Conviene decirlo con claridad, porque una reivindicación política pierde fuerza si se apoya en una afirmación jurídica falsa. Nuestro uso del concepto es social y político: describe una violencia sistemática que produce terror, impone obediencia y sostiene relaciones de poder desiguales. El debate sobre si debería traducirse en una categoría penal específica es legítimo, pero no puede reducirse a prometer penas más altas. El derecho penal actúa cuando el daño ya se ha producido o está muy avanzado. Sin prevención, recursos, especialización y protección efectiva, endurecer el castigo puede convertirse en una respuesta solemne y tardía.

El terror comienza mucho antes del asesinato

El feminicidio es la expresión extrema de un proceso que con frecuencia comenzó con conductas socialmente disculpadas: celos interpretados como amor, exigencia de ubicación presentada como preocupación, control de la ropa, revisión del móvil, desprecio a las amistades, sabotaje laboral, presión sexual, humillaciones, amenazas o administración coercitiva del dinero.

La violencia psicológica erosiona la percepción de la mujer hasta hacerle dudar de lo que vive. La violencia económica limita su capacidad de marcharse. La violencia sexual convierte su cuerpo en territorio sometido incluso dentro de la pareja. La violencia digital prolonga el control a todas las horas: aplicaciones espía, geolocalización, acceso a cuentas, suplantaciones, difusión de imágenes, campañas de descrédito y amenazas. La tecnología no creó el machismo, pero ha ampliado su alcance, su velocidad y su permanencia.

La violencia vicaria revela con especial crueldad la lógica de propiedad. El agresor daña o asesina a las hijas y a los hijos, amenaza con arrebatarlos, manipula procedimientos o utiliza las entregas y visitas para continuar controlando a la madre. Las niñas y los niños no son testigos secundarios: son víctimas directas. Han vivido el miedo, han aprendido a anticipar el estallido y pueden ser convertidos en instrumentos de castigo. Protegerlos exige escucharles, evaluar el riesgo con perspectiva de infancia y evitar que el supuesto derecho del agresor a mantener el vínculo se coloque por encima de su seguridad.

También existe violencia institucional cuando una mujer pide ayuda y recibe incredulidad, reproches o respuestas fragmentadas; cuando debe relatar una y otra vez lo sucedido; cuando se interpreta como conflicto parental lo que contiene indicadores de violencia; cuando la falta de recursos la obliga a elegir entre el peligro y la precariedad; o cuando un sistema diseñado para proteger termina agotándola. No toda mala atención es violencia institucional, pero la repetición de prácticas que desprotegen, culpabilizan o silencian causa un daño real y puede aumentar el riesgo.

El negacionismo también protege al agresor

Frente a una violencia acreditada por décadas de datos, todavía se responde con el «no todos los hombres», las denuncias falsas o la pretensión de sustituir violencia machista por violencia intrafamiliar. Claro que no todos los hombres maltratan. Tampoco todas las personas cometen delitos de terrorismo, y nadie utiliza ese hecho para negar su existencia. El sujeto de una crítica estructural no se define por culpabilidad individual, sino por la relación de poder que explica la violencia.

Decir «no todos los hombres» desplaza el foco desde las mujeres agredidas hacia la tranquilidad de quienes no quieren sentirse interpelados. La pregunta útil no es si todos los hombres son agresores, sino qué hacen quienes no lo son ante el machismo de otros hombres. ¿Interrumpen una humillación? ¿Cuestionan al amigo que controla a su pareja? ¿Educan a sus hijos en igualdad y consentimiento? ¿Renuncian a compartir imágenes íntimas? ¿Creen a una mujer sin exigirle un comportamiento perfecto? La neutralidad favorece a quien ejerce la violencia, no a quien intenta sobrevivir a ella.

El negacionismo tiene efectos materiales. Si la violencia se presenta como una invención ideológica, los recursos especializados parecen privilegios prescindibles. Si se borra el género, desaparece la causa y solo queda una suma de conflictos domésticos. Y si no se identifica la causa, las políticas se vuelven genéricas, incapaces de anticipar el riesgo específico que aparece cuando un hombre considera que tiene derecho a controlar a una mujer.

Una respuesta de Estado, no una sucesión de pésames

Si aceptamos que la violencia machista amenaza derechos fundamentales y genera miedo colectivo, la respuesta no puede depender del código postal, del presupuesto anual o de la sensibilidad de quien atienda. Hace falta una política de Estado estable, evaluable y dotada de recursos.

Eso exige educación afectivo-sexual e igualdad desde edades tempranas; formación obligatoria, especializada y evaluada para quienes intervienen en los ámbitos judicial, policial, sanitario, educativo y social; atención psicológica y jurídica accesible; vivienda, empleo y ayudas que permitan romper la dependencia; protección adaptada a mujeres con discapacidad, migrantes, rurales, mayores, jóvenes o en situación de explotación; y servicios específicos para niñas y niños.

También exige mejorar la valoración del riesgo. Una denuncia previa no puede ser la puerta exclusiva a la protección: casi ocho de cada diez mujeres asesinadas en 2025 no habían denunciado. El entorno sanitario, educativo, laboral, vecinal y familiar puede detectar señales antes de que exista un procedimiento judicial. Para eso necesita saber qué observar, cómo preguntar sin poner en peligro a la mujer y a qué recursos derivar.

Las instituciones deben revisar los casos en los que el sistema falló para corregir procedimientos. Cada asesinato debe generar aprendizaje verificable: qué información existía, cómo circuló, qué riesgo se valoró y qué medidas faltaron. Sin evaluación y rendición de cuentas, el «no volverá a ocurrir» es solo una frase protocolaria.

Los medios de comunicación tienen otra responsabilidad decisiva. Deben evitar detalles morbosos, imágenes que expongan a las víctimas, testimonios que justifiquen al agresor y expresiones como «crimen pasional». Deben informar de los antecedentes sin convertir la denuncia en requisito de credibilidad, respetar a las familias, ofrecer recursos de ayuda y contextualizar cada crimen dentro de la violencia machista. Nombrar bien no es una cuestión estética: condiciona lo que la sociedad entiende y, por tanto, lo que está dispuesta a cambiar.

De la conmoción a la responsabilidad colectiva

No basta con decir a las mujeres que denuncien. Esa consigna puede convertirse en una forma de trasladarles toda la responsabilidad, como si la protección dependiera de que sepan identificar el momento exacto, reúnan pruebas, venzan el miedo, dispongan de dinero, encuentren apoyo y confíen en que el sistema responderá. La obligación de no agredir es del agresor. La obligación de proteger corresponde a los poderes públicos. Y la sociedad tiene el deber de no abandonar, culpabilizar ni guardar silencio.

El entorno puede ayudar escuchando sin juzgar, evitando confrontar al agresor de manera que aumente el riesgo, respetando los tiempos de la mujer y buscando asesoramiento especializado. Preguntar «¿cómo puedo ayudarte?» es mucho más útil que «¿por qué no te vas?». Salir de una relación violenta no es un acto único; puede ser un proceso peligroso en el que se necesita planificación, apoyo material y protección.

Los hombres, por su parte, deben asumir una tarea que no puede recaer siempre en las mujeres: revisar privilegios, educarse, cuestionar los pactos de silencio y actuar ante conductas machistas. No se trata de proclamarse aliados, sino de intervenir cuando no hay aplausos: en el grupo de amigos, en el vestuario, en el trabajo, en la familia y en las redes.

Hablar de terrorismo machista es negarse a administrar los asesinatos como una rutina. Es afirmar que el miedo que condiciona la vida de millones de mujeres no es un efecto colateral, sino una herramienta de control. Es comprender que detrás de cada cifra había una mujer con derechos, proyectos, vínculos y futuro; y que detrás de muchas de ellas hay hijas e hijos obligados a crecer con una ausencia provocada.

No queremos minutos de silencio que sustituyan a las políticas. No queremos condenas institucionales compatibles con recortes, negacionismo o desprotección. No queremos que se pida a las mujeres heroísmo para conseguir aquello que el Estado debe garantizar como derecho.

Queremos prevención antes del golpe, protección antes del asesinato, reparación después de la violencia y responsabilidad cuando el sistema falla. Queremos que ninguna mujer tenga que organizar su vida alrededor del miedo. Y queremos una sociedad que deje de preguntarse qué hizo ella y empiece a preguntarse qué hizo el agresor, quién lo justificó, quién miró hacia otro lado y qué vamos a cambiar para impedir que vuelva a ocurrir.

Porque mientras ser mujer siga implicando aprender estrategias para no ser agredida, vigilada, violada o asesinada, la libertad será una promesa incompleta. Y mientras la respuesta pública llegue después del crimen, el terrorismo machista seguirá contando con su aliado más eficaz: la normalización.

Si necesitas ayuda

Si estás viviendo una situación de violencia machista, no tienes por qué afrontarla sola. En Somos Más acompañamos a mujeres y a sus hijas e hijos desde la escucha, la experiencia compartida y el respeto a sus decisiones. 

Puedes contactar con nosotras en el 653 948 651, escribirnos a asoc.somosmas@gmail.com o visitar www.asocsomosmas.es. 

Si estás en peligro o necesitas una intervención policial inmediata, llama al 091. 

También puedes utilizar AlertCops, la aplicación de la Policía Nacional y la Guardia Civil que permite pedir ayuda mediante el botón SOS, comunicarse por chat y compartir la ubicación.