Cada día, más de 500 denuncias por violencia de género llegan a los juzgados y comisarías de nuestro país. Detrás de esa cifra no hay expedientes. Hay mujeres.
Mujeres que han tenido que reconocer lo que estaban viviendo, vencer el miedo, calcular las consecuencias, pensar en sus hijas e hijos, enfrentarse en muchos casos a la dependencia económica y decidir finalmente pedir ayuda.
Por eso, cuando conocemos que en el primer trimestre de 2026 se registraron 50.911 denuncias por violencia de género, un 6,4 % más que durante el mismo periodo del año anterior, no deberíamos limitarnos a observar la estadística.
La pregunta realmente importante empieza después: ¿Qué ocurre con una mujer cuando denuncia?
Denunciar puede ser el comienzo, no la solución
Durante demasiado tiempo hemos repetido una consigna aparentemente sencilla: «Denuncia».
Pero denunciar violencia de género no se parece a denunciar que nos han robado el teléfono. Puede significar denunciar a la persona con la que se comparte una vivienda, unos hijos, una hipoteca, unos ingresos, una familia o años de vida.
Puede significar asumir que el agresor sabrá que ha sido denunciado.
Puede significar tener que explicar delante de desconocidos episodios íntimos, humillaciones, agresiones sexuales, amenazas y años de control.
Y puede significar hacerlo mientras existe miedo a lo que sucederá después. Por eso debemos tener mucho cuidado con trasladar toda la responsabilidad a la mujer mediante la pregunta habitual: «¿Por qué no denuncia?»
Quizás deberíamos preguntarnos algo diferente: ¿Qué estamos ofreciendo para que pueda hacerlo con seguridad?
Más denuncias no significan necesariamente más violencia
Las estadísticas necesitan contexto. Un incremento de las denuncias no permite afirmar automáticamente que haya aumentado en la misma proporción la violencia machista.
También puede reflejar una mayor capacidad para identificarla, más información, mayor confianza institucional o una menor tolerancia social hacia determinados comportamientos.
Pero tampoco podemos caer en la interpretación contraria y considerar que el aumento de las denuncias demuestra que el sistema funciona perfectamente. Una denuncia es una puerta de entrada. Lo verdaderamente importante es lo que sucede después de cruzarla.
204.342 denuncias en un solo año
Los datos correspondientes a 2025 ayudan a comprender la magnitud del problema. Los órganos judiciales españoles con competencias en violencia sobre la mujer recibieron 204.342 denuncias durante ese año.
El número de mujeres víctimas contabilizadas ascendió a 185.188. No son estadísticas que deban sumarse, porque una misma mujer puede estar relacionada con más de una denuncia.
Pero ambas cifras muestran algo difícil de discutir: la violencia machista no es un problema excepcional ni residual. Forma parte de una realidad estructural que exige recursos igualmente estructurales. Además, aproximadamente siete de cada diez denuncias fueron presentadas directamente por las propias mujeres.
Las denuncias procedentes del entorno familiar representaron menos del 2 %. Ese dato también debería hacernos pensar.
Seguimos depositando sobre las mujeres una enorme parte de la responsabilidad de activar el sistema.
¿Y las mujeres que nunca llegan a denunciar?
Hay otra cifra que nunca conoceremos completamente. La de las mujeres que siguen viviendo violencia y todavía no han acudido a una comisaría, un juzgado o un servicio especializado.
No denunciar no significa que no exista violencia. Puede existir miedo. Dependencia económica. Amenazas. Aislamiento. Dependencia emocional. Discapacidad. Desconocimiento de los recursos disponibles. Miedo a perder a los hijos. Situación administrativa irregular. Falta de vivienda.
O sencillamente la sensación de que después de denunciar la situación podría ser todavía peor.
Una política eficaz contra la violencia machista no puede esperar tranquilamente detrás del mostrador hasta que una mujer llegue con una denuncia en la mano. También debe saber detectar, acompañar y proteger antes.
La protección jurídica necesita profesionales especializados
Precisamente esta cuestión ha sido abordada por profesionales de la Abogacía especializados en violencia de género reunidos en Burgos.
La especialización no es un lujo. Una mujer que llega al sistema después de sufrir violencia necesita encontrarse con profesionales capaces de comprender las características específicas de estos procedimientos. Necesita conocer qué ocurrirá después de denunciar.
Qué medidas de protección pueden solicitarse.
Qué sucederá con sus hijas e hijos.
Qué consecuencias pueden existir respecto a la vivienda.
Qué derechos laborales o económicos puede tener.
Qué ocurrirá durante el procedimiento penal.
Y qué opciones existen si tiene miedo de regresar a casa.
Una información jurídica incorrecta, incompleta o transmitida sin sensibilidad puede aumentar todavía más la inseguridad.
La asistencia jurídica especializada forma parte de la protección.
Justicia sin revictimización
Hay otro problema que no podemos ignorar: la revictimización. Una mujer puede verse obligada a explicar repetidamente lo ocurrido ante policía, profesionales sanitarios, abogados, equipos psicosociales, juzgados y otros servicios.
Cada relato puede significar volver a atravesar situaciones traumáticas. La coordinación entre instituciones no debería ser simplemente una cuestión administrativa.
También es una forma de evitar sufrimiento innecesario. La justicia debe obtener la información necesaria para investigar y garantizar los derechos de todas las partes, pero debe hacerlo evitando procedimientos que conviertan a la víctima en alguien permanentemente sometido a examen.
Una orden de protección no puede ser solo un papel
En 2025 se solicitaron 47.944 órdenes de protección y los órganos judiciales acordaron 32.840, aproximadamente el 68,4 %.
Pero incluso cuando se concede una medida judicial, el trabajo no termina.
Una orden de alejamiento necesita mecanismos para garantizar su cumplimiento.
Una prohibición de comunicación necesita vigilancia cuando existe riesgo.
Una mujer que abandona su vivienda necesita alternativas habitacionales.
Una madre que intenta proteger a sus hijos necesita respuestas coordinadas.
Y una mujer económicamente dependiente necesita posibilidades reales para construir una vida independiente.
La protección jurídica es imprescindible.
Pero la protección también necesita vivienda, empleo, atención psicológica, servicios sociales, seguridad y acompañamiento.
La violencia económica también condiciona la denuncia
Preguntar «¿por qué no se marcha?» resulta muy sencillo cuando quien formula la pregunta tiene una casa, ingresos y una red familiar.
Para muchas mujeres, abandonar al agresor significa preguntarse dónde dormirán al día siguiente. La violencia económica es una poderosa herramienta de control.
Impedir trabajar.
Controlar las cuentas.
Fiscalizar cada gasto.
Generar deudas.
Ocultar ingresos.
Dejar a la mujer sin recursos propios.
Todo ello puede dificultar enormemente la ruptura.
Por eso las políticas contra la violencia machista no pueden limitarse al ámbito penal.
La independencia económica también es protección.
Las hijas y los hijos también son víctimas
En cualquier estrategia de protección debemos mirar igualmente a las niñas y niños. No son espectadores de la violencia.
Vivir en un hogar donde existe miedo, amenazas, control o agresiones significa vivir directamente sus consecuencias. Y en los casos más extremos, los menores pueden ser utilizados como instrumentos para continuar dañando y controlando a la madre.
La violencia vicaria demuestra hasta dónde puede llegar esa lógica de dominación. Su seguridad debe situarse por encima de cualquier automatismo relacionado con visitas, custodias o mantenimiento del vínculo con el agresor.
El entorno también tiene responsabilidad
Los datos de 2025 muestran que menos del 2 % de las denuncias procedieron del entorno familiar. Esto no significa necesariamente que familiares, amistades o compañeros de trabajo desconozcan siempre lo que ocurre. Muchas veces existen señales.
Cambios repentinos de comportamiento.
Aislamiento.
Control constante mediante llamadas o mensajes.
Miedo.
Ausencias laborales.
Justificaciones permanentes sobre la conducta de la pareja.
Comentarios humillantes.
Lesiones explicadas de manera poco convincente.
No se trata de convertir a la sociedad en investigadores. Se trata de dejar de mirar hacia otro lado.
Acompañar no significa decidir por ella. Significa escuchar, creer, informar y ayudar sin juzgar. «¿Cómo puedo ayudarte?» suele ser bastante más útil que «¿por qué sigues con él?».
Más de 500 denuncias diarias deberían provocar algo más que titulares
Cuando una cifra se repite constantemente existe el peligro de acostumbrarnos. 500 denuncias. Luego otras 500. Y otras 500. Hasta convertir una realidad extraordinariamente grave en una estadística cotidiana.
No podemos permitirlo.
Cada denuncia representa una situación suficientemente grave como para que una mujer haya considerado necesario activar el sistema judicial o policial. Y detrás de las denuncias existen además mujeres que todavía no han podido hacerlo.
La respuesta no puede limitarse a celebrar que denuncian más. Debemos preguntarnos si protegemos mejor.
Desde Somos Más lo tenemos claro
Necesitamos profesionales especializados.
Necesitamos juzgados con medios suficientes.
Necesitamos asistencia jurídica accesible desde el primer momento.
Necesitamos protección policial cuando exista riesgo.
Necesitamos atención psicológica.
Necesitamos vivienda.
Necesitamos independencia económica.
Necesitamos protección específica para niñas y niños.
Necesitamos coordinación entre policía, justicia, sanidad, educación y servicios sociales.
Y necesitamos escuchar a las mujeres que han atravesado el sistema para saber dónde está fallando.
Porque ningún protocolo debería considerarse perfecto si quienes necesitan utilizarlo siguen sintiéndose desprotegidas.
Denunciar no puede convertirse en un acto de heroísmo
Una sociedad que quiere combatir realmente la violencia machista no debería exigir a las mujeres que sean extraordinariamente valientes para obtener protección.
La responsabilidad de terminar con la violencia no corresponde a quien la sufre.
Corresponde, en primer lugar, a quien decide ejercerla.
Y corresponde a los poderes públicos garantizar que cuando una mujer pide ayuda encuentre una respuesta rápida, especializada, coordinada y efectiva.
Más de 500 denuncias cada día deberían ser suficientes para comprender que no estamos ante problemas privados.
Estamos ante un problema colectivo.
Por eso nuestra pregunta no debería ser únicamente:
«¿Por qué no denunció antes?»
Deberíamos empezar a preguntarnos:
«¿Qué hicimos nosotros para que pudiera pedir ayuda antes y qué vamos a hacer ahora para protegerla?»
Porque denunciar puede abrir una puerta.
Nuestra obligación como sociedad es asegurarnos de que al otro lado haya protección.
Deja tu comentario